Procedimiento de reparación a víctimas de abuso sexual por representantes de la iglesia católica en cataluña

PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL POR REPRESENTANTES DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA

El abuso sexual infantil es un grave problema de salud pública y de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Murray, Nguyen y Cohen, 2014). Esta forma de victimización también se ha manifestado a escala internacional en el ámbito de la Iglesia católica y, si bien ha sido un problema histórico dentro de la institución (Sáez, 2015), solo recientemente las víctimas han empezado a denunciarlo de forma pública.

Los estudios indican que la mayoría de las víctimas en este contexto son de sexo masculino, aspecto diferencial respecto de otras formas de abuso sexual (Doyle, 2003), y que gran parte de las víctimas tienen que hacer frente a los abusos en una edad postpuberal, que muestra la tendencia efebofílica de los victimarios en este contexto (Cimbolic y Cartor, 2006). A su vez, las conductas de abuso sexual por parte de representantes de la Iglesia católica se pueden considerar, en general, graves, incluyendo contacto físico y un porcentaje elevado de penetración (véase la revisión de Dressing et al., 2017). Las consecuencias psicosociales que derivan de los abusos sexuales infantiles en el marco de la Iglesia católica son también graves y muy similares a las que se han encontrado en víctimas de abuso sexual por parte de otros abusadores, como por ejemplo personas conocidas y miembros de familia (Fogler et al., 2008), generando fuertes sentimientos de traición y desconfianza (Isely et al., 2008). La falta de credibilidad y el secreto que acompañan al abuso sexual por parte del clero aumenta el riesgo de desarrollar depresión, vergüenza e indefensión aprendida (McGraw et al., 2019).

Ahora bien, el victimario representa a la Iglesia, de forma que muchas víctimas asumen que es la institución, en su totalidad, la responsable de los hechos, y se constituye en un daño espiritual característico de este tipo de abuso (Guido, 2008). Las celebraciones, los símbolos, los recordatorios y los rituales de la Iglesia se convierten en estímulos que comportan imágenes intrusivas de los abusos y generan un gran malestar en las víctimas (Rudolfsson y Tidefors, 2014).

En diversos países ha habido iniciativas para responder a este grave problema de forma similar. Algunas de estas iniciativas han surgido de la propia Iglesia católica y otras han partido de instituciones políticas, dando lugar a comisiones de investigación, informes o procedimientos de reparación (véase la revisión al respecto de Tamarit, 2018).

El primer documento con un gran impacto social y en la comunidad académica fue el informe encargado por la Conferencia de Obispos Católicos de los EUA al John Jay College of Criminal Justice (CUNY), titulado "The Nature and Scope of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States, 1950-2002" (2004), seguido, unos años más tarde, de un segundo informe, "The Causes and Context of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests in the United States, 1950-2010" (2011). Otra referencia importante ha sido la comisión creada en 2013 por el Parlamento del estado de Victoria (Australia), que elaboró el informe "Betrayal of Trust", que ha sido objeto de gran difusión en el ámbito internacional. El 2013 el gobierno federal australiano también creó la "Royal Commission into institutional responses to child sexual abuse", que publicó su informe en 2017.

En Europa, destacan varias iniciativas en diversos países. Así, de forma pionera, el año 2000 la Conferencia Episcopal de Bélgica estableció una comisión independiente ante la que los presuntos abusadores, clérigos y religiosos se negaron a comparecer. A causa de la falta de cooperación por parte del episcopado belga, el presidente y varios miembros de la comisión dimitieron. El 28 de octubre de 2010 el Parlamento Federal de Bélgica creó una comisión parlamentaria, la Comisión especial relativa al tratamiento del abuso sexual y de los hechos de pedofilia dentro de una relación de autoridad, en particular en el seno de la Iglesia, en la que se tomó declaración a víctimas, expertos y representantes de la Iglesia. En las conclusiones de la Comisión se constató que las autoridades de la Iglesia habían manifestado su voluntad de asumir una "responsabilidad moral" y de expresarla por medio de compensaciones a las víctimas. El 2011 se creó, por decisión del Parlamento, el Centro de Arbitraje, con el fin de dar respuesta a los casos de abusos prescritos. La Iglesia aceptó participar en el Centro y asumir dos terceras partes de los costes de la institución, además de las indemnizaciones que el órgano acordara a favor de las víctimas. El Centro de Arbitraje fue un órgano temporal independiente, creado por la Cámara de Representantes con el apoyo de la Iglesia. Su ámbito de competencia queda comprendido por los delitos de abusos sexuales prescritos según la ley penal y que sean objeto de demanda ante el Centro por parte de las víctimas hasta el 31 de octubre de 2012. En cuanto a los delitos prescritos, el Reglamento impone la obligación de denuncia ante la Fiscalía. La legitimación activa corresponde a las personas que hayan sido víctimas directas de un abuso sexual cometido por un sacerdote o miembro de una congregación católica. En caso de suicidio de la víctima directa, están legitimadas para demandar, como víctimas indirectas, los familiares o personas más próximas. Las personas demandantes podían solicitar reconocimiento, compensación económica o ambos.

