INTRODUCCIÓN
El presente ensayo tiene un doble propósito. Por un lado, busca contribuir a la comprensión y articulación de los conceptos de gubernamentalidad y biopoder presentes en el pensamiento foucaultiano y, por otro, relevar la importancia de estos conceptos para pensar e investigar referente a las migraciones contemporáneas, a partir de un conjunto de reflexiones pertinente a las prácticas que desarrollan distintas instituciones del Estado chileno en la gestión de las migraciones en tres ámbitos: la solicitud y otorgamiento del refugio, la irregularidad migratoria y el proceso de obtención de visa e inserción en el mercado laboral.
En este sentido, para el desarrollo de este ensayo se han propuesto dos preguntas para guiar la reflexión: ¿En qué consisten y cómo se articulan los conceptos de gubernamentalidad y biopoder? ¿De qué manera estos conceptos del pensamiento foucaultiano pueden contribuir a la investigación social en el ámbito de las migraciones contemporáneas, especialmente vinculadas al caso chileno?La tesis general que guía este trabajo radica en que, el horizonte de comprensión de los conceptos de gubernamentalidad y biopoder se encuentran en una analítica de las relaciones de poder y, en ese sentido, el concepto de gubernamentalidad comprendido como discursos y prácticas de gobierno en la vida de los individuos y las poblaciones, y como tecnología de gobierno moderno, se vincula con el concepto del biopoder, en el marco de los cambios emergidos en el siglo XVIII con la gubernamentalidad liberal (Foucault, 2012b), que coincide con la generación de ciertas transformaciones en las formas de ejercicio del poder, donde: "podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el poder de hacer vivir o de arrojar a la muerte" (Foucault, 2012a, p. 130).
De la misma manera, sostengo que el concepto de gubernamentalidad permite pensar en una gubernamentalidad de las migraciones, la que se encontraría anclada en una gubernamentalidad neoliberal, que busca producir un cierto tipo de migración y sujeto migrante, que se desarrollan mediante distintos discursos y prácticas de biopoder, cuestión que es posible observar en las maneras en cómo el Estado chileno y sus instituciones han gestionado los distintos flujos migratorios que ha vivido el país en los últimos años.
Este artículo está dividido en dos partes, en primer lugar, se abordan los conceptos de gubernamentalidad y biopoder en el pensamiento foucaultiano y, en segundo lugar, se desarrollan varias reflexiones acerca de lo que he denominado gubernamentalidad de las migraciones a partir del análisis de diversas prácticas de gobierno a las personas migrantes, desarrolladas por diferentes instituciones del Estado chileno.
GUBERNAMENTALIDAD Y BIOPODER EN EL PENSAMIENTO FOUCAULTIANO^1^
A. Hacia una analítica de las relaciones de poder
Como señalé anteriormente, en este ensayo sostengo que el marco general de interpretación de los conceptos de gubernamentalidad y biopoder es posible encontrarlo en el esfuerzo de Foucault por realizar una analítica del poder. En esa línea, uno de los desafíos relevantes para el proyecto foucaultiano es cómo pensar el poder en términos no esencialistas y al margen de las nociones jurídico-discursivas que han primado en los estudios de este. Para ello, sostiene la necesidad de avanzar hacia una analítica de las relaciones de poder y los instrumentos con los que este actúa ( Foucault, 2006, 2012a).
Esta analítica del poder busca contribuir a otra interpretación de los procesos sociohistóricos, tal como lo señala el propio Foucault: "Al forjar otra teoría del poder se trata, al mismo tiempo, de formar otra cuadrícula de desciframiento histórico y, mirando más de cerca todo un material histórico, de avanzar poco a poco hacia otra concepción del poder" (Foucault, 2012a, p.89).
Ahora bien, Foucault (1994, 2012a) sostiene que el poder consiste en relaciones de fuerza y dominación que están presentes en todas partes y en cualquier relación el que uno intente conducir la conducta del otro, por tanto, hablamos de relaciones que son móviles, que se desplazan, transitan, pues el poder es algo que se ejerce, nunca se posee por completo y se constituye en medio de relaciones de fuerza, lucha y enfrentamiento, lo que supone que el poder siempre se ejerce de manera estratégica y, en ese sentido, tiene entre sus efectos, la capacidad de producir y generar procesos de sujeción y subjetivación. En tal sentido, Foucault señala que el poder tiene la capacidad de transformar a los individuos en sujetos, en aquello que deben ser:
Hay dos significados de la palabra sujeto: sometido a otro a través del control y la dependencia, y sujeto atado a su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. Ambos significados sugieren una forma de poder que subyuga y somete ( Foucault, 1988, p. 7).
Por tanto, en el pensamiento foucaultiano es posible encontrar esta relación entre poder y constitución de sujetos, en términos de que los individuos, devenidos en sujetos, son efectos de discursos y prácticas de sujeción y subjetivación. No obstante, el proceso por el cual el sujeto incorpora el poder no es de manera intacta, al punto que, si bien puede asumirlo y apropiarlo, también puede actuar en contra ese poder (Butler, 1997/2001, p.12-23).
Lo anterior permite señalar también que, para Foucault (2006, 2012a), allí donde se ejerce el poder, también hay resistencia como una contracara al poder, la que no está en condición de exterioridad a las relaciones de poder, no es un elemento externo que le viene de fuera, está en relación de inmanencia al poder y se constituye de múltiples formas, en los distintos espacios donde se ejerce el poder.
De la misma manera, tampoco existe una relación de exterioridad entre poder y saber, ambos conforman lo que Foucault (2012a) denomina "focos locales" de poder y saber, formas de sujeción y esquemas de conocimiento y verdad que se encuentran constituidas e implicadas mutuamente. En esa línea, más que preocuparse de quién posee el poder o el saber, hay que buscar: "El esquema de las modificaciones que las relaciones de fuerza, por su propio juego implican. [Pues] las relaciones de poder-saber no son formas establecidas de repartición sino 'matrices de transformaciones'" (Foucault, 2012a, p. 95). Asimismo, Foucault (2012a) advierte que, para que actúen los mecanismos de poder-saber, estos requieren un encadenamiento sucesivo mediante un conjunto de estrategias que se apoyan en relaciones precisas que le sirven de soporte.
En esta línea, también es importante señalar que otro elemento incorporado por Foucault en sus investigaciones acerca del poder es el de dispositivo, el que, tal como lo señala Agamben (2011, pp. 249-250), a pesar de su extensa y central utilización en los cursos dictados en el Collège de France en los años setenta y en dos de sus obras publicadas en vida, el volumen 1 de la Historia de la Sexualidad(Foucault, 2012a) y Vigilar y Castigar ( Foucault, 2009), Foucault nunca otorgó una definición del concepto como tal, a excepción de un par de ocasiones ( Castro, 2018, p. 131).
