1. INTRODUCCIÓN
La siguiente propuesta reflexiva se desarrolla a partir de los acontecimientos sociopolíticos actuales colombianos, en los que la psicología política tiene presencia de forma crítica y propositiva (Godoy-Flores et al., 2022). En este sentido, la paz, y cada uno de sus elementos constitutivos, como las mesas de diálogo, los acuerdos bilaterales, el desarme, el restablecimiento jurídico, la reinserción, entre otros, resulta de un proceso multidimensional, de interlocución dinámica que vincula distintos territorios, discursos y actores, como es el caso de los movimientos sociales, quienes, desde su agenda y su conciencia política plural y diversa, terminan siendo determinantes, tanto en la construcción de nuevos marcos de convivencia sectorial, local, regional y nacional, como en la definición de formas de participación política alternativas que reivindican aspectos populares e interculturales (Sandoval & Silva, 2016; Silva & Cortés-Millán, 2019; Silva & Euzébios Filho, 2021; Silva, 2023).
Para esta comprensión se incorporan algunos referentes contextuales respecto a la movilización social en Colombia y a sus disputas, haciendo énfasis principalmente en la acción colectiva reciente, gestada en el marco del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como aquellos soportes conceptuales y categoriales que le dan sentido al mismo y lo explican, como la movilización social, la conciencia y la participación política. Todo esto posibilita confirmar la importancia de abrir nuevos campos de análisis para la psicología política colombiana, y establecer su contribución en un país con más de sesenta años de conflicto armado y de violencia política estructural.
2. PSICOLOGÍA EN CLAVE DE PAZ
Poner en contexto a la psicología no significa circunscribirla a un escenario de atención instrumental, el cual parece responder más a protocolos formales y a exigencias propias del mercado que a las propias sensibilidades, narraciones y necesidades sentidas por las comunidades (Silva & Cortés-Millán, 2019; Coelho, 2016; Cortés-Millan et al., 2025). Por el contrario, ponerla en contexto hace parte de un deber ser político, que le posibilita integrarse y situarse en interlocución directa con las particularidades propias de un contexto exigente y dinámico. Por esta razón, la psicología en Colombia, así como las demás ciencias sociales y humanas, se encuentra en un momento determinante y, si se quiere, histórico para su responsable resignificación conceptual, epistemológica y metodológica.
Las implicaciones de esta facultad de resignificarse son múltiples y tensionantes, precisamente porque confrontan los papeles y los desafíos de los "científicos de la sociedad", galardón que parece no decir mucho a las comunidades que son protagonistas de la violencia, del despojo, del desplazamiento y la desaparición forzada. Sin embargo, dicha facultad puede constituirse también en una oportunidad para replantear los sentidos de comprensión de los fenómenos sociales y las acciones asociadas a la transformación para la dignificación de las comunidades históricamente invisibilizadas por el mercado y por la guerra (Betancourt, 2018; Muñoz-Onofre, 2015; Silva, 2024).
Hablar de paz en Colombia significa, entonces, asumir de manera responsable una postura deliberadora y activa, que dé lugar a la pluralidad y a la diferencia como elementos constitutivos para la comprensión del país. Así, hablar de sociedad civil, de comunidades en resistencia, de organizaciones sociales o de movimientos, resulta determinante para el análisis de la coyuntura nacional, y de las apuestas por la concertación, la negociación y la superación del conflicto armado. Vale aclarar que la postura de los movimientos sociales en general ha sido la de acompañar la resolución concertada del conflicto armado, insistiendo particularmente en la tesis de la paz con justicia social, y dando cuenta de su relación directa con el conflicto y su conocimiento histórico de los aspectos asociados a la guerra (Levalle, 2021; Ansara & Dantas, 2015; Gillan, 2020; Porta, 2025).
En esta perspectiva, y atendiendo al acontecimiento sociopolítico nacional, es la psicología Política, como campo interdisciplinario (Silva & Corrêa, 2015; Silva & Furlan, 2025; Silva 2023), la que advierte que el movimiento se concibe como sujeto legítimo en la construcción de nuevos panoramas de convivencia plural, y resalta su apuesta por la dignificación, la justicia social y el buen vivir, desde la conciencia política de los pueblos (Martín-Baró, 1998), como categoría sustantiva de las nuevas subjetividades emergentes en el país. Cabe mencionar que la conciencia política es entendida como un conjunto de elementos psicosociológicos interdependientes de las dinámicas de los movimientos sociales, en donde confluyen diversos significados e interacciones para la toma de decisiones individuales y colectivas, lo que permite de manera multidimensional poner en diálogo asuntos como la identidad colectiva, los sentimientos de injusticia, las creencias y los valores, la eficacia, la voluntad y las metas de acción colectiva, que conducen a la participación política (Sandoval, 2015; Sandoval & Silva, 2016). Estos elementos multidimensionales de la participación política, en el caso colombiano, vinculan la intencionalidad de los movimientos con elementos concretos del acuerdo y al mismo tiempo con los propósitos de la psicología política colombiana (Díaz & Bravo, 2019).