En Irlanda, el Gobierno de la República creó la "Commission to Inquire into Child Abuse", que emitió el conocido como Informe Ryan (2009). El trabajo de la Comisión y los resultados recogidos en el documento se refieren no solo a abusos sexuales, sino a malos tratos y otras formas de abuso institucional cometidos contra niños y niñas en instituciones regentadas por la Iglesia católica (en una gran parte por la congregación de los Christian Brothers) en el periodo comprendido entre 1936 y 2008. Asimismo, la Archidiócesis de Dublín creó una comisión de investigación, a resultas de esta se publicó el Informe Murphy en diciembre de 2009.

En Alemania el año 2010 el Gobierno federal creó una comisión acerca de abuso sexual infantil en relaciones de dependencia y desequilibrio de poder en instituciones públicas y privadas y familias, presidido por los ministros responsables de asuntos de familia, justicia y educación, con el encargo de hacer recomendaciones y diseñar estrategias de apoyo a las víctimas, prevención, educación a los profesionales y cuestiones judiciales. Además, se nombró un comisionado independiente y se puso en funcionamiento un teléfono de asistencia, una dirección electrónica y una de correo postal en que las víctimas de abusos podían comunicar de manera anónima sus experiencias. Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos estableció un procedimiento de compensación económica a las víctimas de abusos sexuales. Además, encargó un estudio a un equipo de académicos que generó controversia y fue cancelado. Posteriormente, se encargó la elaboración de un informe a tres equipos universitarios (Heidelberg, Giessen y Mannheim), que se publicó en septiembre de 2018. El documento, "Sexueller Missbrauch an Minderjähringen durch katolischer Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bishopskonferenz" (2018) o "MGH report", se basa en documentación anonimizada facilitada por los mismos obispados y cubre el periodo entre 1946 y 2014.

El mismo 2010 la Conferencia de Obispos Católicos de Austria creó una comisión independiente para la protección de las víctimas. Además, se crearon ombudsmen, o defensores, en varias diócesis y un procedimiento de compensación económica a favor de las víctimas y financiación de terapia en los casos en que se considerara necesario. Una fundación para la protección de las víctimas, establecida por la misma Iglesia, tiene el mandato de implementar las recomendaciones de la Comisión.

En los Países Bajos, el problema de los abusos sexuales en la Iglesia católica se hizo público también en 2010. El mismo año, la Conferencia de Obispos creó una comisión de investigación independiente, con poder para acceder a todos los archivos. Además, los obispos adoptaron un procedimiento para que las víctimas pudieran recibir justicia restaurativa por medio de un reconocimiento por parte de la Iglesia y una compensación económica.

Una constante en todos los países donde se ha querido dar respuesta a la problemática de los abusos sexuales en instituciones religiosas ha sido cómo abordar los casos prescritos. Algunas de las respuestas propuestas o implementadas se han basado en la introducción de procedimientos de justicia restaurativa que permiten satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que la institución en que se produjeron los abusos asuma una responsabilidad institucional (Madu, 2021). Algunos de los procedimientos seguidos en algunos países han permitido cumplir, al menos en parte, estas expectativas.

En el Estado español hasta ahora no ha habido iniciativas de instituciones públicas, ni del poder legislativo, ni del poder ejecutivo. Además, la investigación pertinente al fenómeno ha sido mucho más escasa a la que ha habido en el resto de los países citados. La única respuesta que han encontrado las víctimas ha sido la judicial, en una minoría de casos no prescritos, y la que han dado en cada caso los obispados y las congregaciones religiosas, sin que haya un procedimiento general de reparación por parte de la Conferencia Episcopal. En Cataluña, como en el resto del Estado español, algunos obispados y una gran parte de congregaciones religiosas han establecido, no obstante, procedimientos de prevención de los abusos sexuales de niños y buzones de correo donde las personas afectadas pueden dirigir sus quejas. En este artículo se presentan los resultados de la Comisión creada por el Síndic de Greuges (Síndico de Agravios) como respuesta a esta necesidad. El Síndic de Greuges tiene la función de atender las quejas de todas las personas que se encuentran desprotegidas ante la actuación, o falta de actuación, de las administraciones. Se trata de una figura políticamente independiente nombrada por el Parlamento de Cataluña y que debe actuar con objetividad, libertad de criterio e independencia, de modo equivalente a la figura del ombudsman o defensor del pueblo.

