INTRODUCCIÓN
La toma de decisiones es una de las tareas más difíciles en protección infantil. Decisiones, por ejemplo, sobre reunificación familiar, o sobre sacar de su hogar a un/a niño/a presuntamente maltratado e ingresarlo a una institución, aunque sean bien intencionadas, pueden salir mal ( Biesel y Cottier, 2020) e impactar negativamente en el bienestar de niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA), y también en sus familias, los profesionales y las instituciones involucradas ( Benbenishty et al., 2015; López et al., 2015).
En protección infantil, la información disponible puede ser incompleta, ambigua y contradictoria ( Munro, 1999). A lo anterior se suma, en ocasiones, la emergencia y la ausencia de protocolos, lo que lleva a tomar decisiones intuitivas ( Munro, 1999, 2005) con alta variabilidad ( Bartelink et al., 2014). Esto se traduce en errores ( Bartelink et al., 2015; López et al., 2015; Mosteiro et al., 2019), que pueden producirse tanto por sobrestimar como por subestimar el riesgo que enfrenta un niño/a ( Biesel & Cottier, 2020).
Ante la sospecha de maltrato infantil, la toma de decisiones implica realizar juicios sobre la presencia de maltrato o el riesgo de ser víctima de él, y si este existe, determinar de qué tipo se trata ( Benbenishty et al., 2015). Tras evaluar si el maltrato ocurre, se debe decidir sobre las intervenciones para detenerlo, teniendo en cuenta que disminuir sus consecuencias es difícil, ya que por la dinámica familiar los problemas cambian rápidamente, mientras que los procedimientos de evaluación pueden ser extensos y, por tanto, más lentos ( Bartelink et al., 2015).
En Chile, el maltrato es un fenómeno frecuente tanto dentro de las familias como en las instituciones responsables de la protección de los NNA. De acuerdo con los datos entregados por la última encuesta longitudinal de primera infancia publicada en nuestro país, un 62% de niños/as chilenos en todos los estratos sociales es víctima de algún tipo de violencia ( Ministerio de Desarrollo Social, 2017).
Más recientemente, la 2.ª Encuesta Nacional de Polivictimización ( Ministerio del Interior, 2023) da cuenta de un aumento de victimizaciones de niños/as y adolescentes por parte de sus padres o cuidadores al comparar con los datos obtenidos en el año 2017. Por otro lado, se ha reportado que un 42,8% de NNA ingresados al sistema de protección infantil en Chile está sobre institucionalizado (más de dos años), y un 88,3% de los residentes ha registrado vulneraciones graves contra sus derechos. En línea con estos antecedentes, del total de NNA atendidos en programas de cuidado alternativo familiar y residencial, un alto porcentaje (sobre 60%) ingresa por causa de negligencia, maltrato (físico, psicológico o sexual) y violencia intrafamiliar ( Sename, 2020, 2021, 2022).
En Latinoamérica, históricamente niños y niñas en situación de abandono o que presentaban discapacidades eran acogidos, principalmente, por instituciones religiosas, cuidado que se basaba en la premisa de la Iglesia como protectora de los vulnerables ( Lumos, 2021). Así, en Chile, como en otros países con fuerte influencia de la Iglesia católica ( López et al., 2014), ha existido una marcada tradición de institucionalización. Con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) ( United Nations General Assembly, 1989), Chile se comprometió a reducir el número de niños/as institucionalizados, con lo que se ha producido una progresiva pero lenta disminución de la institucionalización y un mayor ingreso de niños/as a alternativas de cuidados en entorno familiar. En 2015, un 32 % de los niños/as ingresados al sistema de protección fue derivado a familias de acogida, en 2019 fue un 56% ( Sename, 2016, 2020). Sin embargo, la institucionalización es todavía una práctica común de cuidado para NNA en situación de vulneración ( Jiménez-Etcheverría y Palacios, 2020).
Algunas de las complejidades de la tarea de decidir en protección infantil han sido abordadas por el Modelo Ecológico de Toma de Decisiones o DME, por su siglas en inglés ( Baumann et al., 2011). Este modelo, con una aproximación sistémica al estudio de las decisiones, propone que estas tienen lugar dentro de una serie de contextos o ecologías interconectadas que incluyen un conjunto de factores del caso, externos, organizacionales y de quien toma la decisión, que se combinan de varias maneras. Entre las características del último factor mencionado se encuentran variables sociodemográficas (por ejemplo, edad o género del tomador de decisión), entrenamiento o formación profesional, experiencia laboral y actitudes hacia el sistema de protección ( Baumann et al., 2011).
Respecto a la influencia de variables relacionadas con los tomadores de decisiones, hay evidencia de que la formación de los profesionales afecta sus juicios. Britner y Mossler (2002) compararon decisiones tomadas por jueces, abogados, y trabajadores sociales y de salud mental sobre un mismo caso de abuso infantil, concluyendo que la disciplina profesional determinaba el resultado de la decisión en mayor medida que las características del caso. Estas diferencias pueden explicarse por el tipo de contacto que tiene el profesional con las familias, y por las diferentes concepciones de maltrato y las valoraciones que se les otorgan a factores personales dependiendo de la formación individual ( Garrido y Grimaldi, 2012). Carvalho et al. (2018) encontraron que los profesionales evalúan un mayor daño al comparar su juicio con el de estudiantes. Además, se ha sugerido que tanto profesionales como estudiantes se pueden agrupar según sus actitudes hacia el sistema de bienestar infantil, y se ha encontrado evidencia de que estas se asocian con sus juicios y decisiones ( Benbenishty et al., 2015; Delgado et al., 2017).