De esta forma, el movimiento social colombiano, representado en acciones colectivas, populares y comunitarias de distintos órdenes, y sirviéndose de un caudal histórico de resistencias conscientes, asume apuestas para la paz desde los territorios con un énfasis en la justicia social; todo esto en un marco de acuerdos entre la pluralidad para la construcción de vida digna y de democracia para la vida que, desde la integración entre campo y ciudad, vienen repensando la paz como un derecho nacional fundamental. Dicho asunto se convierte entonces no solo en un proceso de obligatorio acercamiento y estudio, sino también en un referente directo para repensar incluso la organización, la movilización y la militancia de la psicología, que en momentos tan trascendentales para la vida nacional se siente distante y desarticulada.
3. CONTEXTO DE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN COLOMBIA
Para la comprensión de los movimientos sociales en la construcción de procesos de convivencia y paz en la actualidad, resulta indispensable reconocer el recorrido de la movilización social en Colombia para la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades populares, campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Puede establecerse que las acciones con sentido colectivo tienen su origen en la primera mitad del siglo XIX, con las protestas campesinas del valle del Cauca entre 1819 y 1830, con la participación de las guerrillas afrodescendientes del Patía en la guerra de los supremos entre 1839 y 1841, y con los efectos propios de las guerras del siglo XIX entre liberales y conservadores, pacifistas y guerreristas, como los casos de Peralonso, Humareda y Palonegro. Posteriormente, y como respuesta a la exclusión expuesta en la Constitución de 1886 y en el marco de la guerra de los mil días, se levantaron los movimientos populares y de artesanos, entre 1899 y 1902.
En el siglo XX aparecen distintos conflictos sociopolíticos rurales que dan lugar a la movilización y a la organización campesina, como la Masacre de las Bananeras en 1928 en el departamento del Magdalena, los desplazamientos y la violencia contra campesinos en Viotá 1947, y los desalojos masivos de tierra en Tolima, Córdoba, Magdalena Medio, Llanos Orientales y Cundinamarca en los años cincuenta (Roa, 2009). Estas expresiones de movilización fueron animadas por organizaciones campesinas y sindicatos agrarios como el Partido Socialista Revolucionario, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, la Confederación Obrera Nacional, las Unidades de Acción Rural, la Federación Campesina e Indígena, y las Disidencias Gaitanistas, que también se apropiaron de ellas. Estas resistencias colectivas reivindican las luchas por la tierra y por el mejoramiento de las condiciones laborales de los campesinos e indígenas, lo que llevó al campesinado a ser reconocido ante el Estado como actor social en 1936, por medio de la Ley 200; lo paradójico del asunto es que dicho reconocimiento se encauzó principalmente hacia la formalización del campesinado en la estrategia modernizadora capitalista de mediados del siglo XX (Tahir, 2008; Galafassi, 2018; Maldonado-Torres, 2017).
En la década de 1940, y luego de la gran depresión y la caída de los precios internacionales del café, aparecen las movilizaciones lideradas por las ligas campesinas, que denuncian el desempleo y la pauperización de las condiciones de vida de las comunidades, las cuales en su momento no superaban el 3% del ingreso per cápita nacional (Ocampo, 2010). Posteriormente, desde 1958 hasta 1974, en tiempos del Frente Nacional, aparecen movimientos populares y cívicos como la Asociación de Usuarios Campesinos, las Unidades de Acción Rural y la Federación Campesina e Indígena, que comienzan, a partir de acciones rurales y urbanas, a resistir la burocratización de las élites y el modelo económico. Es en este período de movilizaciones y experiencias colectivas populares cuando se hacen explícitas tanto las necesidades de visibilizar las tensiones relacionadas con asuntos económicos, políticos y culturales, como las emergencias de nuevas y variadas formas de socialización, que, en último término, confirman la necesidad de pensar el Estado colombiano con perspectiva incluyente.
Si bien con la Constitución de 1991 se contempla la pluralidad y se atiende la inclusión de las minorías históricas, la continuidad de políticas de acumulación de capital y de privatización activa tensiones y reproduce nuevas formas de resistencia desde organizaciones populares, campesinas, indígenas, LGBTI, estudiantiles, de trabajadores y de ciudadanos indignados, con lo cual se da paso a la promoción de las diferencias étnicas y de género, así como también a la búsqueda de escenarios de convivencia y de paz (Archila, 2001). Entre 1991 y 1994 se realizaron 27 paros cívicos con participación campesina, 82 movilizaciones y 43 tomas de entidades (Thahir, 2008), muchos de ellos como respuesta a la violencia que acompañó las prácticas de despojo de tierras, que sumaban en 1997 cerca de cuatro millones de hectáreas. Según la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), para 2006, de los 15.5 millones de campesinos que existían hasta 1990, al menos 5 millones fueron desplazados de sus territorios y de sus prácticas campesinas por la violencia, generándose un fenómeno que suma más de 1.7 millones de hectáreas claramente abandonadas (Thahir, 2008).
Actualmente, en Colombia hay una diversidad de expresiones populares, de base comunitaria y de acción política ciudadana, que interpretan las acciones del modelo económico del Estado y de sus instituciones como contraproducentes para los principios civiles que integran valores fundamentales como la tierra, el trabajo, la diferencia, la justicia, la educación y la salud. Asimismo, desde su ejercicio organizativo y militante, dichas expresiones participan en el espectro político desde concepciones alternativas y vinculantes, como es el caso del Congreso de los Pueblos, Dignidad Campesina, Marcha Patriótica y Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Dichas manifestaciones constituyen prácticas de convocatoria, movilización y construcción de sentidos políticos, fuera de los marcos establecidos, y resultan, además de críticas en su contenido, propositivas respecto a los distintos fenómenos sociopolíticos que acontecen actualmente en el país, como es el caso de la paz y sus procesos conexos.
