INTRODUCCIÓN
Los abusos en entornos eclesiásticos tienen larga data en el mundo y Chile no ha sido una excepción. El primer escándalo por abuso sexual contra menores, involucrando a la Iglesia católica y denunciado públicamente, fue registrado por la prensa en 1905 (Claret, 2020a). En las dos últimas décadas hemos asistido a numerosos escándalos a nivel internacional, entre muchos otros, el bullido caso de Boston, revelado por el periódico Boston Globe en 2002 y llevado al cine en 2015 con el filmSpotlight. Tras estos escándalos, en varios países anglófonos y europeos se han establecido comisiones de investigación, basadas en el modelo de la justicia transicional con el objeto de establecer una verdad pública respecto de este tipo de abuso y recomendar medidas de reparación para las víctimas, por parte del Estado o de la Iglesia (Schickendantz, 2019).
En América Latina se han producido varios escándalos de este tipo, entre ellos el del caso de Marcel Maciel de los Legionarios de Cristo en México en 1997 (González, 2020), sin embargo, hasta la fecha no se han establecido comisiones de investigación ni medidas sistemáticas de reparación y, hasta donde se ha documentado, solo en Argentina y Chile los y las sobrevivientes se han organizado para emprender acciones colectivas (CRIN, 2019) 1.
Constatamos entonces que, si bien varios casos de abuso causan escándalo, como el caso de Maciel, solo algunos escándalos han dado lugar a la implementación de dispositivos de investigaciones judiciales o extrajudiciales. En este artículo planteamos que aun cuando ciertos escándalos no hayan conducido a cambios institucionales, como comisiones de verdad, en algunas sociedades se puede observar un cambio sociocultural (Alexander, 2018) respecto del abuso eclesiástico plasmado en lo que llamaremos umbrales de lo tolerable.
Planteamos que en Chile se ha producido este tipo de cambio. Entre otros componentes este proceso ha consistido en la publicización del abuso eclesiástico, es decir, la emergencia y constitución de públicos (personas, grupos, organizaciones e instituciones) concernidos por el abuso en tanto problema en el que se puede y debe actuar y no solo como un dato inalterable de la realidad (Dewey, 2012; Cefaï yTerzi; 2012; Guerrero et al., 2018). Denunciar públicamente el abuso y constituir públicos en torno él constituye un cambio significativo en sociedades donde la jerarquía eclesiástica ha establecido estrechas relaciones con la élite económica y política de un país, como es el caso de Chile (Thumala, 2010). Además, el caso chileno es central debido a que es uno de los pocos en América Latina, junto con Argentina, en que el abuso eclesiástico se ha transformado en un asunto público (CRIN, 2019).Con el fin de comprender el proceso de publicización, en este artículo analizamos, desde la perspectiva de los problemas públicos y de la teoría de la denuncia (Boltanski, 1990; Boltanski et Thévenot, 1991; Boltanski et al., 2007; Guerrero et al., 2018; Cefai yTerzi 2012; Gusfield, 1981), dos escándalos que consideramos casos de estudio centrales, ya que constituyen puntos de inflexión 2 (turning points) (Abbott, 2001) en la narrativa pública del abuso en Chile. Se trata del escándalo que involucró al sacerdote diocesano Fernando Karadima en 2010-2011 y el escándalo de la Congregación de los Hermanos Maristas, en 2017-2018.
En la primera parte presentamos una breve revisión de la literatura que nos permite situar nuestra perspectiva teórico-metodológica y los principales conceptos que orientan el análisis. La segunda parte consiste en una descripción analítica de los casos Karadima y Maristas, basada en entrevistas con actores de estos casos y concernidos por los casos (víctimas/sobrevivientes y actores no víctimas) así como en la prensa y la televisión. Este análisis nos permite concluir con la identificación de tres configuraciones narrativas del abuso en Chile: el abuso como problema diádico entre víctima/victimario, el abuso como proceso de víctimas/sobrevivientes y el abuso como problema ciudadano.