Siguiendo a Agamben (2011), la noción de dispositivo en Foucault "parece remitir a un conjunto de prácticas y mecanismos (invariablemente discursivos y no discursivos, jurídicos, técnicos y militares) que tienen por objetivo enfrentar una urgencia para obtener un efecto más o menos inmediato" (p. 254) y que en la analítica del poder tienen relevancia, toda vez que permiten denominar al conjunto de estrategias muy heterogéneas que se relacionan y tienen un rango de acción e intervención en sectores amplios de la población y que, en tanto acciones de gobierno, implican siempre la generación de procesos de producción de sujetos, por lo mismo, tienen un objetivo estratégico y está en un proceso continuo de cambio, en función de los efectos (esperados o inesperados) que va produciendo ( Agamben, 2011; Castro, 2018).
En síntesis, el poder en Foucault hay que entenderlo como relaciones de poder que se ejercen en una red de relaciones, de manera descentralizada, que tienen funciones tácticas, que se configuran estratégicamente por medio de varios mecanismos que transitan por distintos discursos y prácticas, en los que se busca conducir la vida de los otros, pero que pueden y son resistidos de múltiples maneras por colectivos o individuos. De la misma manera, el poder se encuentra vinculado estrechamente con la formación y producción de formas de verdad que producen determinados tipos de conocimientos en los individuos, con efectos de sujeción y subjetivación.
B. El concepto de gubernamentalidad
A partir del marco general de la analítica de las relaciones de poder, es posible comprender el desarrollo de los conceptos de gubernamentalidad y biopoder en el pensamiento foucaultiano. Respecto del concepto de gubernamentalidad, Foucault (2006) señala que el problema del cómo gobernar siempre ha estado presente en la historia de Occidente, sin embargo, es entre los siglos XVI y XVIII donde se comienzan a producir ciertas transformaciones asociadas al arte de gobernar. En términos generales, la gubernamentalidad puede ser comprendida como la tendencia, la línea fuerza del ejercicio del poder en Occidente, una forma de gobierno que busca una y otra vez conducir la conducta de los individuos y las poblaciones.
En este sentido, para Foucault, el concepto de gubernamentalidad permite la constitución de una grilla de análisis en las prácticas de gobierno, a partir de estas se puede comprender el Estado, es decir, permite observar cómo detrás de las instituciones y su despliegue es posible encontrar, en términos más globales, una tecnología de poder, una forma de conducir y guiar la conducta de las poblaciones ( Foucault, 2006, 2012b).
Ahora bien, los orígenes y anclajes de la gubernamentalidad moderna se pueden encontrar en la configuración del poder pastoral hebreo precristiano, pero sobre todo cristiano. En esa línea, el autor sostiene que el pastorado cristiano a partir del siglo III dio lugar a una institucionalidad que no se había dado anteriormente en el mundo hebreo, mediante la constitución de una estructura organizacional sostenida en el poder pastoral y la dirección de conciencia. Así, la figura del pastor estructurará todas las relaciones al interior de la Iglesia y su institucionalización requerirá la creación de varias reglas, técnicas y procedimientos propios, que buscan regular el arte del pastorado, como una forma de conducir y guiar personas ( Foucault, 2006).
Dicho esto, Foucault (2006) se interroga: "Cómo pudo plantearse el problema del gobierno y la gubernamentalidad sobre la base del pastorado" (p. 224). Este tránsito del pastorado a la gubernamentalidad lo sitúa en la crisis general del pastorado en el siglo XVI, pero también en las distintas formas de contraconducta (resistencias), que emergieron en contra del poder pastoral durante la Edad Media. En este contexto, desaparecieron progresivamente dos formas de soberanía político-religiosa que buscaban dar unidad, salvación y gobierno a Occidente: el Imperio y la Iglesia, que representaban dos grandes formas del pastorado en lo temporal y lo espiritual.
Estas transformaciones darán lugar a una forma específica de gubernamentalidad en los siglos XVI y XVII, denominada Razón de Estado, cuya idea reguladora es el Estado, un arte de gobernar para asegurar su permanencia y la ampliación. Así, con el objetivo de mantener una relación de fuerzas entre los Estados europeos y un crecimiento de las fuerzas de cada Estado, esta gubernamentalidad requirió la formulación de dos grandes dispositivos, por un lado, uno diplomático-militar para sus relaciones con los demás Estados europeos y, por otro, uno de policía para la gestión interna ( Foucault, 2006, 2012b).
La Razón de Estado implicó un poder ilimitado por parte del soberano, que permitió gobernar a los individuos de manera directa por medio de actos administrativos: reglamentos, ordenanzas, prohibiciones, arrestos, etc. Asimismo, junto con los dispositivos de diplomacia militar permanente y la policía, generó las condiciones para la emergencia y desarrollo del mercantilismo, como una forma de organizar la producción y el enriquecimiento del Estado a partir de la acumulación de riqueza, el crecimiento de la población y la competencia permanente con los otros Estados ( Foucault, 2006, 2012b).
Para Foucault (2006), la crisis de la Razón de Estado es posible situarla e identificarla en el siglo XVIII a partir del problema de escasez de los granos, particularmente en Francia. Así, en torno a esta crisis comenzó a operar un cambio importante en las formas de gobierno, dando lugar a una nueva gubernamentalidad, la de los economistas. Esta gubernamentalidad liberal implicó una descomposición y desarticulación de la policía y el mercantilismo como estrategias propias de la Razón de Estado, sin modificar casi el dispositivo diplomático militar ( Foucault, 2006, 2012b).
En términos generales, la gubernamentalidad liberal tuvo como propósito limitar el poder de gobernar de la Razón de Estado y su carácter ilimitado. Foucault toma la noción de gobierno frugal de Benjamín Franklin para dar cuenta de este giro de la gubernamentalidad, cuyo principio regulador será la economía política (Foucault, 2012b)^2^.
La gubernamentalidad liberal va a limitar su ámbito de acción en el mercado, pues este requiere ser dejado libre, bajo la premisa de que la intervención estatal implicaba una desnaturalización y alteración del mercado. En tal sentido, el liberalismo parte de la convicción de que, si se deja actuar al mercado, este tenderá a la autorregulación y los precios van a responder patrones de verdad que harán que se llegue a un precio natural, que es el precio verdadero, el que correspondería al precio justo, un mecanismo tal que produciría un beneficio, al vendedor y el comprador y que, a largo plazo, permitiría llevar a los Estados y los individuos hacia un enriquecimiento (Foucault, 2012b).