Hoy el movimiento social colombiano establece, dentro de su marco constitutivo, la recuperación del carácter soberano y de constituyentes primarios de los pueblos originarios; la reflexión y acción permanente sobre la tierra y su soberanía; la promoción de una economía para la vida y de construcción de escenarios para el buen vivir; la recuperación de la expresión cultural desde la diversidad y la ética de lo común, y la denuncia permanente y sistemática de la vulneración de derechos humanos fundamentales, lo que posibilita pensar, para la actualidad, en la emergencia de nuevos sujetos de la política en Colombia.
Dentro de las plataformas políticas y de movilización social que se registran hoy Colombia, se encuentra todo un espectro amplio e ideológicamente diferencial que les da cabida a expresiones populares y de base, como es el caso de Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos. Este último es considerado como una expresión diferencial de movilización y denuncia, debido a su definido carácter intercultural y porque convoca de forma directa esfuerzos locales y regionales, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Coordinación Nacional Agraria (CNA), el Movimiento Nacional Afrocolombiano (PCN), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y la Red Te Juntas, entre otros. Actualmente, y en el marco del posacuerdo para la superación del conflicto armado colombiano, forman parte activa de escenarios políticos colectivos como la Mesa Social Para la Paz y Poder y Unidad Popular, así como también de la Asamblea de Movimientos sociales del ALBA.
Conviene entonces establecer que la movilización social colombiana se constituye a partir de muchas razones problémicas, que incluso sobrepasan las circunstancias sociopolíticas propias de la violencia política, y se instalan también en los asuntos propios de la dignificación de la vida y la justicia social. Para clarificar el contexto de la movilización y fundamentar su agenda en el marco de la superación del conflicto, es importante referir que el movimiento social, en ese amplio espectro, incluye principalmente comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Según datos censales de 2005, en Colombia se reportan aproximadamente 87 etnias indígenas, con un estimado de 1.378.884 personas, de las cuales 933.800 se encuentran distribuidas en 214 resguardos indígenas; 4.311.757 afrocolombianos; y cerca de 7.100.000 de campesinos, los cuales se encuentran distribuidos en 33 departamentos (DANE, 2005).
Según cifras de 2013 del DANE, 32.2% de la población colombiana es pobre, es decir, por lo menos 14.66 millones de personas, de las cuales 28% es población campesina. Además, se establece que la pobreza extrema es de 10.1%, es decir, un total aproximado de 4.59 millones de colombianos, de los cuales el 6.5% corresponde a población rural (DANE, 2005). La Unesco (2007), por su parte, expresa que el modelo económico adaptado en Colombia es responsable de la profundización de la brecha entre ricos y pobres. Eso es evidencia, en este sentido, de que la pobreza rural asociada a la variable de ingreso es de 79.7%, es decir, que la población rural no recibe lo suficiente para satisfacer mínimos vitales como la educación y la salud, y que las barreras geográficas, la inequidad en el acceso y las dificultades en la descentralización sanitaria territorial impactan sistemáticamente en las comunidades más pobres (Londoño, 2009).
Por último, aparece la tensión territorial, que en la expresión de violencia política colombiana es denominada como despojo y que ha ocasionado a lo largo del territorio nacional, durante más de sesenta años, el desplazamiento de comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, las más afectadas. En este sentido, bien puede confirmarse que no solo la comprensión de la tierra, sino también las diversas formas de apropiación y explotación de la misma, han dado lugar a procesos de resistencia y acción colectiva plural que definen al territorio como escenario de confrontación, pero también como escenario de promoción de la vida y de dignificación de las comunidades.
4. LA MOVILIZACIÓN SOCIAL COMO SENTIDO
Para comprender en principio el movimiento social, debe indicarse que este se concibe a partir de relaciones sociales alternativas que se construyen de manera diferente a las de la sociedad dominante, que privilegia las lógicas del mercado (Wallerstein, 2008). Con esto se reconoce a los movimientos sociales como procesos que difícilmente se distancian de las organizaciones sociales y colectivas, más si se considera la importancia de las mismas en la conformación de espacios alternativos de participación, distintos a los dispuestos desde la institucionalidad. Los movimientos sociales, además, hacen alusión a la convergencia de actores diversos, con valores, identidades y objetivos específicos que deciden vincularse a partir de formas de cooperación que trascienden incluso la protesta temporal. De aquí que se considere como factor distintivo para el movimiento social no solo su constitución ideológica o sus prácticas de corresponsabilidad o cogestión, sino además sus sentidos simbólicos y su permanencia en el tiempo, que los hace referentes y partes del espectro político, interlocutores visibles en la discusión cotidiana.
Si bien existen muchas perspectivas teóricas sobre los movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales, para esta reflexión se tendrán en consideración algunas que, por su sentido epistemológico, resultan más cercanas y pertinentes a la hora de pensar una agenda propositiva y crítica de paz y convivencia. Touraine (2006), por ejemplo, fundamenta los movimientos sociales como expresiones de conductas colectivas en tensión, que surgen como respuesta a sistemas concretos de dominación que no necesariamente provienen del Estado, sino de cualquier expresión adversaria, y que además tienen como fundamento, en un contexto histórico y cultural determinado, un tipo de sociedad. A esto se lo denominó el accionalismo sociocultural, el cual propone alternativas de transformación y no solamente la superación de una adversidad o unas circunstancias (Touraine, 2006).