ABUSO SEXUAL INFANTIL (ASÍ) Y ABUSO ECLESIÁSTICO
Los estudios pertinentes a abuso sexual infantil (ASI) y la categoría misma nacen en la década de los 60 cuando en Estados Unidos un grupo de radiólogos pediátricos define el maltrato infantil como abuso infantil. Esta etiqueta (label en inglés) adquiere un reconocimiento público en ese país, donde se califica a los abusadores como sujetos desviados (Pfohl, 1977). Con dos prominentes revistas como son Child Abuse & Neglect y Journal of Child Sexual Abuse, los Child sexual abuse studies se constituyeron en un subcampo de estudios centrado principalmente en aspectos terapéuticos, criminológicos y en investigaciones aplicadas para proponer políticas públicas contra el ASI (Böhm et al., 2014; Frawley-O'Dea y Goldner, 2007; Terry, 2012, 2015; Keenan, 2012). A la fecha, existen pocas investigaciones desde la sociología y son escasos los estudios que tratan específicamente del abuso eclesiástico (Ballano 2019; Benchimol 2019; Conway 2014). Respecto de la problemática general del cambio sociocultural en relación con el abuso se han desarrollado trabajos acerca de los movimientos sociales contra el abuso sexual infantil en Estados Unidos (Whittier, 2009), con la acción e identidad colectiva de laicos católicos organizados contra el abuso tras el escándalo de Boston en 2002 (Bruce 2011; Ewick y Steinberg 2019) y en el proceso de transformación del etiquetaje y autoetiquetaje de las personas abusadas en tanto víctimas, sobrevivientes y activistas en una comunidad judía canadiense (Benchimol, 2019).
El trabajo de Whittier (2009) es de particular interés para la problemática de la publicización que nos ocupa, debido a que se distancia de la perspectiva que asimila la resonancia pública del ASI a pánicos morales (Jenkins, 1995), es decir, un comportamiento colectivo de miedo irracional que tiende a desacreditar la existencia del abuso. Desde la perspectiva de los movimientos sociales Whittier estudia, en cambio, los efectos de la acción colectiva, principalmente de activistas contra el ASI, en las políticas públicas y en lo que llama "concepción popular del fenómeno". Dentro de estas acciones colectivas la autora describe las políticas de visibilidad, que considera "estrategias identitarias para salir del clóset (coming out)" de personas que dan testimonio público reivindicándose como sobrevivientes, especialmente a partir de la década de 1990 en Estados Unidos.
En el caso chileno, en especial desde 2010, existen actores de la sociedad civil trabajando en la prevención, el seguimiento psicosocial y la judicialización de este tipo específico de abuso. A partir de 2011 se han publicado investigaciones periodísticas, documentación por parte de los sobrevivientes, ensayos y biografías acerca de este tipo de abuso (Guzmán et al., 2011; Monckeberg, 2011; Del Río y Delpiano, 2011; Murillo, 2012; Cruz, 2014; Lagos, 2017; Contardo, 2018; Del Río et al., 2020; Cruz, Hamilton, Murillo, 2020; RED, 2018-2020; Barrionuevo, 2021). A partir de 2017 se comenzaron a desarrollar investigaciones académicas desde diferentes disciplinas (Claret, 2020a, 2020b, 2020c; Contreras, Maffioletti y Pereda, 2020; Murillo, 2020; Pinto, 2020; Pontificia Universidad Católica de Chile, 2020; Schickendantz, 2019).
Mediante nuestra investigación 3 de este tipo de abusos y la literatura producida en Chile, podemos constatar que, en el curso de la última década, las víctimas o sobrevivientes de abuso eclesiástico se han hecho visibles y ha surgido la categoría para nombrar lo que antes no tenía nombre (Murillo, 2020). Sin embargo, las víctimas de cualquier crimen o abuso pueden entregar testimonio y asumirse como tales, como sucedió en los años posteriores al Holocausto en Europa (Dulong, 1998), sin que ello produzca efecto mayor en las acciones del Estado ni en la concepción popular del fenómeno. Planteamos que para comprender el efecto que las acciones públicas de la víctima/sobreviviente puedan tener a nivel colectivo (rechazo, acogida, resonancia o indiferencia) se requiere una noción de visibilización que incluya la dinámica de formación de "públicos" de dichas acciones. De tal suerte, y ampliando la noción de visibilidad movilizada por Whittier, que solo refiere a hacer visible los abusos, en especial por medio del testimonio de las víctimas, usaremos los conceptos de público(s), problema público y de publicización.
Publicización del abuso eclesiástico
Un público en la concepción de John Dewey (2012) no se limita a una audiencia de medios de comunicación, sino que designa un colectivo de personas concernidas o afectadas directa e indirectamente por una situación definida (por ellos) como problemática y que realizan un esfuerzo colectivo por cambiar la situación, lo que puede incluir denunciarlo, protestar, organizarse colectivamente, emprender acciones judiciales, etc. En esta línea, un problema público se entiende como un proceso en donde las personas se asocian para afrontar un daño por lo que, para explicar su emergencia, pensamos que es más adecuado el término publicización (Cefaï y Terzi, 2012). Ella supone dos cuestiones analíticamente separables.