MÉTODO

En ejercicio de las competencias que le otorga el artículo 78 del Estatuto de autonomía de Cataluña de defender a las personas ante cualquier vulneración de sus derechos, el Síndic de Greugescreó a principios de 2019 una comisión independiente e interdisciplinaria, constituida por una profesional del ámbito médico, un profesional del ámbito jurídico y una profesional del ámbito victimológico. La Comisión, con la colaboración de dos representantes de la institución, tenía el mandato de dar respuesta a las necesidades de verdad, justicia y reparación, de acuerdo con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos y de protección de niños, niñas y adolescentes de la violencia y el abuso sexual, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños (1989) y la normativa vigente en materia de infancia.

Muestra

Todo intento de cuantificar la cifra de víctimas de abuso sexual infantil por parte de representantes de la Iglesia católica es un problema, porque se han observado resistencias, esfuerzos para obstaculizar el acceso a esta información y estrategias para desautorizar y descalificar cualquier cifra por parte de la institución (Keenan, 2012).

Es un hecho reconocido en los estudios concernientes al abuso sexual infantil que solo una pequeña parte de casos llega a ser denunciada. El porcentaje de casos denunciados, según los estudios que se han hecho en España (López, 1994) y en Cataluña (Pereda et al., 2016), se sitúa en menos del 10%, sin que los abusos sexuales que tienen lugar en el entorno de instituciones religiosas sean una excepción. En Cataluña, los medios de comunicación se han hecho eco de algunos casos revelados por las víctimas, a pesar de que la mayor parte son delitos ya prescritos. Por tanto, teniendo en cuenta que con frecuencia las víctimas tardan años en tomar la decisión de comunicar los hechos a las autoridades (Tamarit et al., 2015), de los casos denunciados todavía hay que excluir los que están prescritos, además de aquellos otros que, por falta de pruebas o por otras razones, no han podido llegar a ser finalmente enjuiciados. Así, se puede afirmar que tanto los testigos entrevistados por la Comisión como los casos denunciados suponen la representación de una realidad mucho más extensa, como se deriva de todos los relatos, que hay que tener en cuenta.

El trabajo que aquí se presenta se basa en una muestra integrada por 13 casos que comparecieron en la Comisión. En 10 de ellos las personas directamente afectadas que comparecieron en la Comisión fueron hombres y en 2 casos, mujeres. Los comparecientes tenían entre 5 y 17 años en el momento en que se cometieron los abusos. Las personas entrevistadas coincidieron al señalar que los abusos sexuales eran una práctica habitual y que afectaban a otros muchos chicos o chicas, con los que en algunos casos mantienen contacto y en otros no. Todos los testigos manifestaron que conocían otras víctimas del mismo abusador, aunque entre los menores no se acostumbraba a hablar explícitamente del tema, más allá de meros comentarios puntuales.

Instrumentos

Se llevaron a cabo entrevistas presenciales, excepto en dos casos en que la entrevista se hizo online porque los testigos residían fuera de Cataluña. El protocolo seguido en estas entrevistas consistía, en primer lugar, en invitar al testigo a ofrecer un relato libre de los hechos, y después se le pedía que aclarase detalles mediante preguntas por aspectos que quedaban poco claros o confusos (fechas, lugares o nombres). Una vez narrados los hechos, se llevaba a cabo una entrevista no estructurada con preguntas preestablecidas acerca de la afectación psicológica que podía haber causado el suceso en la presunta víctima, la afectación espiritual y en su relación con la Iglesia, gastos económicos derivados de tratamientos e intervenciones profesionales y una valoración del daño sufrido. Finalmente se pedía a la persona compareciente que manifestase si deseaba que la Comisión comunicase a la congregación religiosa o al obispado alguna demanda de reparación moral, simbólica o económica. A su vez, se solicitaba a la congregación o institución afectada información relativa al caso, para complementar los datos ya recogidos y contar con la versión de los hechos de la otra parte afectada.

Procedimiento

La actuación de la Comisión se ha desarrollado en dos ámbitos: un procedimiento de reparación y un procedimiento de prevención. En el presente artículo se presentan los resultados del procedimiento de reparación.