Cabe indicar que lo anterior controvierte formalmente la idea evolucionista, construida por las tesis del pensamiento clásico, que respalda los valores de movilidad social desde un enfoque de vida privada, consumo y autoridad, e incorpora ideas como la totalidad en el movimiento, la identidad y la oposición. Es decir, que concebir un movimiento completo significa asumir la idea del rechazo o negación a la estructura normativa, a partir de sentimientos liberadores y revolucionarios. Ejemplo de esto son los movimientos culturales o los nuevos movimientos sociales, que parecen no combatir adversarios de clase, sino las formas convencionales de dominación, a partir de la conciencia colectiva; es decir, que las nuevas formas de producción, que al mismo tiempo generan nuevos conflictos y nuevas necesidades, son la razón primordial de la emergencia de nuevas demandas colectivas.
El movimiento social entonces supera esa idea estructural determinista, y se considera como un proceso de cambio radical en el que convergen diferentes identidades sociales que, por su carácter discursivo, median en esas relaciones de antagonismo de clase. Es importante señalar que es desde la construcción social de las identidades que se logra comprender tanto las diferentes intervenciones de los grupos dominantes respecto a los grupos subalternos, como los procesos de resistencia de los mismos, a partir de significados construidos sobre las condiciones propias de dominación (Laclau & Mouffe, 2015). Vale indicar que si bien esta perspectiva discursiva sobre el carácter identitario abre un marco de referencia diferenciador para la explicación del conflicto de clase, circunscrito al movimiento social, no debe restarse importancia al carácter identitario, que promueve también los bienes materiales como elemento fundamental para cualquier levantamiento.
Ahora bien, esta perspectiva simbólica y contextual expresa que el movimiento social posee un sentido relacional que define cualquier manifestación colectiva y, además, va acompañado de reflexividad y conciencia respecto a las posibilidades de impacto en un contexto político y social; es decir, cada contexto y sus particularidades exponen necesidades y restricciones que posibilitan o restringen la acción y sus alcances. Al mismo tiempo, cabe indicar que dicha reflexividad se enfoca también en la posibilidad de pensarse autorreferencialmente en términos de sus recursos y de sus capacidades prospectivas (Garavito & Cortés-Millán, 2023; Veroneze, 2015).
Dichas relaciones sociales, que emergen de la organización y del movimiento social, adoptan así un carácter comunitario que posibilita el fortalecimiento de la reciprocidad y la propiedad colectiva de los espacios comunes, en función de la gestión de sus necesidades más elementales. Por lo tanto, todo movimiento social se configura simbólicamente a partir de rupturas y cambios estructurales, lo que finalmente le permite ampliar sus espacios de expresión y sentido. Estos aspectos hacen posible establecer un rol especialmente propositivo para los movimientos sociales en función de sus apuestas democráticas, pues permiten la ampliación de una base participativa y la expresión organizada de la misma sociedad civil que, además de resistirse a la estructura misma del Estado, acentúa su sentido transformador y su apuesta por la constitución de nuevas formas de comprenderlo y enunciarlo (Archila, 2001).
Para finalizar, conviene decir que el enfoque construccionista expone además la importancia de los componentes histórico y cultural, como transversales en perspectivas culturalistas, al integrar categorías emocionales y de conocimiento. En este enfoque se consideran las realidades sociales como acontecimientos y procesos temporales que se hacen comprensibles por medio de narraciones. Es, entonces, desde la tesis culturalista que parecen emerger los denominados marcos de interpretación, como dispositivos de representación del interés colectivo, los cuales son producidos por la interacción social, en tanto expresan una estructura de expectativas que presupone una serie de mecanismos especiales para organizar y seleccionar acontecimientos relevantes y significativos (Delgado, 2007). Es por esto que comprender la acción colectiva y la movilización social, y sus configuraciones y alcances históricos, significa comprender las transformaciones de los Estados, de sus estructuras y de sus dinámicas mismas, que no solamente se ven reproducidas ante las crisis o ante los conflictos coyunturales (Torres, 2009).
5. ALGUNAS CONSIDERACIONES DESDE LA CONCIENCIA POLÍTICA
Tal y como se establece en uno de los apartados anteriores, los análisis multidimensionales de la conciencia política resultan muy pertinentes para la comprensión de la relación entre los movimientos sociales, la superación de la violencia y la construcción de escenarios de paz. La conciencia política, en este sentido, es entendida como un conjunto de elementos psicosociológicos interdependientes, en donde confluyen diversos significados e interacciones para la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas, y el involucramiento en la participación política para el cambio social (Sandoval, 2015; Sandoval & Silva, 2016; Silva et al., 2018). Es decir, que no es una simple expresión del mundo material, sino todo un proceso de atribución de significados realizado por el individuo o por el grupo respecto a su ambiente social y que sirve para orientar conductas en dicho contexto (Giddens, 1982). Se puede establecer, entonces, que la conciencia política resulta de un complejo proceso de aprendizaje contextual, transitivo e histórico, que implica el desarrollo de diversas formas de pensamiento y que trasciende la simple ideologización político-partidaria, en las diversas experiencias políticas de las personas y los grupos (Costa-Chicareli, 2016; Costa-Chicareli & Silva, 2017).