Cabe señalar que la evidencia sobre variables personales en la toma de decisiones no es del todo consistente. Portwood (1998) encontró que los profesionales que ya han trabajado con casos de abuso infantil son menos receptivos a las indicaciones de abuso, y aquellos que no lo han hecho son más propensos a percibir los actos ambiguos como abusivos. Sin embargo, Wells et al. (2004) no identificaron que esta experiencia tuviera influencia. Hay hallazgos que muestran que los profesionales más jóvenes y sin hijos perciben mayor riesgo y es más probable que recomienden la institucionalización ( Brunnberg y Pecnik, 2007). Sin embargo, otros estudios no han detectado asociación entre la evaluación de riesgo y la formación profesional o la edad ( Regehr et al., 2010), y existen investigaciones que muestran que los profesionales más experimentados son menos propensos que los principiantes a implementar recomendaciones que impliquen la remoción de los niños/as de su hogar, lo que puede explicarse por la "sabiduría práctica" que se va adquiriendo con la experiencia ( Davidson-Arad et al., 2003; Devaney et al., 2017).
En Chile, el interés por estudiar el proceso de la toma de decisiones en protección infantil es relativamente reciente. García-Quiroga et al. (2023) examinaron el discurso de jueces de familia centrándose en su visión sobre la participación infantil e identificaron que la falta de protocolos favorece que los jueces construyan sus propios criterios generales y personales para la toma de decisiones. Por su parte, LaBrenz et al. (2022), utilizando un caso de viñeta, encontraron que, en los trabajadores de protección infantil emergen sesgos a distintos niveles en las decisiones, algunos relacionados con los estereotipos y expectativas que se tienen de las familias con las que trabajan, que pueden traducirse en objetivos poco realistas.
En este contexto de investigación internacional y nacional, el presente estudio se propuso como objetivo general determinar si variables personales (género, edad, tener hijos y etapa de formación profesional) y actitudes sobre los sistemas de protección infantil ayudan a explicar los juicios y decisiones que toman profesionales y estudiantes ante un caso de sospecha de maltrato infantil. En específico, nos proponemos: (1) describir la variabilidad en las respuestas de los participantes en términos del juicio sobre evaluación y riesgo de maltrato, y en la decisión de recomendación de intervención; (2) identificar tipos (clústeres) de tomadores de decisiones con base en sus actitudes hacia el sistema de protección infantil; y (3) determinar si existen diferencias en el juicio sobre evaluación y riesgo de maltrato, y en la decisión de recomendación de intervención según variables personales del tomador de decisiones y según el clúster al que pertenece.
MÉTODO
2.1. Diseño
Este estudio tiene una aproximación metodológica cuantitativa y un diseño no experimental, de tipo transversal. Se basó en el Modelo DME ( Baumann et al., 2011), presentando un caso hipotético de sospecha de maltrato infantil. A través de un diseño de viñeta ( Benbenishty et al., 2003), se solicitó a los participantes realizar juicios sobre la presencia de maltrato, el riesgo y la decisión de intervención frente a un único caso.
2.2. Participantes
La muestra estuvo compuesta por 212 participantes; de estos, 77,36% fueron mujeres. Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, se reclutó a 177 estudiantes de Psicología, Derecho y Trabajo Social, y a 35 profesionales que trabajan directa o indirectamente con niños/as en situación de vulnerabilidad en diferentes regiones de Chile.
Los 177 estudiantes pertenecían a tres universidades de Temuco, y provenían mayoritariamente de la región de La Araucanía (n = 40; 22,6%), Metropolitana (n = 25; 14,1%) y del Biobío (n = 13; 7,3%). Un 17,5% (n = 31) se encontraba cursando primer año y el 20,9% (n = 37) el último año. La tabla n° 1 muestra que la mayoría estudiaba Psicología (59,9%) y tenía entre 20 y 25 años (59,4%). El 91% de estudiantes eran solteros/as y un 10,2% tenían hijos. La muestra de profesionales (n = 35) estuvo compuesta por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, quienes trabajaban en su mayoría en la Región Metropolitana (n = 10; 28,6%), de La Araucanía (n = 4; 11,4%) y Biobío (n = 3; 8,3%). La mayoría eran licenciados (88,6%) y un 4% tenía grado de magíster. La distribución de edad muestra que la mayoría de los participantes se ubicaba en los rangos de edad entre 29 y 39 años (51,5%) (tabla n° 1). Un 14,3% estaba casado o en una relación estable y la mayoría no tenía hijos (54,3%). La mayoría (51,4%) tenía siete o más años de experiencia laboral, y casi la totalidad había trabajado con niños/as en situación de riesgo (94,3%).
2.3. Instrumentos
Para este estudio fue adaptada la viñeta diseñada por Benbenishty et al. (2003), basada en expedientes auténticos. Esta se ha utilizado exitosamente en varios estudios (p. ej., Benbenishty et al., 2015; Mosteiro et al., 2018). La viñeta, en su versión en español, fue revisada por cinco expertos chilenos en protección infantil (abogados y psicólogos), que contribuyeron a adaptar la descripción al lenguaje y características del sistema chileno.