Por un lado, la visibilización del abuso para poder denunciarlo y hacerlo visible en el espacio público, que es el aspecto subrayado por Whittier (2009). Por otro lado, la publicización también implica la formación de un bien público o valor (Heinich, 2020; Dewey, 1939). Cuando los afectados directos y los que se sienten concernidos por el problema denuncian, se organizan, actúan colectiva o individuamente, al mismo tiempo están defendiendo y constituyendo de manera práctica (en la acción) un bien; "algo" que importa. En el caso del abuso contra menores, si es la dignidad del niño la que se defiende, este bien se constituye de manera práctica. Esto quiere decir que es un bien que nace mediante acciones situadas que emergen y evolucionan sociohistóricamente de forma encarnada en las personas, sus cuerpos y afectos, por acciones colectivas o acciones individuales a título colectivo (Dewey, 2012). En este artículo nos concentramos en el escándalo como forma de publicización y en las formas en que esta varía, constituyendo diferentes configuraciones narrativas del abuso en relación con el desarrollo de cada escándalo.
Escándalos de abuso eclesiástico
Definiremos el escándalo como una indignación moral ante una contradicción que es denunciada públicamente y que es considerada una transgresión a un bien o valor público (Thompson, 2000; Le Blic y Lemieux, 2005). Pero, para que algo escandalice, también se requiere un público que apoye la denuncia. En el caso de los escándalos vinculados con la Iglesia, develar públicamente que los miembros de una institución —cuya misión autoproclamada es la protección de los más débiles— han agredido a niños o adolescentes es una contradicción que puede generar escándalo —en los términos definidos aquí— con consecuencias tales como mermar la credibilidad de la institución y su prestigio. Esto puede suceder si existe denuncia y si se forman públicos que adhieren a ella.
El proceso de denuncia pública, tal como ha sido modelizado por Boltanski (1990), se compone de cuatro plazas: el lugar de la víctima y del denunciante (que pueden ser las mismas personas o grupos), el lugar del ofensor o acusado y el lugar del juez, que representa la norma o parámetro con que se juzga la transgresión. La denuncia debe, según este esquema, aumentar en generalidad, para no solo concernir a un sujeto particular y poder resonar con principios de justicia ampliamente compartidos (Boltanski y Thévenot, 1991). A este esquema de cuatro plazas agregamos la formación de públicos. Elemento central para que una denuncia tenga resonancia, se activa porque este tipo de asociación humana genera valores morales (o lo que hemos llamado bien público), además de hacer referencia a principios de justicia ya sedimentados socialmente y a los que los actores adhieren.
Una de las formas que puede adoptar una denuncia es la forma-affaire (Boltanski et al., 2007) que se asimila a la forma del proceso judicial, pero es una configuración social dinámica donde estas plazas y roles entran en tensión y varían en el tiempo. En términos analíticos, en el escándalo existe una condena (casi) unánime del acusado, en cambio, un affaire se organiza en bandos: los que apoyan a la víctima y los que apoyan al acusado. Un escándalo puede transformarse en un affaire cuando el acusador es a su vez acusado. En los casos que nos ocupan veremos que también podemos pasar de la forma-affaire a la forma-escándalo cuando en un inicio se constituyen dos bandos, pero luego los denunciantes logran mayor credibilidad y se debilita públicamente el bando que apoyaba al denunciado.
Las formas de publicización de un problema, en este caso los escándalos, no son fenómenos estáticos, sino que operan como puntos de inflexión, es decir, acontecimientos que marcan una bifurcación en la trayectoria de un problema o, en otras palabras, "un desplazamiento corto y consecuente que reorienta un proceso" (Abbott, 2001, p. 258). En este proceso temporal se decantan ciertos cambios que conforman patrones o lo que Abbott (2001) llama configuraciones narrativas, es decir, un agenciamiento específico de un proceso social determinado. En este artículo, para especificar el proceso que nos interesa, consideraremos que una configuración narrativa consiste en un agenciamiento de componentes discursivos y no discursivos: encuadres (framings), acciones colectivas y arenas públicas del problema del abuso. Aquí retomamos la conceptualización de encuadre de Benford (1997) que pone énfasis en la acción (framing work) que da lugar a la creación de significaciones para percibir, identificar y categorizar una situación, en nuestro caso, una situación abusiva. Las acciones colectivas incluyen ciertamente las protestas sociales, pero también todo esfuerzo colectivo (aun cuando se encarne en una sola persona) que apunte a remediar el daño (Cefaï y Trom, 2001). En lo que sigue entenderemos una arena pública como un conjunto o ecología de actores, posicionamientos y relaciones entre actores en un proceso de publicización, como puede ser la arena judicial, mediática o asociativa (Cefaï, 2021).