Así, la conciencia política corresponde a un universo simbólico construido por las experiencias relacionales, que surge en las crisis y rupturas de las rutinas y de la estabilidad de la vida cotidiana. Estas rutinas son naturalizadas por las estructuras de poder y las formas de dominación de los sistemas de mercado, los que promueven, a su vez, la fragmentación de la conciencia para inmovilizar a los individuos y las comunidades (Sandoval, 2015; Sandoval & Silva, 2016; Silva & Euzebios Filho, 2021).
Basado en Touraine, Sandoval (2015) establece que la conciencia está compuesta por tres dimensiones básicas: la identidad, entendida como la que comprende la identificación de clase; la oposición, que hace referencia a que se focaliza la relación de la propia clase con la dominante, y la totalidad, comprendida como la relación con la estructura societal. Pero para realizar un análisis detallado y riguroso de la conciencia política deben articularse, además de estas maneras, si se quiere, descriptivas, otras de carácter interpretativo, que den cuenta de las transformaciones de declive y emergencia de formas de pensamiento en el contexto (Silva & Euzebios Filho, 2021).
Es desde estas particularidades que se da paso al modelo de análisis de la conciencia política, como un soporte muy pertinente para la comprensión de las subjetividades enmarcadas en las prácticas y sentidos de la acción colectiva. A partir de este modelo, que integra varias dimensiones de forma interdependiente, se pueden analizar fácilmente las formas de participación y toma de decisiones de las personas, comunidades, organizaciones y movimientos, ya que convoca de forma explícita esa capacidad de significación respecto a las cosas y a los acontecimientos, es decir, las construcciones simbólicas que permiten la interpretación de la realidad. Este modelo permite representar la configuración de respuesta, diálogo y predisposición de los actores sociales en un contexto social determinado. Las dimensiones que se circunscriben en el modelo de análisis de la conciencia política son la identidad colectiva, las creencias y los valores, los intereses colectivos, la eficacia política, los sentimientos de justicia e injusticia, la voluntad de acogerse colectivamente y las metas de acción colectiva (Sandoval, 2015; Sandoval & Silva, 2016).
Por identidad colectiva se entiende, desde esta perspectiva, aquella forma donde se establece la identificación psicológica de intereses y sentimientos de solidaridad y pertenencia hacia colectividades en un determinado escenario político, con lo cual se genera un soporte y un incentivo para participar políticamente. Se destaca lo identitario como proceso que permite resaltar las diferencias y las interrelaciones entre actores políticos, ya sea dentro del mismo movimiento o con otros actores o instituciones (Sandoval, 2015). Las creencias y los valores, por su parte, hacen referencia a formas de representación que los individuos y grupos tienen respecto a la naturaleza, la estructura, las prácticas y las relaciones que se construyen y dan sentido a una sociedad determinada, y que soportan las nociones de ideología política de los mismos. Dichas creencias varían de acuerdo con los significados que las personas construyen sobre la estructura social y las instituciones, desde sus experiencias, y contribuyen de forma dinámica y constitutiva a la comprensión de la vida social (Sandoval, 2015).
Respecto a los intereses colectivos, Sandoval (2015) señala que estos hacen referencia a aquellos intereses simbólicos conformados por una colectividad que resultan de su propia consideración identitaria e incluso se disponen para la relación con adversarios antagónicos. Esta dimensión es indispensable para la comprensión del movimiento social, debido a que, sin la noción de adversario concreto o visible, difícilmente se pueden emprender expresiones colectivas que determinarán las posibilidades de eficacia del movimiento. Por esta razón se plantea la dimensión de eficacia política como aquella capacidad individual y colectiva para intervenir en una determinada situación política y potencialmente incidir en cambios sociales (Sandoval, 2015).
Vale indicar que la conciencia política, desde el modelo sugerido por Sandoval (2015), incorpora las relaciones de poder entre instituciones y actores sociales, en las que se pueden ver explicitadas particularmente aquellas que llevan consigo una pluralidad de cargas emocionales. A este respecto, el modelo presenta la dimensión de sentimientos de justicia e injusticia como aquella en la que circulan reciprocidades sociales entre actores, que van desde las obligaciones hasta las mismas recompensas, y que pone en perspectiva la lucha y la reivindicación a partir de un lugar discursivo de justicia o injusticia como manera de justificar sus acciones y demandas (Sandoval, 2015).
La dimensión de voluntad de acción colectiva se establece como predisposición del individuo para asumir y participar en una acción colectiva como una forma para reparar injusticias, y está constituida de múltiples informaciones significativas del movimiento y sus objetivos que fundamentan esa voluntad de afiliación o militancia. Finalmente, todas las dimensiones anteriores, articuladas, van a determinar las metas de acción colectiva que conducen a las formas de participación política (Sandoval, 2015; Sandoval & Silva, 2016; Oliveira et al., 2021; Dau et al., 2019).
6. ACUERDO DE PAZ COMO DERROTERO (DEL TEXTO AL CONTEXTO)
Si bien el proceso de paz firmado en 2016 con las FARC es complejo y de antecedentes múltiples, este abre hoy en el país nuevas configuraciones para la participación social y política de diversos actores, entre los que se encuentran las organizaciones y los movimientos sociales, que no solo se han expuesto en la construcción del documento final (Punto 2, "Participación política: apertura democrática para construir la paz"), sino también en la definición de estrategias para apoyar el proceso y hacerlo visible en las comunidades. A continuación se presentan apartados del acuerdo final en los que se incide de manera directa sobre las dinámicas y sentidos propios de la organización y la movilización social, para posteriormente presentar las propuestas y búsquedas concretas de los movimientos, respecto a su papel y a su corresponsabilidad en el proceso, todo esto bajo la mirada reflexiva de la participación política y la conciencia política.