La viñeta describe la situación de una niña de seis años en quien su profesora ha detectado moretones y lesiones, por lo que ella presenta requerimiento de medida de protección al tribunal. La viñeta, que termina antes de entregar una decisión sobre la intervención, es parte de una batería de cuestionarios que recogen información sobre variables personales y profesionales, tales como edad, género, experiencia profesional, estado civil, y tener o no hijos, y cuestionarios en que se pide responder sobre: (a) presencia y tipo de maltrato, (b) riesgo de maltrato, y (c) adoptar una medida de separación o de preservación familiar. Además, se presenta un cuestionario sobre actitudes hacia el sistema de protección infantil.
| Profesionales (n = 35) | Estudiantes (n = 177) | |
|---|---|---|
| f % | f % | |
| Genero | ||
| Mujer | 30 (85,7) | 134 (75,7) |
| Hombre | 5 (14,3) | 38 (21,5) |
| No binario | 5 (2,8) | |
| Rango de edad | ||
| 18-19 | 42 (27,7) | |
| 20-22 | 1 (2,9) | 67 (37,9) |
| 23-25 | 1 (2,9) | 38 (21,5) |
| 26-28 | 4 (11,4) | 10 (5,6) |
| 29-35 | 8 (22,9) | 18 (10,2) |
| 35-39 | 10 (28,6) | |
| 40-45 | 6 (17,1) | |
| 46-49 | 2 (5,7) | |
| 50-55 | 1 (2,9) | |
| Tiene Hijos | ||
| Si | 16 (45,7) | 18 (10,2) |
| No | 19 (54,3) | 159 (89,8) |
| Años de experiencia laboral | ||
| 1-3 | 14 (40) | |
| 4-6 | 3 (8,6) | |
| 7-10 | 8 (22,9) | |
| 11 o mas | 10 (28,5) | |
| Años de experiencia con NNA | ||
| Sin experiencia | 2 (5,7) | |
| 1-3 | 17 (48,6) | |
| 4-6 | 3 (8,6) | |
| 7 o mas | 13 (37,1) | |
| Carrera de pre grado en curso | ||
| Psicología | 106 (59,9) | |
| Derecho | 40 (22,6) | |
| Trabajo social | 31 (17,5) | |
| Estado civil | ||
| Casado/o con pareja | 5 (14,3) | 14 (7,9) |
| Soltero/a | 30 (85,7) | 161 (91,1) |
2.3.1. Evaluación del tipo del maltrato
Este cuestionario, de cinco ítems, evalúa sospecha de maltrato en el hogar chequeando la presencia de negligencia emocional y física, y de abuso emocional, físico y sexual. La escala de 5 puntos va de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo ( Benbenishty et al., 2015); un mayor puntaje indica mayor percepción de presencia de maltrato. En este estudio se encontró una consistencia interna de α = .66.
2.3.2. Evaluación de riesgo de maltrato
Este cuestionario evalúa, a través de dos ítems, el nivel de riesgo de daño físico y emocional para la niña si se quedara en casa, donde un mayor puntaje indica mayor percepción de riesgo. La escala va de un rango de 1 = sin riesgo a 5 = riesgo muy alto ( Benbenishty et al., 2015). Se obtuvo una consistencia interna de α = .47.
2.3.3. Decisiones de intervención (nivel de intrusividad)
Se les pidió a los participantes recomendar una intervención ante el caso de la viñeta, presentándoles seis opciones de respuesta en una escala ordinal que va de lo menos intrusivo (no intervenir) a lo más intrusivo (separación familiar). Las opciones son: 1 = abstenerse de inter venir; 2 = intervención indirecta sin sacar al niño/a del hogar; 3 = intervención directa sin sacar al niño/niña del hogar; 4 = ingreso del niño/a un programa ambulatorio de reparación de maltrato; 5 = colocar al niño/a en una familia de acogida; 6 = separación familiar ( Benbenishty et al., 2015).
2.3.4. Escala de actitudes y opiniones sobre protección infantil
Finalmente, se administró el cuestionario de Actitudes sobre Sistemas de Protección ( Davidson-Arad y Benbenishty, 2010), que ha sido utilizado previamente ( Davidson-Arad y Benbenishty, 2016; Delgado et al., 2017) y consta de 50 afirmaciones que cubren seis áreas de contenido con actitudes tanto positivas como negativas hacia el sistema de protección. Cada ítem se responde en una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). Las dimensiones son (la consistencia interna en este estudio se indica para cada dimensión): (1) en desacuerdo con sacar a un niño/a en riesgo de su casa (α de Cronbach = .81; 11 ítems, por ejemplo, "incluso cuando los padres han maltratado físicamente a su hijo/a deberían realizarse todos los esfuerzos posibles para mantenerlo en el hogar familiar"); (2) visión negativa de la capacidad de las familias de acogida para promover el desarrollo y bienestar infantil (α = .72; 7 ítems, por ejemplo, "normalmente, estar con una familia de acogida resulta más perjudicial que beneficioso para el niño/a"); (3) visión negativa de la capacidad de las instituciones para promover el desarrollo y bienestar infantil (α = .80; 6 ítems, por ejemplo "normalmente los niños/as en residencias de protección/instituciones reciben influencias negativas de otros niños/as"); (4) a favor de la reunificación y de una duración breve del cuidado alternativo (α = .70; 7 ítems, por ejemplo "si un niño ha sido separado de su hogar, deberían hacerse serios esfuerzos para reunificarlo con sus padres tan pronto como sea posible"); (5) a favor de la participación de los niños/as en las decisiones (α = .83; 9 ítems, por ejemplo "implicar al niño/a en la toma de decisión sobre su salida del hogar familiar resulta perjudicial para él o ella"); (6) a favor de la participación de los padres en las decisiones (α = .76; 9 ítems, por ejemplo, "implicar a los padres en el proceso de toma de decisiones sobre la separación familiar de su hijo/a da lugar a mejores decisiones").