El procedimiento de reparación ha tenido como finalidad facilitar a las víctimas de abuso sexual por parte del clero un espacio donde pudieran expresar libremente su experiencia y una vía para solicitar una reparación por parte de la Iglesia. Las personas víctimas de abusos sexuales en Cataluña, por parte de un representante de la Iglesia católica, antes de los dieciocho años, fueron invitadas a dirigirse al Síndic de Greuges para pedir que la Comisión abriera un procedimiento de reparación. La reparación se definió como la expresión directa o indirecta a la víctima de abuso sexual infantil, por parte de un representante legítimo de la Iglesia católica, de un reconocimiento de los hechos y de sus efectos, y de la responsabilidad institucional.

El acceso a la Comisión se llevó a cabo por medio de un teléfono gratuito y de un correo electrónico, y también por cualquier cauce de comunicación del Síndic de Greuges. Las personas encargadas de responder a las víctimas en su solicitud de información recibieron una formación para atender las llamadas por parte del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universitat de Barcelona. De acuerdo con el procedimiento establecido, hicieron escucha activa y garantizaron la confidencialidad de los datos que permitieran identificar a la persona, a quien se ofreció la posibilidad de presentar su caso a la Comisión. En caso de estar interesada, se le explicaba el circuito de presentación de la queja. Si en este momento la persona no quería presentar su caso, se la animaba a contactar con la Comisión más adelante y se le ofrecía información respecto de recursos de asistencia psicológica y apoyo a las víctimas. Si la persona quería presentar su caso a la Comisión se le pedía que enviase información y que aportase, en caso de tenerla, documentación que pudiera acreditar los hechos y sus efectos al correo electrónico de la Comisión. En un plazo máximo de 30 días, se la citaba a una entrevista para exponer los hechos. Se proponía la entrevista en persona, pero también se ofrecía cualquier otro tipo de medio, como por ejemplo la videoconferencia.

La Comisión citó a las personas solicitantes para que expusieran los hechos siguiendo los siguientes criterios: (a) Si se trataba de una persona mayor de edad y, una vez relatados los hechos y el tiempo en que se produjeron, la Comisión comprobaba si el delito podía no estar prescrito, en cuyo caso facilitaba orientación jurídica a la persona demandante para que pudiera presentar denuncia o dirigirse al Ministerio Fiscal (art. 191 del Código Penal); (b) Si el delito había prescrito, se pedía a la persona solicitante que aportara toda la información de que dispusiera de los hechos, con la documentación que permitía acreditar aspectos relevantes, los daños físicos y psicológicos, el perjuicio económico (como, por ejemplo, los gastos de profesionales de la salud mental) y daños morales, relativos a una posible afectación espiritual en la fe y las creencias, sufridos como consecuencia de los abusos. Después de escuchar la persona solicitante, y una vez examinada la documentación aportada, la Comisión hacía una valoración del caso y, si consideraba que había indicios razonables que los hechos se produjeron, evaluaba los efectos físicos, psíquicos, económicos y morales que tuvieron para la víctima. Una vez hecha la valoración del caso, la Comisión se dirigía al representante del obispado o de la orden religiosa correspondiente para que aportara información del hecho y, teniendo en cuenta la información aportada y las demandas manifestadas por la persona solicitante, solicitaba una expresión de reparación a la víctima.

RESULTADOS

Características del victimario

Las características que exponen las víctimas entrevistadas respecto de los victimarios siguen el mismo patrón que se ha obtenido en estudios llevados a cabo en el ámbito internacional y que muestran que los abusos sexuales por parte de representantes de la Iglesia católica son producto de una estructura y una organización que favorecen la oportunidad de cometerlos, y no fruto de casos aislados (Rashid y Barron, 2018). Así, este tipo de victimarios usan el poder que les confiere la institución a la que pertenecen para llevar a cabo estos hechos y mantenerse protegidos por el secreto y el silencio (Eroga et al., 2020). Los testigos describen una forma de actuación similar en cada caso, en que el abusador utilizaba las mismas técnicas y las mismas palabras para acercarse a los jóvenes y buscaba a los más vulnerables para ganarse su confianza, de forma similar a la conducta que presentan los abusadores externos al clero (Dale y Alpert, 2007).