Uno de los anclajes de la gubernamentalidad liberal es la libertad, al punto que el liberalismo solo puede funcionar si existen ciertas libertades: "Libertad de mercado, libertad del vendedor y el comprador, libre ejercicio del derecho de propiedad libertad de discusión, eventualmente libertad de expresión, etc." (Foucault, 2012b, p.84). No obstante, al mismo tiempo que requiere libertad, o la produce, la limita, controla, amenaza y destruye (Foucault, 2012b).
Para Foucault (2012b), una de las transformaciones relevantes de la gubernamentalidad liberal se produjo en la primera mitad del siglo XX, con la constitución del neoliberalismo, el que se enfrenta a un desafío distinto del que ocupó al liberalismo del siglo XVIII, en tanto que, "no se trata de liberar un lugar vacío sino de remitir, referir, proyectar en un arte general de gobernar los principios formales de una economía de mercado" (Foucault, 2012b, p.157).
Este neoliberalismo del siglo XX tiene dos puntos de anclaje, por un lado, el neoliberalismo alemán de la posguerra, desarrollado especialmente por la Escuela de Friburgo y difundida por medio de la revista Ordo, y el neoliberalismo norteamericano.
Respecto del neoliberalismo alemán, es importante señalar que, en su formación y consolidación posterior al término de la Segunda Guerra Mundial, confluyen distintos elementos, tales como las exigencias de la posguerra en materia económica, la necesidad de reconstrucción y reconversión de una economía de guerra en una economía de paz y un nuevo contexto político y demográfico que confluyen con la necesidad y exigencia respecto de la no repetición de las experiencias del nazismo (Foucault, 2012b).
Foucault (2012b) considera que esta idea de que para lograr la estabilidad del país se ha de liberar la economía, es un elemento que comienza a tomar fuerza en el marco de la posguerra, al punto de considerar que las libertades económicas son la base para la legitimidad de un Estado debilitado y que había que reconstruir.
En este sentido, para Foucault, el neoliberalismo alemán del siglo XX representa una nueva forma de cálculo político, donde a partir de la libertad económica se buscó fundar un Estado. Para que esto ocurriese, se debió reelaborar algunos elementos en el arte liberal de gobernar, para ello fue fundamental la influencia que ejerció la Escuela de Friburgo. En este marco, es importante la lectura que estos realizan acerca del nazismo, al que consideran como una forma de gobierno que implica un "crecimiento indefinido del poder estatal" (Foucault, 2012b, p. 142), aun cuando, paradójicamente, para Foucault, el nazismo representa un empobrecimiento del Estado.
La estrategia del neoliberalismo alemán no será limitar la acción del Estado como en el liberalismo del siglo XVIII, sino más bien, apuntarán a la modificación de la relación misma entre mercado y Estado, poniendo a la libertad de mercado como el principio organizador y regulador del Estado, lo que constituirá las bases para de la refundación de Alemania después de la Segunda Guerra. En esta línea, hubo dos transformaciones relevantes realizadas al liberalismo del siglo XVIII, por un lado, el posicionamiento de la competencia como un principio relevante para el mercado y, por otro, la política social del Estado bajo el modelo de empresa (Foucault, 2012b), lo que implica que, en la medida en que los Estados asumen el modelo económico neoliberal, van construyendo una política social privatizada, y una acción gubernamental que permite la libre competencia del mercado.
Por su parte, respecto del neoliberalismo norteamericano, Foucault (2012b) sitúa su emergencia y desarrollo durante el siglo XX, en la constitución de una oposición y crítica a la política social del New Deal, los pactos sociales y económicos construidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y el fortalecimiento del aparato público para resolver cuestiones sociales tales como educación, pobreza y segregación. En el desarrollo del neoliberalismo estadounidense, parece relevante destacar dos elementos clave identificados por Foucault (2012b). Por un lado, la teoría del capital humano y, por otro, la reinserción del homo oeconomicus al análisis económico.
Respecto de la teoría del capital humano, Foucault (2012b) señala que los neoliberales norteamericanos sostienen que pese a que en la elaboración de bienes aparecen implicados la tierra, el capital y el trabajo, sin embargo, este último no suscitó una mayor reflexión y teorización desde el liberalismo clásico, de ahí entonces que se hace necesaria la introducción de una reflexión pertinente al trabajo en el análisis económico. Para el autor, esta crítica es extraña y se sitúa en la desconexión y falta de diálogo de los neoliberales con la reflexión de Marx respecto del trabajo, quien elabora una profunda teoría respecto de este.
Sin embargo, con la introducción del trabajo en la reflexión económica, los neoliberales buscan desarrollar un giro epistemológico en el análisis económico, una modificación del objeto general de análisis de la economía, cuyo objeto de estudio será el análisis de una actividad y su racionalidad interna (Foucault, 2012b, p. 261).
Lo anterior implicó pensar al trabajador como un sujeto económicamente activo, que recibe un salario por la realización de una actividad, el que será concebido como un ingreso, la renta de un capital administrado por el propio trabajador: "¿Qué es el capital cuya renta es el salario? Bueno, es el conjunto de factores físicos y psicológicos que otorgan a alguien la capacidad de ganar tal o cual salario" (Foucault, 2012b, p. 262).
Este capital humano está constituido por elementos innatos y adquiridos, y es posible de ser intervenido con el fin de maximizar y mejorar su desempeño, la productividad, el crecimiento y el progreso, pues estos también son resultado de la gestión del capital humano y cómo este es invertido (Foucault, 2012b).
El segundo elemento vinculado a la gubernamentalidad neoliberal norteamericana radica en la reinserción del homo oeconomicus al análisis de la economía, como "Un homo oeconomicus empresario de sí mismo, que es su propio capital, su propio productor la fuente de [sus] ingresos" (Foucault, 2012b, p. 265).
En esa línea, Foucault (2012b, p. 310) plantea que, autores ligados al neoliberalismo, sugieren una posición que no es compartida necesariamente por todos los neoliberales y es que, el homo oeconomicus puede ser gobernado, lo que plantea un giro en la discusión, pues durante el siglo XVIII este aparece como "una suerte de átomo irremplazable e irreductible" (Foucault, 2012b, p. 313), que no se superpone ni identifica con el ordenamiento jurídico.