2.4. Procedimiento
La aprobación ética fue otorgada por el Comité de Ética de Investigación de la Universidad de La Frontera. Los participantes fueron contactados online luego de obtener autorización por parte de los directores de las instituciones donde trabajaban o estudiaban. Se les informó del objetivo del estudio antes de que dieran su consentimiento para responder a los cuestionarios; las respuestas se recolectaron a través de la plataforma QuestionPro, garantizándose la voluntariedad, anonimato y confidencialidad de los datos.
2.5. Análisis estadístico
Estadísticos descriptivos se calcularon para las características demográficas, tales como grupo al que pertenecen los participantes (profesional o estudiante), género, rango de edad, estado civil, tener hijos y años de experiencia, entre otras. Luego se crearon nuevas variables, correspondientes a los promedios de las escalas de maltrato y riesgo de daño emocional y físico. Se reportaron frecuencias y porcentajes, medias y desviaciones estándar para describir la variabilidad en las respuestas sobre las tomas de decisiones. Posteriormente, se realizaron análisis de conglomerado k-medias para identificar, en la muestra total, grupos de acuerdo con las actitudes hacia los sistemas de protección. Finalmente, se realizaron ANOVA factoriales para determinar los efectos principales de las variables personales y actitudinales para los juicios y decisiones, así como los efectos de interacción entre ellas. Como medida del tamaño del efecto de las diferencias se usó la eta al cuadrado parcial (η2p), cuyo criterio de interpretación es .01 = pequeño, .06 = mediano y .14 = grande ( Cohen, 1988). Se entiende por efecto (o diferencia) la discrepancia entre el valor de la población y el valor de la hipótesis nula ( Frost, 2020).
Las categorías de las variables fueron las siguientes: (a) género: hombre, mujer; (b) edad recodificada en tres rangos: 18 a 22 años, 23 a 35 años, 36 a 55 años; (c) tener hijos: sí, no; y (d) etapa de formación profesional: profesional ejerciendo o en formación (estudiante). Se agregó, como última variable, el clúster al que pertenece el participante derivado del análisis de conglomerados: grupos pro y antirremoción. Finalmente, se utilizó como variable de control el estado civil.
El paquete estadístico utilizado para llevar a cabo los análisis de datos de este trabajo ha sido el programa SPSS versión 26.0. El nivel de significación fue de 0.05 para rechazar las hipótesis nulas de los contrastes estadísticos.
RESULTADOS
3.1. Variabilidad en la decisión de recomendación de intervención
Los resultados de la distribución de frecuencias muestran acuerdo en la mayoría de los participantes con respecto a que la niña es víctima de maltrato y negligencia, y la mayoría coincide en que no sufre abuso sexual (tabla n° 2). Con relación al juicio de riesgo, existe acuerdo en que la niña se encuentra en riesgo tanto físico como emocional. No obstante, existe variabilidad en la recomendación de una medida de intervención ante el caso presentado. En la muestra total, un 54,7% opta por mantener a la niña con su familia y el 45,3% considera que es más adecuado plantear una medida de separación familiar.
| Juicios y desiciones | Frecuencia (y porcentajes) despciones de respuestas | Descriptivos itesm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maltrato, negligencia y abuso | TD | D | I | DA | TA | DP | M | DE |
| Maltrato emocional | 4 (1.9) | 0 | 2 (0.9) | 40 (18.9) | 163(76.9) | 3 (1.4) | 4.71 | .675 |
| Maltrato físico | 2 (0.9) | 1 (0.5) | 24 (11.3) | 105 (49.5) | 79 (37.3) | 1 (0.5) | 4.22 | .739 |
| Negligencia emocional | 3 (1.4) | 0 | 3 (1.4) | 31 (14.6) | 174 (82.1) | 1 (0.5) | 4.77 | .616 |
| Negligencia física | 6 (2.8) | 0 | 11 (5.2) | 74 (34.9) | 121 (57.1) | 0 | 4.43 | .838 |
| Abuso sexual | 27 (12.7) | 80 (37.7) | 97 (45.8) | 4 (1.9) | 4 (1.9) | 0 | 2.42 | .808 |
| Riesgo de maltrato | SR | BR | RM | AR | RMA | DP | M | DE |
| Daño físico | 0 | 0 | 6 (2.8) | 118 (55,7) | 88 (41.5) | 0 | 4.39 | .543 |
| Daño emocional | 0 | 0 | 2 (0.9) | 35 (16.5) | 174 (82.1) | 1 (0.5) | 4.82 | .413 |
| Recomendación de intervención | 4.62 | 1.089 | f | % | M | DE | ||
| Abstenerse de intervenir | 1 | 0.5 | ||||||
| Intervención indirecta a través de otros profesionales sin separación | 2 | 0.9 | ||||||
| Intervención directa con la familia sin separación de la niña de su familia | 23 | 10.8 | ||||||
| Trabajar con la familia, e ingresar a la niña a programa ambulatorio de reparación de maltrato | 90 | 42.5 | ||||||
| Trabajar con la familia, y llevar a la niña a una familia de acogida con el consentimiento de los padres | 31 | 14.6 | ||||||
| Trabajar con la familia, y obtener una orden judicial para una medida de separación familiar | 65 | 30.7 | ||||||
Nota: S1 = n = 212; TD = totalmente en desacuerdo; D = en desacuerdo; I = Indeciso; DA = de acuerdo; TA = totalmente de acuerdo; DP = datos perdidos; M = media; DE = desviación estándar; SR = sin riesgo; BR = bajo riesgo; RM = riesgo moderado; AR = alto riesgo; RMA = riesgo muy alto; para la variable "recomendación de intervención" se muestran las opciones de respuesta al ser una medida de ítem único.