6.1. A manera de introducción
El fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social --en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto-- y a fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y asegure que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política (Colombia, 2016).
Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, que es un objetivo de todos los acuerdos. Décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto.
Para romper esas barreras se requiere abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz (Colombia, 2016).
6.2. Respecto a la Reforma Rural Integral (hacia un nuevo campo colombiano)
Que la RRI concibe el territorio rural como un escenario sociohistórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades --hombres y mujeres-- desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural (Colombia, 2016).
6.3. Respecto al bienestar y el buen vivir
El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial, el enfoque de género y la diversidad étnica y cultural de las comunidades (Colombia, 2016).
6.4. Respecto a la planeación y al desarrollo territorial
La planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas se adelantarán con la activa participación de las comunidades --hombres y mujeres--, que es además garantía de transparencia unida a la rendición de cuentas, a la veeduría ciudadana y a la vigilancia especial de los organismos competentes.
El desarrollo de la economía campesina y familiar (cooperativa, mutual, comunal, microempresarial y asociativa solidaria) y de formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante el acceso integral a la tierra y a bienes y servicios productivos y sociales. Los PDET [Programas de Desarrollo con Foco Territorial] intervendrán con igual énfasis en los espacios interétnicos e interculturales para que avancen efectivamente hacia el desarrollo y la convivencia armónica (Colombia, 2016).
6.5. Respecto a la participación política y la apertura democrática para construir la paz
La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para forjar la paz.
La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todas las personas sin distinción y, por eso, es necesario concitar la participación y decisión de toda la sociedad colombiana en la construcción de tal propósito, que es derecho y deber de obligatorio cumplimiento, como base para encauzar a Colombia por el camino de la paz con justicia social y de la reconciliación, atendiendo el clamor de la población por la paz. Esto incluye el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, y el robustecimiento de los espacios de participación para que ese ejercicio de participación ciudadana tenga incidencia y sea efectivo, y para que vigorice y complemente la democracia (Colombia, 2016).
7. REPORTES, PROPÓSITOS Y ACCIONES DESDE EL MOVIMIENTO
Al interior del movimiento social colombiano, se hace respecto a la superación del conflicto y a la definición de estrategias para la dignificación de las comunidades y el establecimiento de nuevas formas de relación y convivencia. En el siguiente apartado aparecen algunas consideraciones de los movimientos y organizaciones vinculantes respecto a los cambios estructurales necesarios para la paz, y para la superación del conflicto y de la violencia en los territorios.
El Congreso de los Pueblos, movimiento social colombiano formado en 2010 por organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, junto con sindicatos, trabajadores, educadores y jóvenes, expone lo siguiente en sus marcos constitutivos y en sus múltiples acciones colectivas en el país.
Tierra, territorio y soberanía: para dar cuenta de la construcción territorial y regional que como comunidades realizamos a diario, en una apuesta de autonomía y autodeterminación (Congreso de los Pueblos, 2010).
Economía para la vida y contra la legislación del despojo: estamos enfrentando un modelo de producción en el cual el despojo y la desigualdad han sido la regla general. Proponemos dar cuenta de otra lógica económica posible, protagonizada por la gente en convivencia con la naturaleza (Congreso de los Pueblos, 2010).
Construyendo poder para el buen vivir: la política y las dinámicas del poder entendidos como proceso y como medio para liberar las potencialidades de la vida social y natural que permita recuperar su integralidad y su armonía (Congreso de los Pueblos 2010).
Cultura, diversidad y ética de lo común: dando cuenta de las múltiples maneras en las que construimos vida en común, pensándonos un país diverso (Congreso de los Pueblos 2010).
Vida, justicia y caminos para la paz: es imposible construir un país para todos y todas sin hacer una apuesta por la paz y la justicia. La esencia del conflicto la constituye el desequilibrio social y natural que el modelo dominante ha producido, por tal razón, nuestro marco para pensar su superación no es coyuntural ni parcial, parte del carácter de la vida misma y la dimensión de sus relaciones (Congreso de los Pueblos, 2010).
Violación de derechos y acuerdos incumplidos: en todos estos siglos de camino, los acuerdos que hemos hecho con los gobiernos han sido traicionados, tergiversados, rotos e irrespetados; de la misma forma, nuestros derechos han sido sistemáticamente violados y desconocidos. Como un ejercicio de memoria que fortalezca y fundamente nuestra lucha, tenemos que dar cuenta de esta historia, de la manera como se han desconocido nuestros intereses (Congreso de los Pueblos, 2010).
Integración de los pueblos y globalización de las luchas: Colombia no es nuestra frontera limitante. En América Latina y el mundo entero los pueblos vienen caminando otras visiones de mundo y de relacionamiento internacional posible que se corresponden con nuestras propias apuestas. Articularlas y proyectarlas en conjunto es nuestro reto (Congreso de los Pueblos, 2010).
Ya en el marco propositivo, y si se quiere alternativo, de organización y participación política, los movimientos sociales establecen agendas concretas que vinculan organizaciones urbanas y rurales, y partidos políticos, en la perspectiva de apoyar los Acuerdos de Paz de La Habana y de acompañar los diálogos con el ELN - Ejército de Liberación Nacional (Mesa Social por la Paz), pero principalmente de concebirse como opción de poder popular a partir de búsquedas complementarias de paz con cambios estructurales.