Para Foucault (2012b), este giro plantea la pregunta: ¿Cómo gobernar en este espacio constituido por sujetos que son a la vez, sujetos económicos y de derecho sin reducir su autonomía? Para ello, deberá constituirse un nuevo campo de referencia, en donde el soberano pueda ejercer su arte de gobernar. Ese nuevo campo de intervención, para Foucault, es la sociedad civil, por tanto, más que un universal, esta es una tecnología de gobierno que debe responder o ajustarse jurídicamente a las lógicas económicas del mercado, es un arte de gobernar que tiende a no transgredir ni las leyes de la economía ni del derecho.
Ahora bien, a partir del análisis trazado, y siguiendo a Díaz (2014, pp. 126-127) y Kalm (2008, pp. 22-23), pienso que el concepto de gubernamentalidad desarrollado por Foucault puede ser comprendido en términos más generales, como ese arte general de conducir la conducta de los otros, de gobierno de las poblaciones y los individuos y, de la misma manera, como una grilla de análisis sobre los discursos y prácticas de gobierno del Estado y sus instituciones. Asimismo, en términos históricos, la gubernamentalidad puede ser comprendida como esa forma específica de gobierno que emergió en la modernidad y que Foucault desarrolla a partir del liberalismo y neoliberalismo. Es justamente esta vaguedad y tránsito permanente del concepto de gubernamentalidad, lo que me permitirá transitar hacia un análisis situado de lo que denomino gubernamentalidad de las migraciones.
Esta gubernamentalidad de las migraciones implica que, en sus prácticas, las distintas instituciones y agentes del Estado parecieran buscar la producción de un determinado tipo de migración, la migración laboral, la que requiere una cierta forma de control y regulación a los cuerpos y la vida de las personas migrantes constituidos como población y anclada, como veremos más adelante, en discursos y prácticas de biopoder, los que apuntan no solo a un conocimiento de los comportamientos y regularidades de esta población, sino también, hacen posible su intervención y seguimiento al interior del país, cercando a aquellas personas y familias que puedan constituir un riesgo o se aparten de aquellas regularidades definidas para la población.
C. El concepto de biopoder
En lo que dice relación con el concepto de biopoder, Foucault (2012a) utiliza este concepto para abordar los cambios acontecidos en el siglo XVIII en las formas de ejercicio del poder, donde el viejo derecho del soberano de "hacer morir o dejar vivir" (Foucault, 2012a, p. 130), sufre un desplazamiento, a partir del cual, los mecanismos de poder buscan producir fuerzas, hacerlas crecer y ordenarlas, más que doblegarlas o destruirlas. En ese sentido, la emergencia del biopoder es posible comprenderla en el marco de la emergencia de la gubernamentalidad liberal, la intervención sobre las poblaciones y el desarrollo de los dispositivos de seguridad ( Foucault, 2006, 2012b).
Respecto de los dispositivos de seguridad, estos se distinguen de las disciplinas, en las formas en cómo intervienen a los individuos y cómo establecen la normalidad y la anormalidad. Mientras que las disciplinas buscan intervenir los cuerpos de manera individual, los dispositivos de seguridad se preocupan de los sujetos en su conjunto, estableciendo las probabilidades y coeficientes que les rigen en materia de mortalidad, morbilidad, enfermedad y muerte ( Foucault, 2006).
Por su parte, Foucault (2006) sostiene que el concepto de población a partir del siglo XVIII comienza a modificarse. Los fisiócratas tienen un tratamiento de la población donde: "Se la considerará como un conjunto de procesos que es menester manejar en sus aspectos naturales" ( Foucault, 2006, p. 93).
Este carácter de naturalidad de la población implica que esta no es simplemente suma de individuos que viven en un territorio, una voluntad general o un dato básico, la población varía: "Es un dato dependiente de toda una serie de variables que le impiden, entonces, ser transparentes a la acción del soberano" ( Foucault, 2006, p. 94), de ahí entonces que esta naturalidad requiriera la producción de un tipo de conocimiento e intervención con ciertas especificidades para su control y regulación.
Así, los Estados comienzan a desarrollar un control, una gestión, sobre la vida de los individuos. Justamente, es aquí donde debemos inscribir la constitución de una determinada forma de ejercicio del poder sobre la vida de los individuos constituidos como población, llamada biopoder, la que puede ser comprendida como:
El conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general de poder; en otras palabras, cómo a partir del siglo XVIII, la sociedad, las sociedades occidentales modernas tomaron en cuenta de que el hombre constituye una especie humana ( Foucault, 2006, p. 15).
En esta línea, Foucault (2012a) plantea que el biopoder está constituido por dos polos que forman parte de un mismo proceso: una intervención de las disciplinas y una biopolítica de las poblaciones, las que constituyen "Un elemento indispensable para el desarrollo del capitalismo" (p. 133).
En este punto, una cuestión relevante es pensar en qué consisten ambos polos del biopoder:
Uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue centrado en el cuerpo como máquina: su adiestramiento, el aumento de sus aptitudes, la extorsión de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas: anatomopolítica del cuerpo humano. El segundo polo, formado algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, se centró en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y su longevidad con todas las condiciones que pueden hacerlos variar. Todos estos problemas son tomados a su cargo por una serie de intervenciones y de controles reguladores: una biopolítica de la población (Foucault, 2012a, pp. 131-132).
Entonces, mediante las disciplinas y la biopolítica se constituyen un conjunto de estrategias y, por medio de ellas, el ingreso de la vida, los procesos de la vida biológica de la especie humana, como objeto de conocimiento y de intervención política ( Foucault, 2006, 2012a).
Ahora bien, respecto de la articulación entre gubernamentalidad y biopoder me parece importante indicar que, cuando sugiero pensar tal relación, estoy pensando en la relación entre ese arte de gobernar liberal y neoliberal y las políticas del poder sobre la vida.
Para el liberalismo, la producción de la libertad como base para la operación del mercado, implicará el desarrollo de ciertos mecanismos de seguridad que la resguarden frente a una diversidad de peligros. En esa línea, el liberalismo, en contrapartida al desarrollo de libertades, debe generar varios mecanismos de coacción y control (Foucault, 2012b).
De ahí entonces que una de las primeras claves de esta relación entre gubernamentalidad y biopoder la encontramos al lado de los dispositivos de seguridad ( Foucault, 2006 y 2012b), que buscan regular las libertades y prevenir los peligros.