| dimesion de cuestionario de actudes | Clúster antirremoción (n = 93) | Clúster prorremoción (n = 119) | Comparación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | DE | Media | DE | F | p | |
| En desacuerdo con sacar a un niño/a en riesgo de su casa. | 3.07 | .375 | 2.33 | .393 | 192.941 | .001 |
| Visión negativa de la capacidad de las familias de acogida para promover el desarrollo y bienestar infantil. | 2.87 | .532 | 2.72 | .415 | 5.041 | .026 |
| Visión negativa de la capacidad de las instituciones para promover el desarrollo y bienestar infantil. | 3.58 | .621 | 3.01 | .489 | 54.79 | .001 |
| A favor de la reunificación y de una duración breve del cuidado alternativo. | 3.04 | .463 | 2.36 | .419 | 126.962 | .001 |
| A favor de la participación de los niños/as en las decisiones. | 3.74 | .452 | 3.33 | .611 | 29.024 | .001 |
| A favor de la participación de los padres en las decisiones. | 3.01 | .451 | 2.53 | .436 | 56.685 | .001 |
Nota: La escala de respuesta oscila entre 1 y 5
3.2. Tipos de tomadores de decisiones con base en sus actitudes
Para identificar tipos de tomadores de decisiones se realizó en la muestra total un análisis de conglomerados de las puntuaciones en las medidas de actitudes (tabla n° 3). A partir del análisis se eligió una solución de dos clústeres, como el enfoque más parsimonioso y efectivo, en la muestra total. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para evaluar si había diferencia entre las medias de los dos clústeres identificados para cada dimensión del cuestionario de actitudes, obteniendo diferencias significativas en las distintas medidas, lo que indica que, en efecto, se trata de dos grupos distintos.
La tabla n° 3 muestra que quienes pertenecen al primer grupo (clúster antirremoción), en comparación con los del segundo grupo (clúster prorremoción), tienden a oponerse a sacar al niño/a de hogares abusivos o negligentes, apoyan hacer todos los esfuerzos posibles para reunificar al niño/a con su familia, se inclinan menos por largas permanencias en lugares de acogimiento fuera del hogar, y valoran más negativamente la calidad del acogimiento residencial y familiar. Además, este grupo se mostró favorable a involucrar a los niños/as y sus familias en las decisiones. En el grupo prorremoción, los profesionales y estudiantes tendieron a la remoción y a presentar actitudes más favorables hacia las opciones de cuidado fuera del hogar. Los participantes que se ajustan al primer patrón constituyen el 44% (n = 93) de la muestra total y los del segundo patrón constituyen el 56% (n = 119).
| Juicio frente a un caso de maltrato | SC | gl | Media Cuadrática | F | p | η2parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación de maltrato | ||||||
| Clúster | .171 | 1 | .171 | .866 | .353 | .005 |
| Genero | 2.355 | 1 | 2.355 | 11.930 | .001 | .069 |
| Edad | .161 | 2 | .080 | .407 | .666 | .005 |
| Tener hijos | .860 | 1 | .860 | 4.359 | .038 | .027 |
| Etapa de formación profesional | 2.292 | 1 | 2.292 | 11.612 | .001 | .068 |
| Género*hijos | 2.242 | 1 | 2.242 | 11.358 | .001 | .066 |
| Género*etapa de formación profesional | 2.048 | 1 | 2.048 | 10.376 | .002 | .061 |
| Hijos*etapa de formación profesional | .857 | 1 | .857 | 4.344 | .039 | .026 |
Nota: SC = suma de cuadrados; gl = grados de libertad; n = 207; se muestran todos los efectos principales; se muestran solo los efectos de interacción significativos; en negritas los valores p de contrastes significativos
| Juicio frente a un caso de maltrato | SC | gl | Media Cuadrática | F | p | η2parcial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación de riesgo | |||||||
| Clúster | .136 | 1 | .136 | 1.022 | .313 | .006 | |
| Genero | .003 | 1 | .003 | .025 | .874 | .000 | |
| Edad | .076 | 2 | .038 | .286 | .544 | .002 | |
| Tener hijos | .197 | 1 | .197 | 1.477 | .226 | .009 | |
| Tener de formación profesional | .010 | 1 | .010 | .076 | .783 | .000 | |
| Clúster*etapa de formación profesional | .659 | 1 | .659 | 4.953 | .027 | .030 | |
| Etapa de formación profesional*edad | .545 | 1 | .545 | 4.096 | .045 | .025 | |
Nota: SC = suma de cuadrados; gl = grados de libertad; n = 207; se muestran todos los efectos principales; se muestran solo los efectos de interacción significativos; en negritas los valores p de contrastes significativos.
3.3. Diferencias en los juicios y decisiones según variables personales y clúster
Se realizó ANOVA Factorial para determinar los efectos principales de las variables personales del tomador de decisiones (género, edad, tener hijos y etapa de formación profesional) y de pertenecer al clúster antirremoción o prorremoción, en los juicios y decisiones que se toman frente a un caso hipotético de maltrato, así como los efectos de las interacciones dobles y triples entre ellas.