Así, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica y Polo Democrático Alternativo, entre muchos otros, formulan la organización PUP (Poder y Unidad Popular) como una iniciativa de deliberación y construcción desde la base de una agenda que incluye aspectos como los siguientes:
Soberanía nacional, unidad e integración con los pueblos de América Latina y el mundo: El movimiento pretende promover la integración latinoamericana, por medio del acercamiento y la construcción de vínculos entre las distintas organizaciones sociales y populares de la región. Existe en este sentido una clara línea ideológica con los distintos partidos de izquierda y progresistas y alternativos, para los cuales resulta indispensable la construcción y el mantenimiento de alianzas como el ALBA de los movimientos sociales y demás procesos de integración internacional con base en sectores populares.
La intención principal entonces es la de construir un bloque de países de América Latina que propendan por la ideación y el desarrollo de un nuevo orden mundial, basado en relaciones de respeto por los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades entendidas como plurales, bajo criterios de autodeterminación y solidaridad (Poder y Unidad Popular, 2013).
Estado y poder político: En este aspecto Poder y Unidad Popular propende por la construcción de un Estado soberano y pluralista, que garantice de manera directa el pleno goce de los denominados derechos fundamentales como la educación, la salud, la recreación, el ambiente sano, el empleo digno, el acceso a los servicios públicos, el acceso a vivienda digna y a la seguridad social. Para esto ser posible resulta necesaria una profunda transformación del régimen político y de las mismas ramas del poder público.
Paralelo a esto se fundamenta la idea de lo público como construida desde los sectores populares, los barrios, los resguardos y las juntas de acción comunal. Se busca entonces consolidar un gobierno alternativo que transforme en profundidad el Estado, para dar participación a los históricamente excluidos y construir con ellos poder popular desde las comunidades. El Estado impulsará, desde esta perspectiva, las políticas culturales que promocionen la diversidad, la identidad y la interculturalidad del pueblo colombiano, con al ánimo de defender las manifestaciones culturales propias (Poder y Unidad Popular, 2013).
Estado y economía: La idea del Estado y la economía está fundamentada en la construcción de una economía social soportada desde sentidos de sustentabilidad, solidaridad, autonomía, que posibilite la integración y participación de diferentes formas de producción, distribución y consumo, y asimismo la satisfacción de necesidades sociales sentidas y la redistribución de los ingresos y la riqueza. En este sentido se plantea un papel del Estado como quien regulará la economía y los mercados, para lo cual se hace necesario recuperar las empresas públicas, haciéndolas más eficientes y sostenibles económicamente (Poder y Unidad Popular, 2013).
Estado, paz y memoria histórica: Se formula una solución política al conflicto social y armado bajo el enfoque del cambio estructural, es decir que para la construcción de paz se hace necesario ampliar el proceso de empoderamiento popular por la exigibilidad de derechos a través de la movilización social. Se pretende, desde el movimiento, articular de forma efectiva las organizaciones populares, políticas y todos aquellos procesos democráticos alternativos con sentido popular, que redunden en el fortalecimiento de la base para el empoderamiento de una Paz con justicia social en todo el territorio nacional (Poder y Unidad Popular, 2013).
Buen vivir y bienestar: En este aspecto se pretende construir las condiciones generales de bienestar para los colombianos en todo el territorio, lo que significa total garantía para alcanzar la universalidad de derechos que servirán de soporte para una sociedad digna, justa y democrática. De acuerdo a esto se insiste en la importancia de restituir derechos de los trabajadores a través de una reforma laboral integral y un sistema de seguridad social que mejore sus condiciones de vida en todos sus aspectos. Por último se ratifica la salud con gratuidad, diversidad y universalidad, y la educación del bien común, como derechos fundamentales de las comunidades, exentas de toda relación mercantil y comercial, potenciando lo tradicional y lo colectivo como elementos dignificantes de lo vital (Poder y Unidad Popular, 2013).
A partir de lo anterior resulta claro que el clamor del movimiento se instala en una perspectiva transformadora, que incluye los asuntos propios de la paz y la superación del conflicto, pero enfatiza de manera explícita los cambios estructurales, que incluye un cambio en el modelo económico, en los asuntos públicos y en la manera en que se restituyen los derechos a las comunidades. En este sentido, el movimiento se asume propositivamente y plantea alternativas que, complementariamente, se ajustan a la circunstancia propia del acuerdo, sin desconocer los retos y paradojas de su implementación.
8. CONVERGENCIAS, SINCRONÍAS Y PARADOJAS: ALGUNOS APUNTES NADA FINALES
El análisis que a continuación se realiza corresponde principalmente a las expresiones propias del movimiento, plasmadas en sus mandatos, marcos estatutarios y acciones colectivas, no como un análisis de conciencia y participación de miilitantes, sino como la articulación de estas en las semejanzas, acuerdos, consistencias y divergencias establecidas desde el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, y las necesidades, acuerdos y estrategias surgidas desde el movimiento.