Los testigos manifiestan que, en general, el abusador era una persona muy cercana y que se ganaba la confianza de los jóvenes y de sus familias: "el hermano era popular entre los alumnos porque organizaba muchas actividades" (Caso 1); "era un hombre muy atractivo, próximo a los chicos y con una relación de mucha amistad con algunos padres y madres" (Caso 4); "era muy amigo de los padres" (Caso 6); "era un cura moderno y progresista y muy próximo a los chicos" (Caso 7); "se hizo muy amigo de la familia" (Caso 8); "era un hombre encantador y muy popular" (Caso 12); "era un amigo de la familia" (Caso 13). Este hecho favorecía que a menudo se quedara solo con los jóvenes, incluso, en algunos casos, en el domicilio familiar de estos. Los testigos explicaron detalles que muestran que, en muchos casos, había una total falta de control por parte de la institución y sus miembros, lo que favoreció la continuidad de los abusos: "se metía en la habitación de los chicos horas y horas y nadie lo veía extraño" (Caso 9); "se mantuvo un pacto de silencio" (Caso 4); "la gente del agrupamiento sabía lo que pasaba" (Caso 2); "los monitores lo sabían y miraban hacia otro lado" (Caso 7); "me amenazaron con explicar a mis padres una relación que tenía con un compañero de mi edad si decía algo" (Caso 4). Los abusadores eran personas reconocidas por su entorno y no existía "ningún control ni supervisión por parte de la institución religiosa" (Caso 9).

Características de los abusos

La mayoría de los abusos tuvieron lugar en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, pero también se han constatado dos casos correspondientes a los años 90 (para un análisis de las trayectorias de revelación y denuncia en casos de abuso sexual infantil por parte del clero en Estados Unidos, véase Smith et al., 2008). En general, a excepción de tres casos, los abusos fueron reiterados y llegaron a durar años, tal como se ha visto en otros estudios nacionales con víctimas de abuso sexual infantil en España (López, 1994) y que muestran la gravedad de los hechos cometidos. En cuanto al lugar en el que se cometieron los abusos, los testigos mencionan salidas a la montaña, excursiones, ejercicios espirituales, campamentos o encuentros de escucha, en espacios de la institución y en internados. También en algún caso en el domicilio familiar de la víctima o en un piso del abusador. El lugar en el que se produjeron los abusos es importante desde una perspectiva de prevención criminológica, ya que, como se ha constatado también en trabajos internacionales, la oportunidad delictiva se favorece en aquellos espacios en los que el victimario se encuentra a solas, y sin supervisión, con el niño (Terry y Ackerman, 2008).

Silencio impuesto a las víctimas

Como indican los estudios llevados a cabo, tanto en el ámbito nacional como internacional, el secreto y el silencio son característicos de la dinámica del abuso sexual infantil (Alaggia, Collin-Vézina y Lateef, 2019). Este secreto se rompe cuando la mayoría de las víctimas llega a la edad adulta después de un tiempo de maduración y reflexión (Tamarit et al., 2015). Las víctimas no hablan cuando quieren, sino cuando están preparadas para hacerlo. Es importante tener en cuenta que el desarrollo de sentimientos de culpa mantiene el silencio y parece que se produce en la extensa mayoría de víctimas de abuso sexual infantil, especialmente cuando va acompañado de falta de apoyo por parte del entorno y de culpabilización por parte del mismo abusador, como se observa en los casos analizados y en la misma línea que indican los estudios internacionales (Winters et al., 2020). Se ha constatado que la mayoría de las víctimas no habló con nadie en el momento de los hechos; "no lo expliqué a ningún compañero ni a mis padres tampoco porque sentía vergüenza" (Caso 11); "en aquella época no se podía explicar a las familias" (Caso 2); "no lo expliqué a nadie hasta que ya tenía 40 años" (Caso 13). Algunos testigos explicaron los hechos a personas cercanas, pero las respuestas fueron encaminadas a no denunciar lo sucedido: "informé a un superior cuando ocurrió, pero no obtuve ninguna respuesta, ni denunció, ni informó a mis padres" (Caso 9); "mis padres querían hacer algo, pero nos aconsejaron no denunciar" (Caso 4). Este resultado también se ha observado en otros estudios nacionales con víctimas de abuso sexual infantil por parte de la Iglesia católica (Pereda et al., 2020)

Consecuencias psicosociales

La experiencia de abuso sexual en la infancia es una de las formas de victimización interpersonal más asociada con el desarrollo de problemas psico-lógicos, porque comporta una grave vulneración de los derechos y de la libertad sexual y afectiva de los niños y adolescentes, y también una amenaza a su integridad física y emocional. Estudios de revisión han confirmado tanto la existencia de consecuencias inmediatas derivadas de esta experiencia, que afectan al niño y adolescente (Tyler, 2002), como de efectos adversos a largo plazo (Hailes et al., 2019), que se pueden convertir en problemas crónicos en el adulto. En palabras de una de las personas entrevistadas "los abusos han afectado a toda mi vida" (Caso 8). Si bien son muy escasos los estudios que han analizado las consecuencias específicas derivadas de los abusos sexuales cometidos por el clero, la evidencia existente demuestra que sus efectos son tan graves como aquellos asociados a los abusos intrafamiliares (McGraw et al., 2019). Estos problemas parecen ser incluso más devastadores en los abusos causados en el contexto institucional, como los cometidos por representantes de la Iglesia católica (Blakemore et al., 2017).