3.4. Juicio sobre presencia de maltrato, negligencia y abuso sexual
Para evaluación de maltrato, realizamos un ANOVA factorial para el promedio en la evaluación de los cinco tipos de maltrato como variable dependiente. El análisis mostró que las variables género, tener hijos y la etapa de formación profesional tuvieron un efecto significativo y de tamaño grande en el juicio de presencia de maltrato; ser hombre, F(1, 160) = 11.93, p = .001, η2p = .069; tener hijos, F(1, 160) = 4.35, p = .038, η2p = .027; y pertenecer al grupo de profesionales, F(1, 160) = 11.61, p = .001, η2p= .068, se asocian con una percepción menor de maltrato, negligencia y abuso sexual. Además, se encontraron tres efectos de interacción dobles significativos de tamaño mediano los dos primeros y grande el tercero. El efecto **género*hijos , F(1, 160) = 11.35, p = .001, η2p = .068, muestra que la percepción de maltrato es mayor cuando el tomador de decisión es mujer y no tiene hijos. Segundo, la interacción género*etapa de formación profesional , F(1, 160) = 10.37, p = .002, η2p = .061, indica que en los profesionales hay diferencia entre ser hombre o mujer, encontrando que la mujer profesional presenta una percepción de maltrato mayor y, cuando son estudiantes, hombres y mujeres perciben alto maltrato. Por último, el efecto hijos*etapa de formación profesional**, F(1, 160) = 4,34, p = .039, η2p = .026, muestra que, cuando no tienen hijos, los estudiantes perciben más maltrato que los profesionales sin hijos. Cuando tienen hijos, los estudiantes y los profesionales evalúan maltrato de forma similar. La tabla n° 4 resume la información de los análisis del juicio de presencia de maltrato.
3.5. Juicio sobre riesgo de daño físico y emocional
No se encontraron efectos significativos principales de clúster y tampoco de las características personales para el juicio de riesgo de maltrato (tabla n° 5). Dos efectos de interacción dobles resultaron significativos y fueron de tamaño grande. La interacción **clúster*etapa de formación profesional , F(1, 160) = 4,95, p = .027, η2p = .030, muestra que la percepción de riesgo es mayor cuando el tomador de decisión pertenece al grupo prorremoción y es profesional, mientras que los estudiantes antirremoción son los que evalúan menor riesgo. La interacción etapa de formación profesional*edad**, F(1, 160) = 4,09, p = .045, η2p = .025, indica que el grupo de estudiantes de mayor edad perciben mayor riesgo.
| Decisión frente a un caso de maltrato | SC | gl | Media Cuadrática | F | p | η2parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendación de intervención | ||||||
| Clúster | 1.065 | 1 | 1.065 | 1.217 | .271 | .007 |
| Genero | .000 | 1 | .000 | .000 | .998 | .000 |
| Edad | .430 | 2 | .215 | .246 | .462 | .003 |
| Tener hijos | 4.383 | 1 | 4.383 | 5.009 | .026 | .028 |
| Etapa de formación profesional | .475 | 1 | .475 | .542 | .383 | .004 |
| Género*etapa de formación profesional | 4.290 | 1 | 4.290 | 4.903 | .028 | .027 |
| Género*edad | 14.863 | 1 | 7.432 | 8.493 | .000 | .088 |
| Clúster género edad | 7.597 | 1 | 3.799 | 4.341 | .014 | .047 |
| Clúster hijos edad | 4.576 | 1 | 4.576 | 5.230 | .023 | .029 |
Nota: SC = suma de cuadrados; gl = grados de libertad; n = 207; se muestran todos los efectos principales; se muestran solo los efectos de interacción significativos; en negritas los valores p de contrastes significativos.
3.6. Recomendación de intervención (intrusividad)
Finalmente, para la decisión sobre intervención (recomendar sacar o no sacar a la niña del hogar) se encontró un efecto principal significativo y de tamaño grande para la variable tener hijos, F(1, 175) = 5,009, p = .026, η2p = .028. No tener hijos se asocia con una mayor tendencia a recomendar separar a la niña de su hogar.
Se identificaron dos efectos de interacción dobles y dos triples. Primero, se detectó un efecto de interacción **género*edad , F(2, 175) = 8,49, p = .000, η2p = .088, que muestra que la recomendación de intervención es más intrusiva (separación) cuando el tomador de decisión es hombre que se encuentra en el rango de edad más joven (18 a 22 años). Esta diferencia es de magnitud mediana. Segundo, el efecto entre género*etapa de formación profesional**, F(1, 175) = 4.90, p = .028, η2p = .027, indica que, cuando el tomador de decisión es profesional, independientemente de si es hombre o mujer, tenderá a recomendar menor remoción que los estudiantes. Esta diferencia es de magnitud grande. La recomendación de intervención es más intrusiva (separación) cuando el tomador de decisión pertenece al grupo de estudiantes, ya sea hombre o mujer.
Además, se encontraron dos efectos de interacción triple, ambos de magnitud grande: **clúster género edad y clúster hijos edad**, F(2, 175) = 4.341 p = .014, η2p = .047 y F(1, 175) = 5.230, p = .023, η2p = .029, respectivamente. El primer efecto indica que son los hombres más jóvenes los que más recomiendan la separación, tanto en el grupo anti como prorremoción; en el tramo de edad intermedio son las mujeres prorremoción las que recomiendan una medida más intrusiva, es decir, son más propensas a sugerir la remoción. Las mujeres en el tramo de mayor edad en los grupos anti y prorremoción sugieren una medida intrusiva.