Consideraremos que se produce un turning point cuando "hemos salido del patrón anterior y hemos entrado en una nueva trayectoria" (Abbott, 2001:243), es decir, cuando hemos salido de una configuración narrativa para pasar a otra. En nuestro análisis, el contraste entre configuraciones narrativas nos permite identificar las transformaciones que se han producido en el orden público del problema del abuso eclesiástico.
Estrategia metodológica
Se analizan dos eventos escandalosos: el caso Karadima (2010-2011) y el caso Maristas (2017-2018). Para ello se realizó una primera revisión de prensa y televisión de esos cuatro años en cuatro periódicos nacionales (El Mercurio, La Tercera, La Segunda y The Clinic), que permitió identificar los principales actores de ambos escándalos y establecer la muestra de las entrevistas. Se realizaron 36 entrevistas semiestructuradas con 17 víctimas de abuso y con 19 personas no víctimas 4. En este artículo nos basamos en el análisis de 11 entrevistas (6 personas víctimas de abuso y 5 personas no víctimas) realizadas entre 2018 y 2020, de una hora a tres horas de duración cada una. Las entrevistas permitieron identificar los principales hitos de cada proceso escandaloso y seleccionar los artículos de prensa (de 4 periódicos chilenos y del New York Times) y las emisiones de televisión (de 2 canales TV chilenos) mencionados en las entrevistas y que jugaron un rol central en cada escándalo.
Siguiendo el principio de simetría (Callon y Latour, 1990) utilizado para el análisis de personajes en sociología por Chalvon Demersay (2012), hemos considerado este material no solo como fuente de información, sino como componentes del proceso mismo de publicización del abuso eclesiástico. En efecto, un programa de televisión puede ser un componente central de un escándalo y no solo un medio para mediatizar un escándalo. La simetrización es una operación analítica que permite, en un primer momento, observar los efectos, en la publicización del abuso, de diferentes entidades (humanas y no humanas) consideradas como agentes, es decir, como entidades que causan efectos sociales en el proceso de publicización. Sin embargo, como es evidente que la calidad ontológica de una persona y su testimonio no es la misma que la de una entidad no humana, como puede ser una película o un artículo periodístico, en un segundo momento, hemos desimetrizado estas entidades para reconstruir el proceso de publicización que describimos a continuación.
EL CASO KARADIMA: DEL SILENCIO A LA CONDENA DE UN "CURA PEDÓFILO"
Para explicar el proceso de publicización del abuso eclesiástico comenzamos restituyendo el caso Karadima (2010-2011), ya que constituye un punto de inflexión en la historia pública del abuso eclesiástico en Chile. En efecto, antes de este caso hubo 42 denuncias públicas de abuso eclesiástico en la historia de Chile (Claret, 2020a) y la única que provocó un cierto impacto público fue el caso del llamado "cura Tato" acusado y condenado en 2002 por abuso sexual contra niñas menores (El Mercurio de Valparaíso, 31/10/2002). Sin embargo, este caso no provocó el efecto de legitimación de la voz de las víctimas que tuvo el caso Karadima. De hecho, a partir de 2010 y hasta 2018, las denuncias llegaron a sumar 107 en todo el país y al primer semestre de 2020 se contaban 360 miembros del clero denunciados a la justicia canónica, penal y civil por abuso de consciencia, de poder o sexual (RED, 2020; Claret, 2020a).
Lo que hoy se denomina "Caso Karadima" estalló el 21 de abril 2010, cuando el periódico chileno La Tercera informó que el sacerdote Fernando Karadima había sido acusado de abuso sexual y que la Iglesia había comenzado una investigación canónica (La Tercera, 21/04/2010). Karadima (1930-2021) fue un carismático sacerdote diocesano que tenía reputación de santo, es decir, de hombre moralmente intachable con un aura mística, dentro de sus adeptos y sacerdotes de su círculo más cercano ocuparon altos cargos en la jerarquía eclesiástica durante décadas. Karadima dirigió una parroquia en el acomodado barrio El Bosque de Santiago, entre 1985 y 2006, frecuentada por personas de la clase alta santiaguina y en la que estableció estrechas relaciones con la elite social, económica y política de la derecha conservadora del país (Mönckeberg, 2011; Guzmán et al., 2011; Cruz et al., 2020).