En principio resulta indispensable clarificar que el Acuerdo Final de Paz, firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, resulta de la articulación de esfuerzos bilaterales históricos para la terminación del conflicto armado en el país, que cumplió término final en 2016 en La Habana, Cuba, y se materializó en la firma simbólica en la ciudad de Cartagena, Colombia. Si bien el acuerdo abre un marco de posibilidad para el restablecimiento de condiciones de convivencia en escenarios rurales y urbanos, no significa la terminación estructural del conflicto, ni mucho menos la consecución de una paz estable y duradera, pero con el énfasis en la justicia social como eje transversal. La paz con justicia social es entonces, para el movimiento social en general, la única apuesta que potencialmente puede garantizar la estabilidad y la duración de la paz como proceso, precisamente porque con ella se conjugan las necesidades y las denuncias de las comunidades históricamente invisibilizadas.
La conciencia política que emerge desde el movimiento tiene dentro del proceso de paz varios elementos constitutivos interesantes que lo confirman como protagonista activo y determinante en la construcción de nuevas formas relacionales en el país. Para esta reflexión aparecen algunas dimensiones que, al conjugarlas, permiten comprender tanto la pertinencia del movimiento como cada una de las sincronías y distancias con lo acordado y con su implementación. Vale indicar que la conciencia emanada desde el movimiento, es decir, sus valores, sus expresiones identitarias, sus logros y sus claridades frente al responsable de la precarización histórica de las comunidades, parece ser parte del insumo recogido para el acuerdo. O sea, que lo discutido y acordado posteriormente se sirvió de las experiencias populares que los movimientos siempre reportaron sobre el conflicto y sus formas de resistencia.
Aparecen en las construcciones internas de los movimientos sociales componentes identitarios que parecen convertirse en soportes sensibles de su sentido organizativo, de su denuncia y de su propuesta instalada para la superación del conflicto. Claramente, el movimiento social y su carácter plural pero integrador reconocen en el territorio uno de sus componentes principales para el logro de la autodeterminación y la autonomía de las comunidades, las cuales, resultaron desplazadas y despojadas de manera sistemática a causa de la guerra y la formalización del modelo neoliberal en el campo. En este sentido, el acuerdo transversaliza la discusión sobre la tierra y le da posibilidad de resignificación en la denominada reforma rural integral, la que si bien potencia la idea de retorno a las comunidades expulsadas por la guerra, pierde sentido sin una política que visibilice y judicialice el fenómeno del paramilitarismo, cercano a la no restitución de tierras.
Otros elementos propios de la conciencia política del movimiento, que circulan entre asuntos identitarios y de valores y creencias, son los que hacen referencia a la construcción de poder para el buen vivir y al reconocimiento de lo cultural, lo diverso y lo común, los cuales, como elementos característicos de los movimientos sociales colombianos, se definen como sentidos transversales para las relaciones cotidianas de las comunidades y, al mismo tiempo, como apuestas para la comprensión de un país del posconflicto. El acuerdo parece recoger, en este sentido, dichas pretensiones en función de la satisfacción plena de las necesidades diversas del país, y del ejercicio pleno de los derechos que esto supone, desde una perspectiva de campo-ciudad que posibilite acuerdos y convergencias intersectoriales. Entonces, el buen vivir es una forma de comprender e integrar la dignificación de las comunidades diversas más allá de la interculturalidad, que solo reconoce la diferencia, y para ello es necesario desmontar el modelo económico liberal y construir economías para la vida y para el bienestar común.
Otro de los componentes de la conciencia política que resultan pertinentes para el análisis corresponde al sentido de eficacia, que para el caso del movimiento social puede resultar paradójico y tensionante. En principio, vale mencionar que las pretensiones del movimiento social en Colombia tienen lugar desde el siglo XIX, sin que se establezcan abiertamente unos efectos e impactos de la trascendencia y magnitud que hoy tiene el fin de la guerra y el acuerdo para la configuración de un nuevo escenario para la convivencia. Los movimientos consideran, en este sentido, que los argumentos para el acuerdo son también sus argumentos históricos, es decir, que el acuerdo los representa y los define como protagonistas en la formulación de iniciativas de base popular e intercultural para la superación del conflicto, pero paradójicamente los expone a las dinámicas de la violencia activa de sectores que se oponen a sus mandatos y sus logros populares.
Cabe mencionar, además, que el movimiento social en el posacuerdo reconoce su papel histórico en la defensa y promoción de la vida digna en los territorios; por lo tanto, asume la responsabilidad de articular las necesidades e iniciativas de las comunidades históricamente vulneradas e invisibles con lo acordado hoy entre el Estado y las FARC, y lo iniciado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así, su presencia activa en el proceso determina sus nuevas formas de participación política y la de las comunidades y organizaciones que representa, lo cual presupone agendas concretas para las regiones, tanto en la planificación territorial como en el afianzamiento de la denuncia organizada y el control político sobre lo acordado.
Las expresiones, agendas, posibilidades e iniciativas de acción colectiva, promovidas por los movimientos sociales en el marco del posacuerdo en Colombia, sugieren que se han establecido desde una perspectiva de participación política que no se agota con el simple acceso a la estructura y a la dinámica del sistema político convencional, sino que, por el contrario, debe incorporar múltiples maneras para la construcción de agendas territoriales y sectoriales. Así, lo acordado no solo ha sido convenido por las partes, sino que en su implementación deberá trascenderse la acción deliberativa y de resistencia, propia de los movimientos, hasta convertirla en acción propositiva y de control social y político, que garantice la estabilidad, la duración, la justicia social y la autodeterminación de los pueblos organizados.