No obstante, si bien parece correcto indicar que existe una vinculación entre la gubernamentalidad liberal y neoliberal y el biopoder, esta no hay que entenderla de manera lineal, causal y dependiente la una de la otra, de hecho, el propio Foucault (2006, 2012a) señala que la anatomopolítica del cuerpo humano se formó con anterioridad al surgimiento de la gubernamentalidad liberal, en los tiempos de la Razón de Estado. Además, el autor también indica que el problema de la vida y la población, si bien ha estado atravesado por la gubernamentalidad liberal y neoliberal, no ha sido siempre exclusivo de esta (Foucault, 2012b).
Por tanto, a partir de lo expuesto, podría sostener que si bien no hay un vínculo y articulación exclusiva entre gubernamentalidad liberal y neoliberal y biopoder, sin embargo, los mecanismos de control y regulación sobre los cuerpos y la vida de la población se ven reforzados, sostenidos y desarrollados de forma más extensa en aquella tecnología de gobierno, en tanto que, junto con poner el énfasis en la constitución de la libertad, requirieron (y requieren) de formas de control y regulación sobre los individuos constituidos como población, de ahí entonces que es plausible comprender el biopoder como un conjunto de mecanismos que se instalan en el seno del arte de gobierno liberal y neoliberal.
Es justamente en este cruce entre gubernamentalidad y biopoder que pone a la vida (y su regulación) en el centro de los discursos y las prácticas de gobierno, donde me parece relevante pensar las formas en cómo opera esto que he denominado gubernamentalidad de las migraciones, que en su gestión va produciendo ciertos tipos de sujetos migrantes como deseables, admisibles y legítimas para el cuerpo social (Sayad, 1984/2003), dejando o arrojando a la muerte a tantos otros, en una lógica que se mueve entre el biopoder y la necropolítica ( Mbembe, 2011).
En efecto, y tal como señala Estévez (2018, p. 31), en los estudios migratorios, necropoder y biopoder no son excluyentes, al contrario, son constitutivos, por ejemplo, "el uso de la Ley de Asilo como biopolítica migratoria es posible en la medida en que existe una necropolítica que expulsa a las personas de su país" ( Estévez, 2018, p. 31).
En relación con esto, cobra sentido el planteamiento de Mbembe (2011), respecto de que la soberanía y la vida en Occidente se han desarrollado de forma coextensiva al derecho a matar o dejar morir. Siguiendo esta línea, uno pudiese pensar que la producción de la migración laboral, el migrante laboral, apto para incorporarse al sistema productivo, se ha constituido de forma coextensiva a ese dejar morir, echando a su suerte a las personas migrantes en situación irregular y de la invisibilización de las personas que migran por motivos humanitarios.
GUBERNAMENTALIDAD DE LAS MIGRACIONES EN CHILE: REFLEXIONES ACERCA DE LA PRODUCCIÓN DE LA MIGRACIÓN LABORAL
Ahora bien, esta gubernamentalidad de las migraciones contemporáneas encuentra sus puntos de anclajes en la gubernamentalidad neoliberal, de la que Chile no es solo su heredera, sino también el intento de formación de un Estado neoliberal a partir del golpe de Estado en 1973, financiada y respaldada, principalmente, por Estados Unidos (Harvey, 2007, pp. 14-16). Es por ello que he decidido realizar un conjunto de reflexiones acerca de cómo opera la gubernamentalidad de las migraciones a partir del caso chileno.
En el caso de Chile, es importante señalar que en los últimos años este se ha convertido en un país receptor de migrantes, principalmente latinoamericanos. La estabilidad política y social del país, el crecimiento económico durante los primeros años del siglo XXI, asociados principalmente a la extracción y exportación de cobre y el contexto internacional, en el que progresivamente se fueron poniendo mayores restricciones a las migraciones en Europa y Estados Unidos, han contribuido al fortalecimiento de los flujos migratorios a Chile, a pesar de que el país cuenta con una normativa en materia migratoria que dificulta la inserción en el mercado laboral y la regularización migratoria ( Stefoni, 2011; Silva y Lufin, 2013; Stefoni y Stang, 2017; Bassa Mercado y Torres Villarrubia, 2015; Macaya Aguirre y Concha de la Carrera, 2020).
La política migratoria del Estado de Chile se rige, principalmente, por el Decreto Ley Nº 1094 de 1975 y su reglamento (Decreto Supremo Nº 597), la Ley 20.430 que establece disposiciones sobre la protección a refugiados y su reglamento (Decreto Nº 837) y la Ley 20.507 que aborda los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas^3^.
Distintas investigaciones han reportado la existencia de ciertas barreras de acceso y dificultades que enfrentan las personas extranjeras que migran a Chile, entre ellas: problemas para ingresar al territorio de Chile (Instituto Nacional de Derechos Humanos 2013; Liberona, 2015); la tramitación de los permisos de residencia e inserción en el mercado laboral ( Silva y Lufin, 2013; Stang y Stefoni, 2016; Silva, Ramírez-Aguilar y Zapata, 2018); dificultades para acceder a la solicitud de refugio y el estatus de refugiado ( Amador, 2010a, 2010b; Liberona, 2012; Echeverri, 2016; Liberona y López, 2018); problemas de acceso y trato para acceder a prestaciones públicas como salud y educación ( Liberona y Mansilla, 2017; Larenas y Cabieses, 2018).
A continuación, buscaré mostrar algunos puntos críticos que dan cuenta de cómo operan las prácticas de gubernamentalidad en la población migrante, constituidas y articuladas en torno a un dispositivo que he denominado dispositivo de regularización migratoria, el que reúne distintos discursos, prácticas e instituciones con las que se busca configurar las maneras y posibilidades de habitar de las personas migrantes y la producción de un determinado tipo de sujeto migrante trabajador en Chile.
Ciertamente, el campo de las relaciones de poder, en el ámbito de las migraciones, es muy amplio, sin embargo, mi exposición solo se abocará a tres ámbitos específicos: la gestión del refugio, la irregularidad migratoria y el proceso de obtención de residencia (visa) e inserción en el mercado laboral. Esto lo realizaré a partir de la información reportada por otras investigaciones, así como también revisión de actos administrativos, diagnósticos, fallos judiciales y descripciones de procesos recogidos en distintas observaciones que he realizado en el trabajo de campo realizado en Antofagasta (Chile) en el período 2015-2020.
A) Refugio
Para abordar el tema de gestión de las visas humanitarias debo partir mencionando que, en Chile, la ley de Refugio (y su reglamento) no estipula ningún tipo de examen de preadmisibilidad para formalizar las solicitudes de refugio en las Gobernaciones Provinciales (entidad gubernamental a cargo de recepcionar dichas solicitudes por medio de su Departamento de Extranjería y Migración).