En ese artículo del 21 de abril 2010 se nombra al acusado, pero no a los denunciantes. Sin embargo, ese mismo día, en La Segunda, diario cercano a los grupos de poder que frecuentaba Karadima, se hacen públicos los nombres de los denunciantes y en el periódico conservador El Mercurio del 22 abril se los califica de "presuntas o supuestas víctimas". Estos artículos dan la palabra exclusivamente a personas que toman partido por el acusado y que representan poderes sociales diversos: un obispo, un alto funcionario de la Universidad Católica de Chile, un dirigente político de la derecha conservadora, un militar, un poderoso empresario de una de las familias más ricas de Chile y sacerdotes próximos de Karadima. El apoyo al acusado consiste en dar testimonio de su buena reputación y, al mismo tiempo, degradar a los denunciantes. Lo que observamos es lo que Jaspers et al. (2020) llaman trabajo reputacional (character work), por el que se trata de erigir a Karadima en héroe de la Iglesia y a los denunciantes en traidores de la institución.
Frente a lo que fue vivenciado por los denunciantes como un ataque, cuatro de ellos respondieron interponiendo una querella en el Ministerio Público contra Karadima el mismo 21 de abril de 2010 y con la publicación del artículo "Chilean Abuse Case Tests Loyalty of a Parish" el 22 de abril de 2010 en The New York Times (entrevista con tres denunciantes de este caso, 2018, 2019 y 2020). En el artículo del NYT se hace público el nombre de dos de los cuatro denunciantes, con fotos-retrato de uno de ellos, el médico James Hamilton. La exposición a los ojos de la opinión pública internacional trata de compensar lo que es representado por los acusadores de Karadima como una lucha entre Goliat (la jerarquía de la Iglesia chilena y mundial) y David, es decir, un puñado de víctimas (entrevistas con los tres denunciantes, 2018, 2019, 2020). Pero lo que a nivel nacional generó un impacto mayor fue un programa de televisión transmitido el 26 de abril de 2010 en un horario nocturno de alta audiencia por un canal de televisión importante (Informe Especial, "Caso Karadima", TVN): en él, cuatro denunciantes ya conocidos se unen a un quinto y dan testimonio del abuso sufrido y denuncian a Karadima. Cuatro de ellos lo hacen a rostro descubierto.
Observamos que, en un primer momento, el proceso de denuncia adquiere la configuración de un affaire con dos bandos opuestos. De un lado, los denunciantes, su abogado, algunas personalidades públicas, medios de comunicación, entre ellos un centro de investigación periodístico que dedica una investigación acuciosa a este caso (CIPER) y la fundación que tres de los denunciantes crean en 2010 junto con su abogado (Fundación para la Confianza-FplC) para prestar apoyo psicosocial y jurídico a un número cada día más alto de víctimas que comenzaban acercarse a los denunciantes pidiendo orientación y escucha (entrevista, Fundación para la Confianza, 2018). Del otro, se ubican Karadima y sus abogados, la jerarquía de la Iglesia, personalidades de la elite económica, social y política conservadora, así como la prensa conservadora. El "bando" de Karadima, según la categoría propuesta por Boltanski y Claverie (2007), multiplica las presiones por vías intrincadas y sinuosas, amenazas veladas y una campaña pública de desprestigio contra los denunciantes y sus carreras profesionales (Guzmán et al., 2011; Cruz et al., 2020).
En desventaja y contra toda probabilidad, aun cuando las tres víctimas más visibles pertenecen a la misma elite social que Karadima frecuentaba, este affaire se transforma en un escándalo. En menos de un año (2010-2011), los apoyos públicos a Karadima disminuyen, los denunciantes adquieren credibilidad pública y la mayoría de los medios de comunicación les reconocen la calidad de víctimas. Karadima comienza a ser representado en los medios como la figura del mal, aun cuando privadamente los denunciantes constatan que continúa contando con apoyos y protección (Cruz et al., 2020).
Planteamos que el tránsito del silencio de la Iglesia y del silenciamiento de las víctimas a la publicización de este tipo de abuso conjugó dos factores codependientes: la posibilidad de la denuncia y la constitución de públicos. En Chile, los tres principales denunciantes de Karadima (hombres de entre 35-50 años, profesionales de la clase alta chilena) disponían de ciertos recursos de movilización (redes sociales, capitales económicos, culturales y sociales) que les permitieron comenzar el proceso de denuncia y sostenerlo en el tiempo, además de la convicción ética de que debían seguir con el proceso de denuncia aun cuando les había significado costos profesionales y personales mayores (entrevistas con tres denunciantes, 2018, 2019, 2020).
Estos denunciantes comenzaron a categorizar los hechos como abuso sexual infantil en los encuadres disponibles en las políticas públicas contra la violencia intrafamiliar y el discurso terapéutico (entrevista, FplC, 2019). Además, desde la primera querella criminal, sustentada en tratados internacionales, entendieron el abuso en el encuadre de los derechos humanos, lo que significaba relacionar el acto criminal con el contexto institucional que lo posibilitó y que permitió el encubrimiento y la impunidad (entrevista abogado, 2018).