El segundo efecto triple muestra que el tramo más joven, sin hijos y prorremoción es el más proclive a recomendar la separación. En el tramo de edad intermedia, los que no tienen hijos y son prorremoción son más proclives a la separación, en contraste con los que sí tienen hijos y son prorremoción, que son menos proclives. En el grupo de mayor edad, los que no tienen hijos, independientemente de su clúster, tienden a recomendar la separación. Los que menos recomiendan la separación son los mayores de 29 años que tienen hijos y pertenecen al clúster antirremoción. La tabla n° 6 resume la información de los análisis de la recomendación de intervención. Los efectos de las interacciones triple se muestran en las figuras n° 1 y 2.
Discusión
En Chile, país con fuerte tradición de institucionalización, disponer de un sistema de protección infantil que transite hacia el acogimiento familiar es un importante desafío. Poco se sabe, sin embargo, sobre los juicios y decisiones en este ámbito. El presente estudio proporciona evidencia empírica sobre la toma de decisiones frente a un caso hipotético de maltrato.
Los resultados mostraron que, ante el mismo caso presentado, entre los participantes hay acuerdo en los juicios acerca de la presencia de maltrato y de riesgo, pero existe variabilidad con respecto a la recomendación de intervención. Aproximadamente, una mitad de los participantes (54,7%) sugirió mantener a la niña con su familia, y la otra sugirió la separación, patrón de respuesta muy similar al identificado entre profesionales españoles en una investigación comparativa que arrojó que el 53% de los profesionales españoles optó por la preservación familiar, frente al 47%, que prefirió la separación ( Benbenishty et al., 2015). Este resultado es esperable, pues, aunque se llegue a un juicio similar al evaluar el maltrato y se perciba el mismo nivel de riesgo, es posible recomendar diferentes intervenciones porque la decisión final también responde a criterios de utilidad y beneficio previstos como resultado de tal intervención ( Mosteiro et al., 2018).
La variabilidad ante un mismo caso no solo se ha observado previamente ( Mosteiro et al., 2019; Mosteiro y Sobremonte, 2022), sino que se entiende como inherente a la tarea de decidir, ya que, cuando los profesionales formulan sus juicios y deciden un curso de acción, se ven influenciados por múltiples factores; sus valores y actitudes no son iguales y, por lo tanto, tampoco lo serán sus decisiones ( Mosteiro et al., 2018). Sin embargo, como señala Keddell (2014), a pesar de la complejidad ecológica que impulsa la variabilidad de las decisiones, propender a la consistencia de estas debe ser una meta en protección infantil.
Para entender mejor la variabilidad, analizamos si es posible agrupar a los tomadores de decisiones de acuerdo con sus actitudes sobre protección infantil, y concluimos que el total de participantes (profesionales y estudiantes) se puede dividir en dos grupos, uno antirremoción y otro prorremoción, similares a los encontrados en anteriores estudios (AradDavidzon et al., 2008; Delgado et al., 2017). Quienes pertenecen al grupo antirremoción se muestran más a favor de la reunificación, de una duración breve del cuidado alternativo, y de la participación de niños y padres en las decisiones, y poseen una visión más negativa del cuidado tanto residencial como de familias de acogida. Además, en la dimensión en desacuerdo con sacar a un niño en riesgo de su casa, el grupo antirremoción obtuvo una media de más de 3 puntos, y el prorremoción de menos de 3, con una diferencia estadísticamente significativa, lo que muestra que este último está más a favor de la remoción. Como era de esperar, el grupo prorremoción está también menos de acuerdo con la reunificación.
Para la dimensión sobre participación de niños y niñas en las decisiones, en línea con lo encontrado por Delgado et al. (2017), en este estudio, aunque hubo diferencias significativas entre los grupos, tanto el grupo antirremoción como el prorremoción obtuvieron una media sobre 3 puntos, lo que da cuenta de la valoración positiva que todos los participantes le otorgaron, acorde con el reconocimiento de la participación como derecho promulgado por la CDN.
Respecto a las variables asociadas a las decisiones, los resultados muestran diferencias significativas en función de algunas características de quien toma la decisión. Los hombres tienden a percibir menos maltrato que las mujeres, lo que es coincidente con lo identificado por Carvalho et al. (2018), donde las mujeres percibieron maltrato y abuso de forma más severa que los hombres. Sin embargo, este resultado debe ser considerado con cautela, teniendo en cuenta que la mayoría de quienes participaron en el estudio son mujeres y esto puede haber impactado en los resultados. También los profesionales y quienes tienen hijos percibieron menos maltrato al compararlos con estudiantes sin hijos, resultado que difiere de lo reportado por Carvalho et al. (2018). Que el grupo de profesionales perciba menos daño que los estudiantes en el caso presentado es un resultado que no es fácil de comprender, pues también ser profesional y pertenecer al grupo prorremoción se asoció a una evaluación de mayor riesgo de sufrir abuso, y cuando se decide sobre el tipo de intervención, los profesionales, tanto hombres como mujeres, recomendaron la remoción de la niña de su casa en menor medida que los estudiantes.