Problemas emocionales

Los testigos expresaron sentimientos de rabia, desconfianza, tristeza, indefensión e impotencia. Tal como ha sido constatado en otros estudios, los síntomas depresivos y de ansiedad se repetían en la mayoría de ellos (Maniglio, 2010, 2013), así como la ideación suicida y las conductas autolíticas (Maniglio, 2011): "me he sentido mal toda la vida, con depresión y ganas de morirme" (Caso 8);"he sufrido mucha ansiedad" (Caso 3); "tenía mucho miedo y mucha culpa [...] hubiera preferido morirme a los siete años [...] la ideación suicida es una constante en mi vida" (Caso 13).

Problemas cognitivos y de rendimiento académico

Del relato de algunos testigos se ponen de manifiesto problemas cognitivos que afectaron a su rendimiento académico, como también se ha encontrado en múltiples estudios previos (véase la revisión de Mitchell et al., 2021). En palabras de una de las víctimas: "en la escuela siempre suspendía y sacaba malas calificaciones" (Caso 3).

Problemas de relación

Los problemas en las relaciones interpersonales y en la vida sexual son frecuentes en las víctimas de abuso sexual infantil (Davis y Petretic-Jackson, 2000) y han aparecido en buena parte de las víctimas entrevistadas: "no tengo amigos y vivo solo" (Caso 3);"mi vida sexual y afectiva ha sido un desastre" (Caso 8); "no he tenido relaciones sexuales porque no soy bastante maduro y el sexo me da asco" (Caso 3); "he estado siempre aislado y me ha costado hacer amigos" (Caso 11).

Problemas funcionales relacionados con trastornos de la conducta alimentaria, enuresis nocturna, insomnio y otros problemas del sueño.

Varias víctimas expusieron en la Comisión este tipo de problemas, con expresiones como:"perdí mucho peso y me libré del servicio militar porque solo pesaba 46 kilos" (Caso 3); "hice psicoterapia por terrores nocturnos y sonambulismo" (Caso 7); "hasta los 16 años me oriné en la cama" (Caso 3). Los síntomas de desórdenes alimentarios (Smolak y Murnen, 2002), trastornos del sueño (Steine et al., 2012) y enuresis (Anderson et al., 2014), se han encontrado de forma frecuente en revisiones anteriores con víctimas de abuso sexual.

Consumo de tóxicos

También han aparecido problemas asociados al consumo abusivo de sustancias en varios testigos: "durante dos años consumí cocaína" (Caso 3);"durante muchos años consumí alcohol, también cocaína durante poco tiempo" (Caso 7), del mismo modo que en revisiones sistemáticas previas (Fletcher, 2021).

Crisis espiritual

La victimización sexual infantil por parte de representantes de la Iglesia puede conceptualizarse como un proceso dinámico entre el victimario, la víctima y la comunidad religiosa (Fogler et al., 2008). Así, además de las similitudes que comparte con otras formas de victimización sexual, como ya se ha visto, algunos autores (Farrell y Taylor, 2000) han encontrado síntomas importantes de crisis espiritual y teológica en las víctimas, justificando que esta forma de abuso se trate específicamente. Se han podido encontrar muestras de ello en diversas personas afectadas que comparecieron: "abandoné toda relación con temas vinculados a la fe" (Caso 12); "creo en Dios, pero no en la Iglesia" (Caso 13); "tengo una gran desconfianza en la Iglesia y en sus representantes" (Caso 2).