La formación de públicos nacionales de la denuncia fue posibilitada también por experiencias previas: internacionalmente las denuncias de abuso eclesiástico iban en aumento y en Chile desde 2007 la Agrupación Derecho al Tiempo, de víctimas de incesto, luchaba por una ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil (Jackson, 2007).
Otro de los públicos importantes es la prensa y la televisión quienes informan constantemente del caso, con un discurso mediático donde se solía confrontar el mal (del cura perverso como "manzana podrida") con el bien (las víctimas sufrientes). De tal suerte, entre 2010 y 2011 se formó una arena constituida de diferentes públicos que apoyaron a las víctimas y su denuncia.
Parte del desenlace de este escándalo fue la judicialización del caso. El proceso canónico, que durante años había sido obstruido, terminó condenando a Karadima a inicios de 2011. El proceso penal iniciado en 2010, pese a las múltiples presiones sobre el poder judicial (Cruz et al., 2020), finalmente dictó sentencia en noviembre 2011. A partir de contundentes pruebas, se reconoce el carácter criminal de los actos de Karadima, pero sin poder sancionarlo debido a la prescripción (Fallo 14/11/ 2011) 5. A Karadima se le expulsó del estado clerical en 2018.Este caso muestra un punto de inflexión en la historia del problema a partir de un escándalo que opera como un acontecimiento que rompe con el patrón anterior. Se forma una nueva configuración en la que se impone el encuadre del abuso sexual infantil, en el que se representa el abuso en la díada víctima y victimario, y no el encuadre teológico del pecado. Además, surgen públicos de las denuncias y se constituye una primera arena jurídica, mediática y social del problema. El encuadre de los derechos humanos, con una comprensión estructural del abuso, no llega a formar públicos fuertes en este período, pero estará en el centro del caso Maristas.
EL CASO DE LA CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS. EL ABUSO ECLESIÁSTICO COMO PROBLEMA CIUDADANO
A partir del caso Karadima, hubo una cadena de escándalos, pero ninguno había cambiado la configuración que se habían cristalizado tras dicho escándalo, a saber, la configuración narrativa diádica que confronta víctima y victimario. A mediados de 2017, cuando se había confirmado la visita del Papa a Chile para enero de 2018, estalla el escándalo de la Congregación de los Hermanos Maristas. A partir de este acontecimiento, se produce un cambio en la trama pública del abuso eclesiástico.
El escándalo Maristas se puede situar retrospectivamente a partir de julio de 2017 cuando aparece en la prensa el caso de un exprofesor laico del Instituto Alonso de Ercilla —IAE— de Santiago (uno de los colegios más emblemáticos de esta Congregación que tiene 17 establecimientos educativos a lo largo del país) acusado de pornografía infantil y que había sido previamente acusado de abuso sexual. A raíz de esta noticia, circulan en Facebook otros casos de abusos cometidos en este Instituto y en otros establecimientos educativos Maristas. Lo que eran denuncias, a veces anónimas, que circulaban en redes sociales, levantando un debate en la comunidad Marista sobre si era o no cierto lo que leían en las redes, el 1 de septiembre fue publicado en un periódico regional (El Rancagüino, 9/1/2017) con un estatus diferente, el de un hecho: un hermano llamado Abel Pérez (sacerdote español que llegó a Chile en los años 70) sería autor de abusos contra 14 menores de los establecimientos maristas. La Congregación denuncia a Pérez al Ministerio Público los primeros días de agosto de 2017 (entrevista Congregación Hermanos Maristas, 2018). Pérez había revelado sus actos a la Congregación en 2010 y esta indica que este hermano había tomado consciencia de que lo que había hecho era un abuso, a partir del escándalo del caso Karadima (entrevista Congregación Hermanos Maristas, 2018). En una entrevista televisiva la Congregación declara que en dicha época ellos no habían tenido "la sensibilidad de denunciar" el abuso a la justicia penal (T13, 4/9//2017).