Se pueden ofrecer diversas explicaciones de la percepción de menor maltrato en los profesionales. Puede ser que la experiencia de trabajo acumulada los impulse a requerir más antecedentes para establecer un juicio sobre la gravedad y presencia de maltrato en un caso, aun cuando puedan evaluar alto riesgo. Puede estar también asociado a la situación actual en protección infantil en Chile, donde la desinstitucionalización se ha promovido fuertemente en el último período y han salido a la luz pública ( Policía de Investigaciones de Chile, 2018) casos de graves vulneraciones al interior del sistema proteccional, lo cual puede traducirse en un juicio más moderado de daño por parte de los profesionales ante un caso de sospecha de maltrato, y en cierta cautela frente a la remoción de NNA de sus hogares. Además, se podría explicar desde el alto grado desgaste laboral que pueden presentar los profesionales en este ámbito; sobre este aspecto, algunos estudios nacionales han evidenciado que en Chile los profesionales de atención especializada en materias de infancia presentan desgaste laboral y diversos riesgos asociados al trabajo con NNA, siendo el desgaste emocional el riesgo más frecuente ( Arredondo et al., 2020; Bilbao et al., 2018). Así, como plantea Munro (2005), el cansancio lleva a las personas a distanciarse emocional y cognitivamente de su trabajo, lo cual puede traducirse en normalización o despersonalización, que podrían a su vez llevar a percibir un menor maltrato en el caso.
Además, tener hijos se asoció con una menor tendencia a recomendar separar a la niña de su hogar, hallazgo que va en línea con Mosteiro et al. (2019), quienes identificaron que quienes tienen hijos se inclinan en mayor medida por plantear una medida de preservación familiar. Este resultado puede dar cuenta de la importancia que otorgan aquellos que tienen hijos a mantener los vínculos familiares.
Finalmente, cuando los participantes ejercen sus juicios y deciden un curso de acción, consideran sus actitudes frente al sistema de protección, pero no de manera aislada. Las actitudes agrupadas en los clústeres prorremoción o antirremoción, al combinarse con otras variables, como el género, la presencia de hijos y la edad, inciden en el tipo de decisión. Por ejemplo, el no tener hijos al interactuar con pertenecer al grupo prorremoción hace que se tienda a sugerir más la separación, principalmente en el grupo de edad entre 29 y 55 años. Así, la variable de actitudes, opiniones y creencias sobre el sistema de protección infantil modera otras relaciones entre las variables personales, lo cual complejiza la toma de decisión final.
Uno de los aportes e implicancias de este trabajo es que analiza la toma de decisiones en el sistema de protección infantil chileno, y reconoce la influencia de las características personales del tomador de decisiones y de sus actitudes en las intervenciones sugeridas. Se espera que esto se incorpore en la reflexión tanto de quienes se encuentran ejerciendo como de aquellos que se encuentran en formación, a través de la revisión y el análisis de casos grupales que les permitan reconocer la variabilidad en sus juicios y decisiones, y las variables que puedan estar influyendo en esas diferencias, de manera de velar por el interés superior de los NNA vulnerados en sus derechos. Además, estos hallazgos aportan a visibilizar y comprender la variabilidad de las decisiones, e impulsan a tomar acción para disminuir estas disparidades cuando se emiten juicios sobre un mismo caso con la misma información. La importancia de lo colectivo en este ámbito, referido a las interacciones y el intercambio reflexivo entre colegas en el proceso de toma de decisiones, ha sido relevado previamente ( Chateauneuf et al., 2020). Hay algunas prácticas que se pueden incorporar en Chile, como, por ejemplo, equipos que garanticen la presencia de profesionales de distinto género, diferentes edades y con creencias diversas sobre el sistema proteccional infantil, buscando así mayor consistencia en las decisiones y disminuir el riesgo de la revictimización de niños y niñas que han experimentado vulneraciones graves a sus derechos.
Como limitaciones, el uso de la viñeta no refleja todas las condiciones reales del ejercicio profesional. Sin embargo, este método se considera uno de los más apropiados para analizar los umbrales de juicio para la toma de decisiones en protección infantil ( Mosteiro et al., 2018). En segundo lugar, el uso de instrumentos de autorreporte puede ser susceptible de recoger sesgos de respuesta como la deseabilidad social, la que se da cuando los participantes responden lo que creen que el investigador quiere escuchar o lo que consideran socialmente aceptable para presentar una mejor imagen de sí mismos. Además, el desbalance en la muestra, mayoritariamente compuesta por mujeres, podría hacer los resultados más aplicables a ellas; no obstante, esta desproporción podría ser representativa del género en los profesionales del sistema de protección infantil en Chile (87,9% mujeres) (INDH, 2018). A pesar de estas limitaciones, consideramos que este trabajo aporta información de interés para comprender mejor el proceso de toma de decisiones en protección infantil en Chile.
Para futuros estudios se recomienda incorporar otros actores implicados en la toma de decisiones, como jueces, y variables derivadas de otros factores, por ejemplo, organizacionales, de manera de incluir características del contexto para hacerlo consistente con el Modelo Ecológico de Toma de Decisiones. Además, sería necesario explorar cualitativamente las justificaciones que otorgan los profesionales para las recomendaciones de intervención.
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS
Los autores no han referido ningún potencial conflicto de interés en relación con el contenido de este artículo.
DECLARACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DATOS
Los datos presentados en este estudio están disponibles previa solicitud al autor correspondiente.
FINANCIAMIENTO
La presente investigación fue realizada en el marco del Proyecto DIM20-0020 financiado por la Universidad de La Frontera, Temuco, y del proyecto FONDECYT 11220407 (2022-2025), financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica/Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (CONICYT/ANID).CONICYT/ANID no tuvo involucramiento directo en la redacción de este reporte.