Impacto en la familia

Los abusos impactaron en general en el entorno más próximo de las víctimas, sobre todo en el ámbito familiar. Se ha podido constatar cómo el entorno familiar de la persona afectada había sido, según los casos, un factor de protección o de desprotección. Algunas víctimas comunicaron el hecho a sus padres y esto impidió que los abusos se repitieran y fueran más graves. En otros casos, la falta de apoyo familiar ha contribuido a agravar las consecuencias del abuso y puede haber impedido que las víctimas hayan reconocido el hecho y lo hayan revelado y ha podido implicar mayor afectación psicológica y secuelas a lo largo de su vida. La falta de respuesta o de apoyo de los padres de las víctimas se puede haber visto favorecida por la incredulidad ante los hechos expresados por los niños y adolescentes en su momento, derivada de la confianza en el abusador o en la institución religiosa o por el miedo a desafiar la autoridad moral que esta representaba en el entorno social del momento. Así, algunos testigos culpabilizaban a los progenitores de no haber sabido dar una respuesta. En estos casos, las relaciones familiares se deterioraron y, en muchos casos, se perdió el contacto durante años. Algunas víctimas lo exponen así: "estuve 8-9 años sin hablar con mi padre" (Caso 6); "no hablé con mi familia durante 10 o 12 años" (Caso 7). La evidencia empírica muestra que el efecto del apoyo social es fundamental en la superación del abuso sexual infantil, especialmente el apoyo de las figuras cuidadoras (Domhardt et al., 2015), a las que se recomienda asistir a programas de tratamiento y apoyo (van Toledo y Seymour, 2013). Aun así, la estigmatización asociada a determinados sucesos traumáticos, como es el abuso sexual por parte de un representante de la Iglesia católica y, en algunos casos, a las víctimas de estos sucesos, puede explicar la reducción del apoyo social disponible (McPhillips, 2018).

El relato de las entrevistas ha mostrado que la afectación de esta forma de abuso sexual en el entorno familiar de la víctima puede llegar a ser muy grave. En varios casos, las familias se sentían traicionadas en su relación de confianza con la institución religiosa y en algunos casos supuso una crisis en sus creencias religiosas: "fue devastador para la familia" (Caso 4), "mis padres eran muy creyentes y dejaron de ir a misa" (Caso 7); "mi padre se suicidó al poco de saber lo que le había pasado a mi hermano" (Caso 6).

Solicitud de reparación

Tal como se ha obtenido en estudios previos con víctimas de abuso sexual infantil y otras experiencias de violencia interpersonal, la reparación que piden los testigos hace referencia a la investigación, el reconocimiento y la disculpa por parte de la institución, la no repetición de los hechos y la atención a las víctimas (Rooney y Ross, 2007). Solo en tres casos las víctimas que han comparecido han pedido, además de la reparación moral, una compensación económica. En general, solicitan "que se pida disculpas a las víctimas" (Caso 7); "que se reconozca lo que pasó y que no se actuó bien y que pidan disculpas en las víctimas" (Caso 4); "que se investigue si hubo más casos" (Caso 9); "que el Padre no continúe apareciendo como una persona valorada" (Caso 1); "que se sepa lo que otros niños y yo sufrimos" (Caso 3). Algunos testigos pidieron poder tener una entrevista con su abusador y esta petición se trasladó a la congregación religiosa correspondiente (Caso 7, Caso 8), aunque en ninguno de los dos casos la entrevista se ha podido llevar a cabo.

CONCLUSIONES

Como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo, la Comisión concluyó que en ciertas instituciones religiosas en Cataluña se han producido abusos sexuales contra niños y adolescentes que han causado múltiples víctimas. No hay correspondencia entre el número de casos que se han dirigido a la Comisión y el número real de casos, porque de la documentación estudiada se desprenden indicios que apuntan a un número de víctimas mucho más elevado que, sin embargo, la Comisión no ha podido determinar. El silencio que impera en las víctimas de abuso sexual por parte del clero ha sido subrayado en estudios previos (Böhm et al., 2015) y parece ser una característica propia de este tipo de victimización, dominada por el secreto.

Los casos examinados por la Comisión han puesto de relieve que, como muestra la investigación acerca de los efectos de los abusos sexuales cometidos en instituciones religiosas (Dressing et al., 2019), algunas personas han sufrido consecuencias psicológicas graves que están relacionadas, de manera directa o indirecta, con los abusos sufridos. Estudios llevados a cabo en países europeos, como Austria o Alemania, muestran una prevalencia de problemas psicológicos y sociales (Rassenhofer et al., 2015) y de trastorno por estrés postraumático (Lueger-Schuster y col., 2014) derivados del abuso sexual en entornos eclesiásticos muy significativa en estas víctimas, afectando a cerca de la mitad de las personas evaluadas. En algunos casos también han sufrido consecuencias en su salud física y perjuicios económicos. Con independencia de la gravedad de estas consecuencias, todas las personas afectadas que han comparecido y han manifestado que habían puesto los hechos en conocimiento de la institución a la que pertenecía el abusador han hecho patente una insatisfacción por la respuesta que han recibido de la institución. En esta línea, la investigación revela vulnerabilidad, conmoción, así como sentimientos de vergüenza, culpa e impotencia en quienes han vivido esta victimización (Varona y Martínez, 2015), potenciada por reacciones de la propia Iglesia, que tiende a negar, minimizar y justificar el abuso (Pinto-Cortez y Garrido, 2020).