No obstante, en la práctica, existen dos momentos en los que se trunca la posibilidad de acceder a la solicitud de refugio, la primera es en la frontera, donde conforme con el funcionario/a de turno está la posibilidad o no de que permitan acceder a territorio nacional como un solicitante de refugio. Luego, al momento de la formalización en la Gobernación Provincial, se realiza una entrevista de preadmisibilidad para ver si se le permite o no formalizar la solicitud, negando la posibilidad de hacerlo a muchas personas, cuestión que se experimentó desde la implementación de la ley en el primer gobierno de Sebastián Piñera en el período 2010-2014, que luego se subsanó por la vía administrativa durante el gobierno de Michelle Bachelet 2014-2018, y que ha vuelto a ser instalada en el actual gobierno de Sebastián Piñera, en los años 2018-2020 (INDH, 2013; Liberona, 2015; Liberona y López, 2018).
Aquellas personas que logran saltar las vallas iniciales y pueden formalizar la solicitud de refugio, obtienen una visa temporaria por 8 meses, la que se prorroga por el mismo período las veces que sea necesario mientras se encuentra en tramitación y análisis la solicitud, lo que puede durar años, debiendo renovar la visa cada 8 meses, lo que incluye renovar la cédula de identidad otorgada por el Estado chileno.
Si bien la visa temporaria para solicitantes de refugio permite a las personas solicitantes ac-ceder al empleo formal e insertarse en el mercado laboral, ellas terminan viviendo en una situación de excepcionalidad tal que, mientras que personas que no solicitaron refugio, obtienen la permanencia definitiva, una persona solicitante de refugio sigue en espera del resultado de su solicitud por un período mucho mayor de tiempo.
Se produce aquí un sujeto en constante espera, el que, además, se ve enfrentado a otra situación: la mayoría de las solicitudes de refugio, luego del análisis, se rechazan. Según la información del DEM (2020), del total de solicitudes de refugio presentadas entre el 2010 y 2020, solo se otorgó el refugio a 652 personas de un total de 16.784 extranjeras/os que solicitaron la protección humanitaria internacional. La mayoría de las solicitudes se han rechazado y otras aún se encuentran en proceso de tramitación.
El término del proceso de solicitud de refugio, que para la gran mayoría de las personas tiene como resultado la negación del estatus de refugiado por parte del Estado chileno, implica volver al inicio después de muchos años. Negada la solicitud de refugio, se debe pedir un permiso de residencia como una persona "migrante laboral". En ese momento, la situación de aquellas personas que solicitaron refugio, e ingresaron por un paso no habilitado, enfrentan la posición más compleja, pues deben ser sancionados por infracción al Decreto Ley 1.094, lo que en la mayoría de los casos termina constituyendo una ocasión para la aplicación de la medida de expulsión.
Un último punto respecto de la gestión del refugio. En los últimos años, debido a la crisis que vive Venezuela, más de 4 millones de venezolanas y venezolanos han salido del país y han buscado ingresar a distintos países de Suramérica, principalmente, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina ( Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2019). El gobierno de Chile generó dos medidas administrativas que buscaban conducir estos flujos migratorios; por un lado, en abril del 2018 se incorporó una visa temporaria, llamada Visa de Responsabilidad Democrática, para personas venezolanas que quisiesen vivir en Chile. Esta visa tiene una duración de un año, renovable, y permite desarrollar cualquier actividad dentro del país y, al término, la persona puede solicitar su permanencia definitiva o debe abandonar el país. En el caso de esta visa, ella debe ser solicitada en el consulado chileno en el país de origen, es decir, en Venezuela o en otro país en que la persona se encuentre viviendo en situación regular. Junto con lo anterior, en junio de 2019 se les impone el visado para ingresar de turistas a Chile, es decir que para entrar al país deben contar con un visto consular emitido en Venezuela o en otro país.
Ambas medidas buscan, por un lado, desincentivar la solicitud de refugio optando por la Visa temporaria de Responsabilidad Democrática y, por otro, intentan controlar el ingreso de personas venezolanas al país mediante la imposición del visado de turismo, políticas que por lo demás han generado un aumento relevante de los ingresos por pasos no habilitados y la irregularidad migratoria ( Servicio Jesuita a Migrantes [SJM-Chile], 2020, pp. 5-6).
B) Acerca de la gestión de la irregularidad migratoria
Ahora bien, el dispositivo de la regularización migratoria también ha implicado una determinada gestión de lo que se denomina migración irregular. En este punto, es importante remarcar que, para el caso chileno, una persona puede terminar en situación irregular por una variedad de razones: vencimiento de la visa de turista, el no término del proceso de tramitación de la visa, encontrarse trabajando sin un permiso de trabajo, no haber renovado el permiso de residencia o el ingreso al país por paso no habilitado, es decir, la irregularidad migratoria es producida por el propio Estado, sus procedimientos, los costos que implica la regularización, los largos tiempos de espera, la poca flexibilidad en los plazos y, evidentemente, por la constitución misma de las fronteras.
Para salir de la situación irregular, las personas deben presentar su autodenuncia en la Intendencia Regional (órgano perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado de Chile)^4^, luego de ello ingresan a un proceso de revisión del caso, lo que pudiese demorar meses e incluso años y, al término del cual, se emite un acto administrativo con la sanción correspondiente, la que puede ir desde una carta de amonestación hasta la medida de expulsión del país ( Díaz Tolosa, 2016).
Es oportuno señalar que durante todo el tiempo que dure el proceso de revisión del caso la persona está expuesta a varios controles y regulaciones: debe presentarse cada cierto tiempo a firmar a las dependencias de la Policía de Investigaciones^5^, no pueden desarrollar una actividad remunerada de manera formal (con contrato de trabajo y seguridad social), en algunos casos no pueden salir del país y solo cuentan con los documentos de identificación de sus países de origen. Al término del proceso de revisión, se genera un acto administrativo en donde se informa a la persona la sanción que ha recibido (que puede ser amonestación, multa u orden de expulsión), teniendo un plazo acotado para apelar dicha resolución^6^.
C) Solicitud de visa e inserción en el mercado laboral
En este punto es relevante partir con la tensión que se produce entre la solicitud de los permisos de residencia y la posibilidad de adquirir un contrato de trabajo, pues para pedir una visa asociada a una actividad laboral se requiere un contrato de trabajo y, por otro lado, los empleadores no firman contrato con las personas hasta que no tengan visa.