Un elemento central en la trama de este escándalo es el reportaje "Los pecados del Hermano Abel", transmitido el 4 de septiembre de 2017 en el canal 13 de TV en horario estelar de la noche (22h13). En dicho documental, las autoridades de la misión educacional dicen que aplicarán tolerancia cero al abuso y que su prioridad es la "atención preferente de los niños". Mirando ese reportaje algunas de las víctimas entrevistadas dicen haber terminado de procesar los abusos que por largo tiempo habían bloqueado para vivir o sobrevivir y deciden hablar públicamente (entrevistas con dos víctimas caso Maristas, hombres, 50 y 45 años). Una de las primeras oportunidades en que dan testimonio es en una reunión convocada por la Congregación en el IAE, el 14 de septiembre de 2017. Allí, la Congregación informa a la comunidad Marista del establecimiento la denuncia del hermano Abel ante el Ministerio Público y las medidas que habían tomado: se había pedido perdón a esas 14 víctimas y se les había entregado una reparación económica extrajudicial (entrevista con periodista presente en esa reunión, 2018).
Esta reunión y el testimonio de cuatro víctimas: Jaime Concha, Eneas Espinoza, Jorge Franco y Hernán Martínez, se hacen públicos un mes después en el artículo "El Oscuro Sótano de los Maristas" (10/25/2017) del periódico The Clinic donde el Dr. Concha aparece a rostro descubierto. En diciembre 2017, en un programa matutino de alta audiencia ("Muy Buenos Días" de T13), se invita al Dr. Concha, quien además de relatar su experiencia personal como sobreviviente, relaciona el abuso de la Iglesia con crímenes de los que el Estado debería hacerse cargo y crear una comisión de investigación. En marzo del 2018 el caso Maristas se judicializó con la interposición de una querella contra los Hermanos Maristas que incluyó el delito de abuso sexual, como en el caso Karadima en 2010, pero agregando una acusación por asociación ilícita. Se presentan testimonios y documentos que apuntan a una organización entre hermanos y sacerdotes para abusar de menores (querella, 19 marzo 2018, 15° juzgado de garantía de Santiago; entrevista con Fiscal, 2018). Aunque esta Congregación había demorado siete años en denunciar el caso de Pérez, cuando finalmente lo hace en 2017 y pese a que algunos acusados niegan los hechos, el discurso público de los Hermanos Maristas es muy diferente al que adoptó la jerarquía de la Iglesia en el caso Karadima, la que negó y encubrió los hechos. Tras algunas intervenciones públicas que la Congregación misma califica de "fallidas", los Hermanos Maristas se asesoran con profesionales (abogados, psicólogos y comunicadores) y adoptan un discurso y medidas que van en el sentido de apoyar a las víctimas y denunciar a los abusadores implementando ciertos dispositivos y protocolos de prevención, en especial a nivel de los establecimientos educativos (entrevista delegación de Misión Congregación Hermanos Maristas, 2018). Cabe la hipótesis de que estas medidas institucionales y el discurso público no logren cambiar las prácticas de secreto, silenciamiento y encubrimiento, en estructuras jerárquicas que algunos autores han asimilado, parcialmente, a las instituciones armadas (White y Terry, 2008). Sin embargo, se puede afirmar que en 2017 el umbral de lo públicamente tolerable había cambiado en Chile ya que esta vez no fue posible simple y llanamente negar los hechos o categorizarlos, dentro de un encuadre teológico interno a la Iglesia católica, de pecados de sacerdotes desviantes.
Se puede observar que a diferencia del caso Karadima, la configuración pública de la denuncia es inmediatamente la de escándalo y no de affaire. En un campo de experiencia constituido previamente, con públicos estabilizados (medios como CIPER, la FplC y la Agrupación Derecho al Tiempo), a partir del caso Maristas, los sobrevivientes de instituciones católicas se organizan en julio de 2018 para crear la primera agrupación de sobrevivientes: Red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico de Chile (RED). Este nuevo actor, que es a la vez un público del problema, como otros públicos (FplC, Derecho al Tiempo) y también un público, en tanto concernidos directos por el problema, se moviliza por crear una comisión de verdad independiente aduciendo que el abuso eclesiástico debería ser un problema ciudadano y no solo uno entre víctimas e Iglesia (entrevistas vocero RED, 2018 y 2019, entrevista integrante RED, 2018).
En 2019 se registran dos eventos importantes para lo que hoy se puede llamar causa contra el ASI en Chile. Los denunciantes del caso Karadima ganan la demanda civil interpuesta en 2013 contra el Arzobispado de Santiago como entidad legalmente imputable en Chile por encubrimiento. Además, los activistas por la imprescriptibilidad del ASI asociados con los sobrevivientes de abuso eclesiástico y algunos parlamentarios, logran la aprobación unánime de esta ley. Este éxito judicial y legislativo refuerza la configuración narrativa del abuso como problema sistémico y al encuadre del cuidado y de los derechos humanos sustentados por la FplC se agrega el de la política de la verdad como bien público.