En los hechos que ha conocido la Comisión, el contacto de los niños y los adolescentes con el abusador se había producido como consecuencia de una relación de confianza entre los padres de los niños con la institución y, además, en algunos casos, con el mismo abusador. Aunque las congregaciones no respondan penalmente y los delitos hayan prescrito según la ley española, y con independencia de que pudieran incurrir en alguna otra forma de responsabilidad jurídica, la Iglesia católica y, concretamente, las instituciones afectadas, no se pueden considerar ajenas a los hechos y tienen que dar una respuesta a las necesidades de las víctimas relacionadas con su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. No se trata, como en ocasiones se ha defendido, de un problema que afecta únicamente a algunos miembros de la institución que nada tiene que ver con esta (White y Terry, 2008), sino de un problema organizacional que ha permitido e, incluso, favorecido, que se hayan podido cometer abusos durante décadas (Keenan, 2012).

La respuesta de las congregaciones religiosas afectadas respecto de los casos que les ha remitido la Comisión ha sido diversa. En la mayor parte de casos ha sido lenta e insuficiente y, en algunos casos, ello no ha permitido en el periodo de actuación de la Comisión obtener más elementos para completar la información. Algunas congregaciones han mostrado reticencias a asumir actos de reparación. Asimismo, ha habido casos en los que se han podido mantener reuniones con representantes de las congregaciones, en dos de ellos también con participación de la víctima.

Entre los casos en que se ha podido establecer un diálogo con las órdenes religiosas es posible destacar la disponibilidad de las Escuelas Pías y de la Compañía de Jesús hacia las demandas de escucha, reconocimiento y reparación de las víctimas. En general, la respuesta de las congregaciones religiosas ha sido reactiva a la presentación de las quejas, en más o menos grado, pero no han mostrado una actitud proactiva para conocer e investigar otros casos que se pueden haber producido en el seno de su institución. Tampoco han mostrado una disposición a establecer vías de reparación a favor de las víctimas, a pesar de que el rol protector de la fe y la religiosidad en el desarrollo de problemas de ansiedad y postraumáticos tras la experiencia de abuso sexual ha sido constatado en diferentes estudios (Walker et al., 2009) y la respuesta de la Iglesia podría ayudar a muchas víctimas a reparar el daño causado.

La percepción de las víctimas respecto de la actitud de las congregaciones es de desconfianza. Principalmente, por la falta de actuación inicial respecto de los hechos. A la vez, algunas de ellas ya se habían dirigido a la congregación antes de acudir a la Comisión, pero no se sintieron acogidas ni obtuvieron una respuesta satisfactoria (Dale y Alpert, 2007). En los casos en que ha habido investigaciones, estas han sido esencialmente de carácter interno y han facilitado poca información respecto de los procedimientos seguidos, independientemente de que hayan incluido en este procedimiento a alguna persona externa, lo que ha generado nuevamente desconfianza en las víctimas. En lugar de recibir la aceptación y el apoyo de la institución religiosa, las víctimas de abuso sexual perpetrado por el clero a menudo informan que han sido excluidos o condenados al ostracismo por miembros de su comunidad, en gran parte debido a la determinación de defender a la organización de las acusaciones de abuso sexual, antes que a las propias víctimas (Harper y Perkins, 2018).

En síntesis, nuestra experiencia con la Comisión del Síndic de Greuges nos ha permitido confirmar que el abuso sexual de menores en el ámbito de la Iglesia católica en Cataluña, como en el conjunto de España, es una realidad que permanece aún hoy oculta y silenciada. La creación de una comisión especializada por parte del Síndic de Greuges de Cataluña ha tenido como objetivo invitar a aquellas personas, víctimas o testigos de hechos de este tipo, ya prescritos, a hablar y solicitar a la Iglesia una reparación del daño causado. La Iglesia no ha respondido siempre de la forma esperada, condenando en muchos casos al olvido a las víctimas de unos hechos que las han marcado durante años y que, en algunos casos, han tenido unas graves consecuencias en su vida. Ya es hora de que la Iglesia católica asuma de forma general, en todos los países del mundo y no solo en alguno de ellos, su responsabilidad como institución ante el daño causado a tantos niños y niñas que confiaban en ella y a sus familias, reparando, en lo posible, un dolor que jamás debería haberse producido y, mucho menos, ignorado.