Un segundo elemento importante de mencionar dice relación con los largos tiempos de espera para obtener una solicitud de visa y el permiso de trabajo, especialmente en las Regiones Metropolitana y de Antofagasta (específicamente en la Gobernación Provincial de Antofagasta) donde se concentra un mayor número de migrantes en el país. En dichos lugares, las personas deben reunir toda la documentación que forma parte de los requisitos de la visa y, luego, enviarla por correo. Para recibir el documento de solicitud de visa en trámite y el ticket para pagar el permiso de trabajo, las personas de estas localidades deben esperar por lo menos, 55 días hábiles, período en el cual a pesar de estar residiendo en el país y poseer un contrato (o una promesa de contrato de trabajo), no pueden realizar una actividad remunerada de manera formal, pues requieren un permiso de trabajo ( Stang y Stefoni, 2016).
Un tercer aspecto relevante se encuentra relacionado con la posibilidad de acceder a una cédula de identidad emitida en Chile para ciudadanos extranjeros, pues con ella se obtiene un número de identificación (RUN)^7^, que posibilita la identificación en todas las instituciones del Estado y privadas, tales como bancos, tiendas comerciales, entre otras.
El problema es que solo pueden acceder a esta identificación las personas que han concluido su proceso de visado, es decir, que su visa ha sido aprobada, de ahí entonces que las personas que están en situación irregular o con visa en trámite no pueden acceder a ella. Lo que genera un problema considerando que desde que solicita el visado hasta que concluye el trámite pueden pasar por lo menos 18 meses.
Esta dificultad ha debido ser subsanada por las distintas instituciones interesadas o involucradas en la atención a personas migrantes. Así, por ejemplo, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), el seguro público de salud FONASA (Fondo Nacional de Salud), el Ministerio de Educación, por nombrar algunas, han generado Números de Identificación Provisorio para personas migrantes con visa en trámite o en situación irregular, con el fin de poder dar las prestaciones requeridas por las personas en esa institución, sin condicionar el otorgamiento de un servicio a la obtención de un número de identificación, nacionalidad o estatus migratorio.
D) Pensando las resistencias
Ahora bien, cuando Foucault (2006, 2012a) describe el poder y aborda la cuestión de las resistencias, plantea que estas son inmanentes al poder, emergen en su seno mismo, no son algo ajeno, sino más bien, ahí donde hay poder, hay resistencia. Por tanto, en este marco, es importante preguntarse acerca de cuáles son las resistencias que emergen en el seno mismo de esta gubernamentalidad de las migraciones, a partir del caso chileno.
En este horizonte es posible observar cómo los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, firmados y ratificados por Chile y su interpretación por parte de organizaciones de la sociedad civil o incluso por las propias instituciones del Estado, actúan como resistencias frente a prácticas de gubernamentalidad que buscan controlar, limitar, restringir los derechos de las personas migrantes.
Estas prácticas de gubernamentalidad, ponderadas como acciones discrecionales y arbitrarias, que atentan contra el espíritu de las leyes y que contravienen los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por Chile, pueden ser confrontadas y revertidas, inclusive, mediante acciones tales como el recurso de protección y recurso de amparo, presentes en la propia institucionalidad, entre cuyos efectos prácticos se encuentran haber permitido frenar procesos de expulsiones masivas, resguardar el acceso a la salud de mujeres gestantes y niñas, niños y adolescentes (NNA), el acceso a la educación de NNA y la lucha contra la apatridia, situación que se produjo a partir de la inscripción de NNA como hijos de extranjeros transeúntes, cuando los padres se encontraban en situación irregular, negándoles así el derecho a la nacionalidad.
De la misma manera, y en otro ámbito, parece relevante destacar asimismo cómo las personas migrantes también desarrollan ciertas prácticas cotidianas de resistencia para hacer frente a estas dinámicas de poder que intentan restringir, controlar y sitiar sus vidas. Así, las resistencias aparecen como prácticas de libertad en pos de proteger la propia vida y la de las familias de los espacios de precariedad y marginación que produce la gubernamentalidad de las migraciones en la producción del sujeto migrante laboral.
En este sentido, y por elemental que parezca, la persistencia de las migraciones, a pesar de las restricciones y dificultades impuestas a las personas migrantes, es una manifestación de resistencia, donde las personas migrantes no son pasivas ni neutras frente a las prácticas de gobierno.
Ciertamente, las personas migrantes, cruzando las distintas fronteras físicas y sociales que impone la gubernamentalidad de las migraciones por parte de los distintos Estados por los que transitan, dan cuenta que migrar es una manera de resistir a las condiciones de existencia en las que vivían en sus países de origen y las siguen generando, creando y recreando en medio de las prácticas que intentan limitar y controlar su migración.
Asimismo, viviendo en estas circunstancias, las personas migrantes en Chile deben hacer frente a múltiples situaciones adversas, algunas de ellas, tal como se abordó en secciones anteriores, devienen de la gestión del dispositivo de regularización migratoria, otras en cambio, obedecen, por ejemplo, a la segmentación del mercado laboral, que habitualmente los sitúa en empleos precarios y las dificultades de acceder al arriendo de una vivienda, que les permita vivir a ellas/os y sus familias.
Debido a ello, en la agudización de la tensión entre salarios que no alcanzan para cubrir todos los gastos (incluidas las remesas al país de origen) y la imposibilidad de tener un espacio propio en el cual vivir o experimentar que se está pagando un arriendo a un precio injusto, las personas migrantes siguen resistiendo y generan acciones que les permiten mejorar su situación de vida en este destino. Así, muchas personas migrantes se han ido a vivir a campamentos (toma de terrenos fiscales o privados, que no cuentan con servicios básicos de luz, agua, alcantarillado) y han generado estrategias de organización barrial comunitarias para exigir su acceso a la vivienda y el derecho a habitar la ciudad.
Respecto de ello, el catastro de Techo-Chile (2021, pp. 20-21) da cuenta de que alrededor de 24.964 familias migrantes viven en campamentos, lo que equivale al 30,58% del total de familias que viven en estos asentamientos. Sin embargo, en regiones que concentran un alto número de personas migrantes, esta presencia es mayor. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, el 56,84% de las familias que viven en campamentos son migrantes y, en la Región de Antofagasta, este índice alcanza al 66,68%.
En definitiva, cuando se piensa en las resistencias en el ámbito de la gubernamentalidad de las migraciones y su dispositivo de regularización migratoria, es posible identificar, al menos, dos campos de resistencia: el primero dice relación con aquellas prácticas que surgen al interior de las instituciones del Estado y la sociedad civil para ampliar el rango de cobertura y acceso a derechos, así como también impedir distintas arbitrariedades, tales como la negación de la solicitud de refugio, las expulsiones masivas o la negación de la nacionalidad. El segundo ámbito de resistencias es posible de identificar en la migración misma, es decir, en cómo las migraciones emergen como una posición de resistencia a prácticas de gobierno en los países de origen y se siguen desarrollando en los países de tránsito y destino a propósito de los límites y controles que los Estados imponen a la movilidad o las precariedades que produce el neoliberalismo, de ahí entonces que es plausible pensar las migraciones no solo como un derecho fundamental, sino como una manera de resistir al poder.