En 2021 el llamado caso Maristas avanza en la arena judicial, ya que tras dos años de investigación se ratifican los casos de 28 personas en tanto víctimas de delitos sexuales y se establece la autoría de 17 religiosos de esta Congregación como autores de dichos crímenes (Fiscalía, Sala de Prensa, 25/05/2021).
Además, la organización de sobrevivientes formada en 2018 y llamada "Red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico de Chile" cambia de nombre y se denomina "Red de Sobrevivientes" incluyendo a todas las víctimas/sobrevivientes de abusos sexuales en la infancia en entornos institucionales (https://www.redsobrevivientes.org/ Así, se observa la integración de víctimas mujeres y de personas LGBT+, lo que pluraliza la voz de las víctimas en el espacio público que, hasta hace poco, eran mayoritariamente hombres.
Además, el caso chileno se transnacionaliza tras la visita papal de enero de 2018. Mientras el Papa se encuentra en Chile, en Santiago se funda una red internacional de sobrevivientes y activistas (Ending Clergy Abuse-ECA). Tras esta visita, donde el Papa defendió a un obispo que encubrió abusos (obispo Barros), tres sobrevivientes del caso Karadima son invitados a conversar con el Papa en abril de 2018, un mes antes de que los obispos chilenos fueran recibidos por el Papa. En el orden de estas visitas, se privilegia, de manera pública, escuchar a los denunciantes antes que a los obispos. Cuestionados por el Papa, en un hecho inédito, los obispos renuncian en pleno en mayo de 2018 (Claret, 2020a). En 2019 se organiza la primera cumbre vaticana para tratar el problema del abuso eclesiástico, tras ello el Papa proclama dos normativas globales que apuntan a promover la denuncia y judicialización de lo que ahora se denomina crimen y no pecado (Vos Estis Lux Mundi, 5/9/2019). Se puede argumentar que la situación en la práctica es muy diferente de la situación de jure y que estas normas no bastan para acabar con los abusos, el encubrimiento y la impunidad. Sin embargo, un cambio ha ocurrido: hoy ya no es posible negar que tales abusos ocurrieron y que son un asunto de interés público. Se puede afirmar que el umbral de lo públicamente tolerable ha cambiado.
CONCLUSIÓN
En este artículo hemos analizado dos escándalos que han constituido puntos de inflexión en la narrativa del abuso en Chile y que nos permite identificar tres configuraciones narrativas, que no necesariamente corresponden a cada evento escandaloso ni menos a las intenciones individuales de los actores, sino a un agenciamiento general de encuadres, acciones colectivas y arenas públicas.
La primera toma la forma de un problema diádico, visible y mediático, pero no propiamente público. En esta configuración se confronta el mal (del cura perverso como manzana podrida) con el bien (las víctimas sufrientes), lo que oblitera una visión triádica del crimen donde el tercer elemento (el que en esta dramatización falta) es el bien público, es decir, el valor que se transgrede (derechos humanos, derechos y dignidad de niños) y el medio institucional en el que ello se (re)produce y se hace posible, en este caso, la Iglesia como institución.
La segunda, se centra casi exclusivamente en la figura de la víctima/sobreviviente, en una gramática del cuidado centrada en la resiliencia psicológica y moral de la víctima, lo que, en la literatura, ha sido asociado a posturas individualistas y despolitizadas. Sin embargo, en los casos analizados, desde lo terapéutico, el abuso eclesiástico es asociado a bienes públicos definidos en términos de derechos humanos, derechos del niño y cuidados, vinculando la causa contra el abuso a problemas sociales y políticos como el patriarcado y la cultura del abuso.
Una tercera configuración narrativa del abuso adopta una forma triádica, donde los actores defienden bienes públicos como los derechos humanos y del niño definiendo el abuso como un problema ciudadano, donde el referente ya no es la díada víctima/victimario ni la víctima individualizada, sino la comunidad política; en esta configuración es el Estado quien debería garantizar justicia y reparación en tanto bienes públicos.
Estas configuraciones narrativas no son ni lineales ni estáticas, sino que se tejen en un vaivén iterativo entre un campo de experiencia previo y un horizonte de expectativas futuro (Koselleck, 1993). En el corto espacio de este artículo no es posible desarrollar la dinámica entre configuraciones narrativas, lo que es materia de otra publicación, pero se puede señalar que el caso Karadima se define retrospectivamente como punto de inflexión abriendo posibilidades de acción que conforman el campo de experiencia donde se desarrolla el caso Maristas. A su vez, el caso Maristas confirma el lugar que se le había asignado al caso Karadima como punto de inflexión en una larga configuración narrativa previa de negación y silenciamiento del abuso en la Iglesia católica chilena.