REFLEXIONES FINALES
Al inicio de este ensayo me propuse un doble desafío, por un lado, comprender y analizar los conceptos de gubernamentalidad y biopoder, su vinculación y articulación y, por otro, recoger y reflexionar respecto de distintas claves comprensivas del pensamiento foucaultiano que pudiesen contribuir a la investigación social, en particular a los estudios migratorios, a partir de la descripción y análisis de la gestión estatal de los procesos migratorios a Chile, con el fin de dar cuenta del rendimiento de estos conceptos en un campo de investigación emergente en Chile, como lo son las migraciones.
En este sentido, he resaltado el amplio rendimiento teórico y empírico que puede tener la analítica del poder para la investigación social, en especial para abordar fenómenos sociales como las migraciones contemporáneas. En esta línea, parece pertinente considerar que la renuncia de Foucault a los universales nos debe llevar a pensar los conceptos que emergen del propio repertorio foucaultiano (gubernamentalidad, biopoder, biopolítica, disciplinas), desde una perspectiva histórica, contextual, provisoria, transicional y relacional y no considerarlos como conceptos poseedores de una determinada esencia ahistórica y que, por lo mismo, pueden ser utilizados de manera flexible y situada en distintos campos de investigación.
En esta dirección, la reflexión pertinente a gubernamentalidad, biopoder y migraciones, a partir del caso chileno, permite dar luces relevantes de esta gestión neoliberal de los procesos migratorios contemporáneos en América del Sur. En tal sentido, me parece relevante señalar que las prácticas de gubernamentalidad de las migraciones ejercidas mediante el dispositivo de la regularización migratoria permiten mostrar cómo la producción de la migración laboral está repleta de prácticas de cómo se produce, se desecha y se deja a su suerte la vida de estos individuos.
Ahora bien, pareciese que en el caso de la gubernamentalidad de las migraciones en el caso chileno está posibilitada por la plasticidad de la norma, es decir, es el amplio margen que otorga la regulación vigente lo que posibilita realizar los cambios que se requieran para asegurar los "intereses del país" habilitando inclusive a los funcionarios para interpretar discrecionalmente la norma, sobre todo en los espacios de frontera (INDH, 2013; Liberona, 2015; Bassa Mercado y Torres Villarrubia, 2016). Entonces, esta gubernamentalidad de las migraciones no se da ni en contra, ni a pesar de las normas establecidas por el Estado, sino que son posibilitadas por los espacios abiertos que el mismo marco jurídico genera, lo que posibilita su despliegue.
Esta perspectiva de análisis de esta gubernamentalidad de las migraciones, desde una perspectiva local, si bien ha permitido describir ciertas prácticas de las distintas instituciones del Estado respecto de la producción de un determinado tipo de migración, sin embargo, tiene una limitación y es que no ha logrado articular esta realidad local con aquello que acontece en el plano internacional, tal como lo sugiere Kalm (2008, p. 16), quien plantea que debido a que las migraciones ocurren justamente en los bordes de lo local y lo internacional, es relevante analizar estas prácticas de gobierno desde una perspectiva global, para abordar empíricamente la posibilidad de pensar en una gubernamentalidad global. No obstante, este intento ha de ser tomado con precaución, con el fin de no convertir esta aproximación foucaultiana en un universal, que no nos permita pensar de manera situada las distintas formas de producción de sujetos que emergen en distintos puntos de la red de relaciones de poder.
NOTAS
- Esta sección la he construido, principalmente, a partir de la lectura de tres obras de Foucault: Historia de la Sexualidad 1: La voluntad de saber (2012a), Seguridad, Territorio, Población (2006) y Nacimiento de la Biopolítica (2012b). Las dos últimas corresponden a los cursos impartidos por el autor en el Collège de France.
- Respecto de la Economía Política, Foucault (2012b), en la clase del 10 de enero de 1979, plantea lo siguiente: "'Economía política': los equívocos mismos de la expresión y de su sentido en la época indican, por un lado, de qué se trataba fundamentalmente todo esto, porque ustedes bien saben que entre 1750 y 1810-1820 la expresión oscila entre diferentes polos semánticos. A veces apunta a cierto análisis estricto y limitado de la producción y la circulación de riquezas. Pero 'economía política' también alude de una manera más amplia y práctica, a todo método de gobierno en condiciones de asegurar prosperidad de una nación. Y por último, [la] economía política --son, por otra parte, las palabras que utiliza Rousseau en su famoso artículo 'Economie Politique' de la Encyclopédie-- es una suerte de reflexión general sobre la organización, la distribución y limitación de los poderes en una sociedad. En lo fundamental, creo que la economía política es lo que permitió la autolimitación de la razón gubernamental" (p. 30).
- Al momento de elaboración del artículo, se aprobó una nueva ley migratoria en Chile, la que entrará en vigencia una vez que esté listo su reglamento. Para más información acerca de la regulación migratoria en Chile, es posible revisar: https://www.extranjeria.gob.cl/leyes-migratorias/
- Es importante señalar que el Departamento de Extranjería y Migración de Chile, perteneciente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por medio de la Circular Nº 30.722 del 10 de septiembre de 2014, estableció que las niñas, niños y adolescentes están exentos de cualquier sanción en materia migratoria, así como sus padres al no haberlos regularizado. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes podrán solicitar un permiso de residencia, sin importar la situación migratoria de sus padres y sin ser sometidos a un proceso de sanción migratoria como los adultos.
- En Chile, la Policía de Investigaciones, mediante el área de Migraciones y Policía Internacional, tiene a su cargo el control y monitoreo de las personas extranjeras que ingresan a territorio nacional.
- No obstante, las personas en situación irregular tienen acceso a las prestaciones de salud pública. Para mayor detalle respecto de este tema se pueden revisar los siguientes actos administrativos: Circular A15 Nº 06 del Ministerio de Salud (MINSAL) del año 2015; Decreto 67 del Ministerio de Salud del 2016, que modifica el Decreto Nº 110 del MINSAL del 2004, sobre la carencia de recursos en salud; La Circular A15 Nº 04 del Ministerio de Salud del 2016.
- Rol Único Nacional